Los paramilitares son grupos armados de derecha que crecieron en los años 80 para combatir a las guerrillas de izquierda en las zonas rurales de Colombia. Su rápida expansión, que incluyó a las ciudades, permitió que en 1997 se crearan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que aglutinó a los diferentes grupos paramilitares del país. A medida que fueron creciendo, los paramilitares dejaron de ser una fuerza defensiva y pasaron a ser un aparato paramilitar represivo y responsable de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, despojos de tierras, tráfico de drogas y apropiación de recursos públicos.
¿De qué se financian los paramilitares? De los aportes voluntarios de ganaderos, agricultores y empresarios. Luego, de las contribuciones obligatorias en sus zonas de influencia. Las asociaciones con las mafias de narcotraficantes donde operan para producir y exportar las drogas. También se han nutrido de extorsiones, secuestros y recursos públicos en municipios y departamentos. ¿Qué vínculos existe entre el gobierno y los paramilitares? Después de llegar al poder, en agosto 2002, el presidente Álvaro Uribe anunció su intención de hacer un proceso con las AUC. Un año después se inició una negociación formal con los paramilitares, a quienes el Congreso les dio estatus político.
Como los paramilitares son responsables de delitos de lesa humanidad que no se pueden indultar, el gobierno de Uribe promovió una ley conocida como de Justicia y Paz, que rebaja a cinco y ocho años las penas para sus responsables, algunos de los cuales ya habían sido condenados a más de 40 años de prisión. Entre los beneficiarios de esa ley están todos los jefes de las AUC, algunos de los cuales tienen órdenes de extradición por tráfico de drogas, las cuales están suspendidas.
El acuerdo con el gobierno contemplaba la reclusión de los jefes paramilitares en sitios especiales, no en cárceles. Sin embargo, a principios de diciembre de 2006 los 59 jefes que estaban recluidos desde agosto pasado en un centro vacacional fueron llevados a una prisión de máxima seguridad. El gobierno dice que tomó la decisión porque algunos de los jefes paramilitares habrían ordenado crímenes desde el otro sitio. El proceso entró en crisis y los paramilitares dijeron que se había roto. El gobierno dijo que ahora todo está en manos del sistema judicial y amenazó con extraditar a quienes se salgan del proceso. A medida que fueron creciendo los paramilitares adquirieron más poder político y se convirtieron en fuerzas decisivas en muchas regiones de Colombia. Así ejercen control sobre gobiernos locales y regionales, ganaron elecciones y tienen legisladores municipales, departamentales y nacionales. En 2002, uno de los principales líderes de las AUC, Salvatore Mancuso, dijo que los paramilitares controlaban más del 30% del Congreso de Colombia elegido ese año.
¿Cuándo se inició el escándalo de la parapolítica y a quiénes ha involucrado? Se inició en 2005 con los señalamientos en contra de Jorge Noguera, entonces jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) la policía secreta colombiana, que depende directamente del Presidente de la República. Contra Noguera que dejó su cargo y fue brevemente cónsul en Milán (Italia), actualmente hay en curso procesos penales en la Fiscalía y disciplinarios en la Procuraduría General. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia decidió investigar a diez congresistas de la coalición que apoya al presidente Álvaro Uribe. Tres de ellos están hoy tras las rejas. La suerte de los otros siete, entre ellos Álvaro Araujo, hermano de la Ministra de Relaciones Exteriores.
¿Qué ha dicho el gobierno del presidente Uribe? El presidente dice que respeta las decisiones del poder judicial y sostiene que las responsabilidades penales son individuales, no colectivas. ¿Qué relación han existido entre los paramilitares y las Fuerzas Militares? Las organizaciones de derechos humanos colombianas, siempre han cuestionado a las Fuerzas Militares por sus nexos con los paramilitares. Las denuncias se han dirigido sobre todo contra personal del Ejército y de la Armada Nacional. Desde finales de los años 60 el gobierno colombiano autorizó la creación de grupos de autodefensa campesina, bajo la supervisión de las Fuerzas Militares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por acción y omisión de las Fuerzas Militares en tres casos: una masacre de comerciantes en el Magdalena Medio, otra en Mapiripán (Meta) y otra en Pueblo Bello. En todas ellas participaron paramilitares. En 1983, el entonces Procurador General reveló que de las 163 personas sospechosas de pertenecer al grupo Muerte a Secuestradores (MAS) 59 eran militares. Ese grupo fue creado por narcotraficantes del Cartel de Medellín y se dedicó a perseguir y matar a supuestos secuestradores y dirigentes de izquierda. Después, por el crimen del senador comunista Manuel Cepeda, ocurrido en agosto de 1994, y atribuido a paramilitares, la justicia condenó a dos suboficiales del Ejército.
Qué tanto ha afectado estos escándalos al presidente Álvaro Uribe. La imagen de Uribe se ha deteriorado a nivel internacional, pero sigue teniendo altos niveles de aceptación en Colombia y quedo demostrado en el plebiscito realizado el domingo 2 de Octubre de 2016, donde ganó la guerra a la paz por miles de votos y una abstención del 60% del electorado. Con este brevísimo resumen de la historia política de la Republica de Colombia en los últimos cincuenta años de guerra fratricida, tienen ustedes, algunos elementos para saber porque el presidente Santos reunido con los expresidente Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han decidido suspender el acto al fuego logrado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC-EP juntos las Naciones Unidas, durante cuatro años de conversaciones en la Habana, Cuba el 31 de Octubre de 2016. Esta guerra absurda en Colombia continúa oficialmente nuevamente el 1 de noviembre 2016. Solo les interesa a los gobiernos de las derechas latinoamericanas y al gobierno de los Estados Unidos y van en contra de los pueblos latinoamericanos.
