En Cataluña, solo sufragaron quienes querían la independencia y, se abrieron los centros educativos para tal fin y, el gobierno de España trató de frenar el referéndum por medios judiciales, pero, los tramposos quisieron que lo irreal se convirtiera en real. Así la Generalidad de Cataluña quiso saltarse la Constitución. La verdad de las cosas es que no hubo represión generalizada y, la mayoría de los catalanes no salieron a votar y llevaron la vida pacífica de todos los domingos. El lunes hubo una manifestación que no se veía muy espontánea y, el martes un intento de huelga general que fracasó porque mucha gente está harta del independentismo y su costo.
Los países más importantes del mundo han dicho que no reconocerían una Cataluña independiente surgida de un proceso ilegal y la Unión Europea ha confirmado, por medio de todas sus instituciones, que no reconocerían a Cataluña y, por lo tanto, una separación, la sacaría de la Unión Europea (UE). Pero estos datos duros son despreciados por el idealismo cegador de unos cuantos que aprovechan el resultado de años de adoctrinamiento.
El Estado español dio un plazo, para recular sobre la independencia y Puigdemont no ha querido tomar las salidas propuestas. ¿Por qué? Porque tiene más miedo a los de dentro que a los de fuera. Prefiere un papel de independentista tembloroso que un rajón, aunque el haber decretado una suspensión sobre la independencia ya lo ha dejado mal con los radicales.
España tendrá que aplicar el artículo 155 y tendrá que poner orden legal en Cataluña, sin embargo, el problema político persiste. Es aquí donde se requieren soluciones de largo plazo. Quizá un referéndum acordado, negociado y organizado (que puede requerir una reforma Constitucional) sea la salida de largo plazo. Podría ser la oportunidad para que la mayoría de catalanes expresen su desprecio por una aventura demencial que los llevará a perder cerca de diez mil millones de euros como costo económico de este evento. Para ello, España podrá explicar todo lo que se sabe respecto a lo que Cataluña puede perder y podrá contestar a esa mentira de que España les roba. Pero tiene que pasar tiempo para ello, tiene que prohibirse el adoctrinamiento y tiene que garantizarse que la gente vote con la cabeza y no con el estómago. Esto ha funcionado en Quebec y en Escocia.
¿Por qué algunos en una región que nunca había vivido tan bien, que nunca había gozado de tanta autonomía, se quieren ir?, ¿qué no todos los países tienen regiones más ricas que aportan más para las más pobres?, ¿cuándo frena el argumento de que doy más de lo que recibo?, ¿puede haber una república de Paseo de Gracia o Manhattan bajo esa lógica? Se parece mucho a por qué los trabajadores británicos de empresas dedicadas a exportar productos a la UE votaron por el Brexit y a los estados exportadores de grano a México votaron por Trump. Vivir mejor, sin ser conscientes de ello, ha resultado muy peligroso, los propios gobiernos son responsables de ello. A partir del restablecimiento de la democracia española y de la Constitución de 1978, que fue ampliamente votada por los españoles y en especial por los catalanes, Cataluña ha tenido un estatuto que le permite una autonomía sin precedentes. Tanto en el País Vasco como en Cataluña, se organizaron partidos políticos regionales que han usado la identidad cultural de la región como un arma política contra el centro político de España.
Así, en 1980 toma el cargo de presidente de la Generalidad de Cataluña, un personaje clave en la democracia española: Jordi Pujol. fue un político habilísimo que fue necesario muchas veces para la formación del gobierno central y aprovechó cada ocasión para negociar algo y obtener mayores privilegios para Cataluña.
Dentro de esas negociaciones y concesiones regionales hay una fundamental para entender lo que pasa hoy. La educación en Cataluña es competencia regional y es aquí donde se ha iniciado una campaña de virtual adoctrinamiento sobre Cataluña como un país independiente y sometido por España. Se modificó la historia para educar sobre reinos inexistentes (el reino catalán aragonés), sobre el eterno estoicismo de los catalanes por mantener su cultura, por exacerbar que catalanes son distintos (¿mejores?) al resto de los españoles e incluso los franceses. Eso acompañado de una campaña política que vende la idea de que Cataluña aporta más dinero a España de lo que recibe y que derivó en una frase muy usada de que España nos roba. Hay que decir que el gobierno español durante estos años ha permitido todo lo anterior, pensando que no tendría mayor impacto y que no habría acciones como las que vemos ahora.
Las cortes catalanas trabajaron a principios de este siglo para reformar el Estatuto catalán y en 2006 fue votado y refrendado por los catalanes. José Luis Rodríguez Zapatero, que requería del apoyo catalán para llegar a la presidencia del gobierno, prometió apoyar el estatuto sin condiciones. El Estatuto, aunque fue votado por la mayoría tenía vicios de constitucionalidad serios y el Tribunal Constitucional de España lo modificó quedando muy cercano al Estatuto vigente. Aquí se inicia un nuevo periodo de rispidez política que llega a nuestros días.
Artur Mas, hombre de confianza de Pujol, llega al poder e inicia una serie de acciones que llevan a una parte de Cataluña hacia la idea de que la independencia es viable basado en una serie de falsedades y vendiendo una noción tramposa de que la independencia es cuestión de bajar una bandera e izar otra y listo.
Es por ese adoctrinamiento activo y por la pasividad del centro español ante este hecho que hoy la gente en Cataluña habla con fe ciega, sobre el sometimiento en el que viven. Hay mucha gente pensante y analítica que pierde la frialdad del pensamiento con este tema y discute desde el sentimiento y la pasión sin detenerse a hacerse preguntas racionales, respecto a la certidumbre de la historia o la viabilidad de un proyecto suicida como en el que están metidos. Hay varios ejemplos de esto, he leído textos donde la gente describe el sometimiento de Cataluña, como si hubiesen vivido en un campo de concentración. Para no ir más lejos, ante la estampida de empresas que salen de Cataluña como efecto de la potencial y demencial declaración de independencia, el señor Oriol Junqueras dice que las empresas volverán y ya. No se requiere más explicación.
España es un país democrático con una estructura institucional muy sólida. Los independentistas catalanes han sido capaces de usar los caminos constitucionales para obtener las ventajas que tienen y ahora no se les ha ocurrido otra cosa que violar los preceptos constitucionales de España para obtener la independencia. Carles Puigdemont, actual presidente de la Generalidad, gracias a un acuerdo kafkiano entre anarquistas, izquierda y derecha independentista, promovió leyes declaradas inconstitucionales y forzó un referéndum el 1 de octubre que no es reconocido por nadie serio en este mundo, por ser ilegal, por la baja participación y por las pocas garantías que ofreció al organizarse.
El conflicto de Cataluña con España, que alcanzó niveles extremos con el sui géneris referéndum del 1 de octubre, y la unilateral declaración de independencia, un par de días después, formulada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
que al final de su discurso independentista, reviró, sin el menor empacho, diciendo que "siempre no", han motivado que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aplique el artículo 155 de la Constitución española, que contempla la toma de control de tareas clave del gobierno catalán, en lo económico, político y social, que pudieran fortalecer la causa separatista encabezada por los Nacionalistas de viejo cuño.
La aplicación del artículo 155, considerada por muchos como una medida drástica dado que prácticamente requisa el poder económico y político a los catalanes, ha sido la única opción que ha tenido ese gobierno para restituir la legalidad en la importante región de la geografía española, tras los reiterados llamados al diálogo, a la negociación y a la construcción de acuerdos, formulados por la Moncloa y desoídos por los nacionalistas de Cataluña.
Asimismo, cabe señalar que la ambición independentista de Cataluña no es un tema nuevo; la vertiente separatista bajo distintas formas y coyunturas se remonta a los días de la integración del reino español, siempre con pobres resultados y muy corta duración; evidencia de que el deseo de separarse de la nación española no ha sido, como aseguran los nacionalistas, el sentir de las mayorías catalanas.
Un importante aspecto que cabe destacar en este conflicto es la salida masiva de significativas empresas trasnacionales y españolas asentadas en Barcelona, que no han querido correr riesgos ante la inestabilidad del acontecer político catalán. En una auténtica estampida, que ha dejado sin trabajo de un día para otro a miles de trabajadores, se estima que más de mil quinientas empresas, bancos, constructoras, empresas editoriales, textiles, etcétera, han movido sus oficinas de la geografía catalana.
Este hecho ha logrado que pongan los pies en la tierra cientos de miles de familias, que no quieren arriesgar su fuente de ingresos por las ocurrencias de un puñado de extremistas, que cobran del erario y no están corriendo riesgos como la gran mayoría de los catalanes.
Varios países tienen el balón en su cancha. ¿Qué que llegan huyendo de sus países? ¿Se respetará el espíritu de la Ley de Migración? Va a caer Maduro ¿, pero la pesadilla no va a desaparecer.
Otro punto que es oportuno señalar es que la secesión de Cataluña no sería reconocida por ninguno de los países miembros de la Unión Europea, que dan su total respaldo al gobierno de España. De la misma forma, la gran mayoría de los países del mundo, como México, no reconoce, ni lo hará, decisiones unilaterales que laceren la integridad política, económica, social y geográfica de un país tan cercano al nuestro como lo es España.
Más allá del discurso público que expresen los nacionalistas, la actitud que han mostrado en los últimos días es de desaliento, tras advertir que no podrán salirse con la suya sin pagar las consecuencias, que han sido drásticas dado que su desacato a la legalidad constitucional de España ha sido de gran calado.
El tema de discordia en el conflicto que ya se advierte, es la fecha de celebración de las próximas elecciones catalanas, con las que esta región recuperaría su plena autonomía tras el fallido referéndum "a modo" de los nacionalistas. Mientras que los catalanes las demandan para el próximo enero, el gobierno de Madrid estima que no podrán ser antes de seis meses, cuando Cataluña haya recobrado la normalidad mínima. En ello coinciden los diversos partidos que se han sumado al gobierno de Rajoy en defensa de la Constitución española.
No ha funcionado la treta del grupo nacionalista que se había enquistado en la Generalitat, encabezado por Artur Mas, expresidente de la Generalitat y real instigador y estratega de todo lo ocurrido, ya que el joven presidente Carles Puigdemont es considerado por muchos, como un mero operador.
Este grupo minoritario ha manipulado a la ciudadanía, excediéndose en sus atribuciones, pero las consecuencias las pagarán todos los catalanes
