La política es asquerosa, y especialmente repulsivo el modo de ejercerla los políticos españoles que han estado gobernando a lo largo de estos cuarenta años. Un partido arrastrando las heces del franquismo con la cohorte del desvalijamiento de las arcas públicas desde que empezó a recibir el Estado central los fondos de cohesión europeos, hasta los desfalcos de la banca y los gastos de ciertas Comunidades Autónomas, muchos de ellos innecesarios, con las consiguientes trampas y sobredimensión de presupuestos y comisiones hasta casi antes de ayer. Y el otro partido, tolerando el statu quo marcado por el primero y abandonando paulatinamente los postulados que le llevaron al poder, allá por el año 82, en los primeros compases del nuevo régimen político una vez desaparecido el dictador. Un régimen cuya naturaleza democrática se basa en bajar la cerviz ante una Constitución viciada de consentimiento por las condiciones en que fue aprobada por el pueblo español, y pare usted de contar. Y digo viciada, porque de los redactores de la misma ninguno era de extracción popular, los siete habían tenido relevancia en la dictadura, empezando por el albacea testamentario, Fraga Iribarne, multiministro del dictador; porque la monarquía preparada por éste fue deslizada en el paquete, y porque el ejército de entonces era más franquista que Franco y apuntaba de manera no por metafórica menos impactante, a la nuca del ciudadano que la aprobó.

Conocemos, pues, muy bien a los dos partidos que han desempeñado, por ley no escrita, un régimen de bipartadismo virtual similar al británico o el estadounidense para administrar el Estado Central. Recordamos también las expectativas del Estado Federal ofrecidas por el otro partido que ahora ostenta la mayoría en el Congreso; expectativas que se fueron difuminando poco a poco a lo largo de las legislaturas, hasta hacer patente en estos momentos que hace mucho renunció a ese tipo de Estado. No conocemos, pues, a los otros partidos que todavía no han gobernado, pero sí, por lo dicho, a los del bipartidismo y el penoso papel que ambos han jugado a lo largo de estas cuatro décadas situar a España muy lejos del nivel de las democracias europeas y muy por debajo de la altura de los tiempos que vivimos. Y ambos, desde el punto de vista sociológico, han puesto de manifiesto hasta qué punto la idiosincrasia o talante de los pueblos es difícilmente modificable como no sea por el paso de muchísimo tiempo. Pícaros y tramposos conviviendo con ingenuos, crédulos y pazguatos es una estampa estereotipada que da la medida de las condiciones en que hemos vivido una democracia en la que, ni ha habido separación fiable de los poderes del Estado, ni se han hecho efectivas las pomposas proclamas sobre los derechos y libertades ciudadanas contenidos en la Constitución de la que ahora salen en su defensa numantina defensores que tantos años defendieron, por el contrario, su reforma a fondo.

En efecto. Los Iceta y compañía cierran filas en torno a tan discutida Constitución que mantiene en larguísima prisión preventiva a siete políticos catalanes que continuaron la solicitud reiterada de un referéndum previsto en esa misma Constitución. En un momento dado, el Estado central y su gobierno conchavado con el Tribunal Constitucional, primero cepilló el Estatut aprobado por el parlamento catalán. Luego los antecesores de estos siete desgraciados políticos catalanes y ellos mismos, pidieron al Estado el referéndum. Y no sólo se les dio la callada por respuesta, sino que el Estado envió a su polícía para arremeter contra la población catalana que fue a las urnas a votar el convocado por ellos, cuando hubiera bastado no reconocer los resultados y no considerarlo vinculante. Justo lo que ahora, si hay alguna posibilidad de diálogo entre el partido del gobierno y el gobierno catalán, es lo única salida a una situación invivible y torpe, y a la cancelación de la intervención del Estado en la Autonomía catalana y la aplicación del artículo 155 que con tanta fruición exigen los partidos extremistas, y ahora con tanto empeño amenaza también aquel partido que durante años "prometió" una forma de Estado que no fuese monolítica.

Lo tiene muy fácil. Pese a que no se diga, ni siquiera en mentideros de tejas abajo, el artículo 149 de la misma Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva de 32 materias. La 32.ª, justamente, es la "Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Si hay, por consiguiente autorización, no puede hablarse de que la autorización es inconstitucional, ni que se ofrezca por ello "romper" a España (a no ser que se mantenga la ideología franquista). La petición de los gobernantes catalanes viene siendo una constante. El silencio administrativo negativo también. Todo lo sucedido tiene que ver con la miserable forma de responder los dos partidos a esa petición, siendo así que el referéndum posible hubiese podido ser a nivel nacional, y el celebrado el 1 de octubre haberlo considerado el Estado invalidado, en lugar de cargar contra la celebración del mismo. Ahora, como digo, la única negociación posible entre el Estado, es decir, el gobierno central, sin vulnerar en absoluto un ápice de la Constitución, pasa por la autorización del gobierno, del Estado, para celebrar ese referéndum. Incluso condicionando a que tenga exclusivamente un valor simbólico y no vinculante. Y, aunque eso sería harina de otro costal, incluso ofreciéndoles en la negociación un referéndum de alcance nacional en el que voten todos los españoles. Esta es, a mi juicio, la única manera de desencallar un conflicto que del modo que se trata, necesitará por lo menos otro siglo entero…

La Constitución, siendo un cocinado a la carta pero aceptándola como mal menor, es además tan interpretable como cualquier ley positiva. El principio de contradicción jurídico está siempre vigente. Lo que significa que siempre caben al menos una tesis por un lado y una antítesis -anti-tesis- por el otro. Lo que creo es que ha llegado la hora de que Europa, la Comunidad Europea y los países de la Vieja Europa dejen de sentir bochorno por ese grado de intolerancia ancestral de los poderes públicos españoles y por tener como miembro a una nación sólo útil para servirles de taberna gigantesca y sólo hábil en la interpretación rígida de la norma, en la aplicación implacable de la ley, y, en definitiva, en el empleo de la fuerza bruta.