Esta semana la escena ha estado dominada por la huelga general vasca en defensa de las pensiones del pasado jueves 30 de enero y por las tractoradas y concentraciones de los agricultores. Movilizaciones estas últimas que pasarán por Madrid el próximo día 5 de febrero y acabarán el día 19 en Granada.
Fue la vasca una gran movilización social y de calle. Entre manifestaciones y acciones llegaron a reunirse unas 180 mil personas. Hubo concentraciones en un centenar de pueblos y 1.500 comités de empresa formalizaron su apoyo expreso a la convocatoria. El seguimiento en las empresas resultó muy desigual, no ajeno a la división de la convocatoria, ni a la realidad de precariedad y debilidad de la acción sindical que se vive en general en el interior de los centros de trabajo. En cualquier caso, la movilización es el único medio para garantizar pensiones dignas, suficientes y blindadas para todos.
Por su parte, los agricultores han logrado sacar a la calle a 35 mil personas en la España vaciada. Van a continuar y no es para menos. Las grandes cadenas de distribución y la industria de los abonos y semillas imponen su ley y aniquilan con su rapiña toda posibilidad de vida digna en el campo para la inmensa mayoría de quienes obtienen su sustento de él. El grueso de la propiedad lo conforman explotaciones pequeñas y medianas abocadas inexorablemente a la desaparición, salvo que exista una intervención política directa que lo impida. Frente a ello, la PAC comunitaria fomenta una agroindustria nada sostenible que empobrece al pequeño propietario, ataca la diversidad y extenúa el suelo.
Hoy un kilo de acelgas se paga al productor a 0,35€, mientras que en el supermercado se adquiere a 2,25€; la alcachofa pasa de 0,85€ a 4,63€; la patata, de 0,15€ a 1,20€; la naranja, de 0,23€ a 1,55€ y el plátano, de 0,53€ a 2,55€. Como puede observarse, quien se desloma sacando frutos de la tierra o alimentando ganado no es precisamente quien gana en el proceso. Son los Mercadona, Alcampo, Carrefour, Lidl, etc. quienes forjan su fortuna junto a los grandes tenedores de tierra.
El gobierno de coalición ha manifestado su compromiso con los 17 objetivos de desarrollo sostenible resumidos en la agenda 2030 de Naciones Unidas. En dichos objetivos, la alimentación, el combate contra la desigualdad y la defensa de los derechos se hallan claramente recogidos. Como siempre, la clave radica en la concreción. Y el terreno de esa concreción está ahora en los próximos presupuestos generales del Estado, que dominarán, junto con Catalunya, el conjunto del debate del curso político que ayer se inauguró. Lograr que los próximos presupuestos signifiquen pasos prácticos a favor de los agricultores, de la seguridad alimentaria, de las pensiones o el conjunto de derechos básicos exige, como bien saben y hacen notar los pensionistas y las gentes del campo, salir a la calle, movilizarse y exponer con claridad las mínimas exigencias independientemente de quien gobierne.
