Cuando parecía que el régimen chileno de Sebastián Piñera estaba al borde de la debacle tras grandes manifestaciones estudiantiles y obreras, la pandemia del nuevo coranovirus le trajo un inesperado alto de las revueltas callejeras lo que aprovechó al presidente para decretar nuevas medidas neoliberales a favor de las compañías y en detrimento del pueblo.

Las masivas protestas en el país sudamericano se iniciaron en octubre del pasado año cuando el gobierno exacerbó las penurias de la mayoría de la población desfavorecida al imponer un aumento del 30 % en el precio del transporte.

Miles de jóvenes, estudiantes, obreros y clase media, a los que no les alcanza el dinero para sufragar la canasta básica familiar y los servicios privatizados de agua, electricidad, alcantarillado, educación y atención médica, salieron a las calles a rechazar la medida.

Al estilo de la dictadura de Pinochet, el presidente ordenó reprimir las manifestaciones pacíficas que se extendieron por todo el territorio con saldo 45 jóvenes asesinados, centenares de heridos, miles de detenidos que sufrieron vejaciones y violaciones en las cárceles del régimen.

Los carabineros, además de lanzar gases lacrimógenos, dispararon sin escrúpulo sus escopetas de perdigones contra mujeres y hombres jóvenes por lo que 545 perdieron la visión de uno o de sus dos ojos.

La población chilena esta hastiada de la privatización de los servicios básicos pues la mayoría tiene que endeudarse para poder acceder a la atención médica, educación, vivienda, agua, electricidad, servicio de alcantarillado.

Tras la proliferación del coronavirus en Chile (más de 11 500 contagiados y alrededor de 230 muertos) fue decretada una cuarentena obligatoria y el toque de queda por lo cual han cesado momentáneamente las manifestaciones.

Esta situación fue aprovechada por Piñera para promulgar un decreto bajo la ley de Protección del Trabajo, promulgada en 1996, que deja en total desprotección a los empleados, pues establece que los patronos están exentos de pagar los trabajos de sus empleados y a su vez, estos no tienen el deber de asistir a sus puestos de trabajo.

El anunció hecho por el presidente, estipula que el empleador solo pagará 50 % de las cotizaciones laborales durante la suspensión del vínculo. Antes de estas indicaciones, el dueño tenía que abonar la totalidad de las cotizaciones del trabajador.

Piñera informó que quienes no pueden desempeñarse van a recibir el 70 % de su remuneración durante el primer mes y el monto irá reduciéndose gradualmente en los 10 meses siguientes. Los empleadores podrán negociar con sus subordinados reducir en un 50 % la jornada laboral y en ese caso los salarios se reducirán de modo proporcional.

El informe publicado por el Congreso precisa que para sostener la relación laboral, la nueva ley estipula que durante el estado de contingencia no será obligatorio que los trabajadores presten servicio ni tampoco que los empleadores paguen sus respectivos trabajos.

El dictamen generó numerosas declaraciones de condena en las redes sociales las cuales referían que el Departamento de Trabajo, por instrucciones de Piñera, dejaba sin remuneración ni protección a los empleados en las difíciles circunstancias que vive el país.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) emitió un comunicado y su secretario general Nolberto Díaz, significó: "lo que se está patrocinando es una carnicería de trabajadores precarios que perderán sus empleos y sin dinero en los bolsillos van a padecer una pandemia para lo cual todos debíamos estar preparados".

En la nación sudamericana, el Producto Interno Bruto se concentra desde hace años en manos de unos pocos: el 1 % de la población acumula el 33 % de la riqueza generada, mientras que el 50 % de los hogares de menores ingresos solo el 2,1 %.

Como era de esperar, varias compañías aplicaron de inmediato el dictamen como la Cadena MicroPlay de tiendas especializadas en juegos y accesorios la cual notificó a sus trabajadores que tras el cierre de sus locales por la pandemia, a partir del 25 de marzo, suspenderá el pago a sus empleados.

La empresa inmobiliaria Moller Pérez Cotapos indicó que al suspender sus obligaciones laborales también concluyen sus derechos y obligaciones de contratos de trabajo lo que afectará las remuneraciones.

La drástica decisión de la compañía, amparada por el dictamen del gobierno motivó que la Fundación Sol declarara que la Moller Pérez Cotapos sumó utilidades por 20 000 millones de dólares en los últimos dos años y que la crisis sanitaria la están pagando los trabajadores.

El presidente Sebastián Piñera, quien acumula una fabulosa fortuna estimada en 2 800 millones de dólares, sigue apostando a imponer severas recetas neoliberales porque le importa más salvaguardar a las compañías y sus dueños que a la mayoría de los chilenos. Innegablemente que sus dos años al frente de la nación austral han sido funestos para el pueblo.