Que caro le ha salido al pueblo ecuatoriano haber elegido a Lenin Moreno, quien bajo el disfraz de ser un fiel miembro de la Alianza País y que trabajaría por el bienestar de su pueblo como lo había hecho su antecesor, Rafael Correa, de la noche a la mañana cambió completamente el rumbo.

La mayoría coincide en que si hubiera sido para bien, no importaba redirigir la línea económica-política anterior, pero la situación cada día es más engorrosa para muchos ecuatorianos después de cumplirse tres años de su presidencia.

En octubre de 2019 ocurrieron en el país multitudinarias protestas debido a que Moreno anunció drásticas medidas económicas y un paquete de reformas acorde a las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el cual había firmado en marzo de ese año un empréstito por 4 200 millones de dólares.

Los ajustes consistían en eliminar subsidios a los combustibles, bajar beneficios a los trabajadores, reducción del 20 % de los contratos ocasionales, recorte de vacaciones de sector público, con los que el régimen esperaba ahorrar 1 400 millones de dólares.

Ante las masivas protestas, Moreno decretó el estado de excepción nacional y trasladó la sede del gobierno a Guayaquil, pero al final tuvo de derogar el Decreto Ejecutivo 883 causantes del malestar social.

El saldo final por la represión fue de 11 ciudadanos muertos, 1 240 heridos (11 perdieron la visión de un ojo) y 1 192 fueron detenidos.

Las tenazas del FMI se han aferrado a Ecuador desde la firma del acuerdo que exige una reforma fiscal, la flexibilización laboral, la disminución del aparato estatal y el retiro del subsidio a los combustibles.

A la par de las ataduras con el FMI, las relaciones con el gobierno de Estados Unidos se incrementaban en grado superlativo. A principios de 2019, visitaban Quito, Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale, viceministro para Asuntos Políticos, y Mike Pence, vicepresidente del país.

Se siguió en julio de ese año el secretario de Estado, Mike Pompeo, y todo se coronó con la visita de Lenin Moreno a Washington en febrero de este año donde fue recibido con todos los honores por el presidente Donald Trump.

Durante su estadía en la Casa Blanca se acordó incluir a Ecuador en la iniciativa "América Crece", un programa que canaliza las grandes inversiones privadas, se pactó la creación del Centro de Inteligencia Criminal en Ecuador con asesoramiento directo de Estados Unidos y que Washington brindara tecnología y capacitación para una protección general en temas de ciberseguridad.

Al pasar varios meses de las grandes protestas de octubre, así como obviando la pandemia de coronavirus que se ha extendido por todo el territorio, el presidente ecuatoriano vuelve a la carga con nuevos ajustes económicos con los cuales desea agradar al FMI y a Washington.

Las nuevas normativas establecen modificar las condiciones económicas de la relación laboral, tras "común acuerdo" entre los trabajadores y empleadores; contrato especial emergente de solo media jornada laboral y las horas distribuirlas en seis días de la semana.

Además, reducción de un 50 % de la jornada laboral y disminución de un 45 % de los salarios: o sea, quien gane sueldo mínimo de 400 dólares, su remuneración será de 220 dólares y se rebajará el aporte de la empresa a la seguridad social del empleado.

Se implanta que el empleador decidirá, de manera "unilateral", el cronograma de vacaciones del trabajador.

Como afirmó David Chávez, sociólogo de la Universidad Central del Ecuador, "estas leyes son delirantes, son como estregarles carta abierta a los empresarios para que hagan lo que les de la gana de aquí en adelante".

Antes de la aprobación de estas leyes, el gobierno había decretado recortes por más de 98 200 000 dólares a los presupuestos de 32 universidades y escuelas politécnicas.

Fiel a la política neoliberal de Moreno, se eliminarán 10 empresas públicas entre las que aparecen la aerolínea TAME, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Se prescinde de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia; se cierran las embajadas en Malasia, Irán, Nicaragua y las oficinas ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino; se retirarán 10 embajadores y clausurarán seis consulados.

Todo esto sucede cuando la nación padece una grave crisis sanitaria por la desatención del gobierno ante la pandemia de coronavirus y los casos de corrupción que han estallado en los que están envueltos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hospitales públicos de varias provincias y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE)

El 25 de mayo ya se reportaban oficialmente en Ecuador, 35 200 contagiados con la Covid-19 y más de 3 000 muertos, pero organizaciones gremiales aseguran que la cifra de fallecidos ronda las 9 000 porque los informes han sido adulterados.

Recordemos que solo en Guayaquil, los servicios sanitarios y las funerarias colapsaron, las personas morían por las calles o en sus casas y después no tenían donde enterrarlas. La pandemia continúa su paso por Ecuador y los especialistas auguran se extenderá por Quito y otras ciudades.

Mientras esto sucede, el presidente lanza leyes neoliberales contra trabajadores, campesinos y estudiantes lo que predice que las protestas proliferarán porque no se sabe quien es peor, la Covid o la política de Lenin Moreno cuya aceptación es de solo el 18,7 % según una encuesta de Cedatos-Gallup.