Las empresas transnacionales españolas lideran megaproyectos energéticos, mineros, agroindustriales o de infraestructura en la región a costa de esquilmar sus recursos. El 75% de los asesinatos contra personas defensoras se cometen allí
Construcción de algunos tramos del Tren Maya (México)
@TRENMAYAMX
Decía que había recibido el llamado de los ríos. Que dedicar la vida a la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta. Cuando recibió el prestigioso Premio Goldman en 2015, pronunció su discurso con la voz firme y serena que la caracterizaba. "Debemos acudir", insistía, "la Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar".
Sin embargo, ni los reconocimientos internacionales, ni las múltiples redes de apoyo y alianzas, ni las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impidieron que, apenas un año después, Berta Cáceres fuera asesinada una madrugada de marzo mientras dormía.
Su asesinato se ha convertido sin duda en uno de los más reconocidos a nivel internacional, y ha permitido situar en el foco mediático la realidad a la que se enfrentan de forma sistémica quienes defienden los derechos humanos. Porque lamentablemente el de Berta no es un caso aislado. Desde que acabaron con su vida hace ahora 5 años, más de 1.500 personas han sido asesinadas por defender derechos humanos en todo el mundo, según los registros anuales de Front Line Defenders.
"En una economía supeditada al crecimiento, defender el agua, los ríos y los bosques supone desafiar la lógica del sistema económico global y los intereses de las élites"
Las cifras son dramáticas y sin embargo solo permiten ver la punta del iceberg de la magnitud del problema. Porque detrás de los asesinatos, de forma menos visible y más cotidiana, se impone un régimen global de violencia y represión generalizado contra quienes se oponen a intereses económicos y políticos muy concretos: difamaciones, hostigamientos, estigmatizaciones, acoso judicial, amenazas, agresiones y otras formas de criminalización físicas, legales y sociales forman parte del día a día de las personas defensoras, como un goteo de prácticas que conforman una estrategia planificada específicamente dirigida a silenciar, desgastar y romper el tejido social.
La peor parte se la llevan quienes defienden el territorio y la naturaleza, casi siempre en contextos donde se implementan megaproyectos energéticos, mineros, agroindustriales o de infraestructura por parte de grandes corporaciones. Según el último informe de Front Line Defenders, el 69% de los asesinatos cometidos contra personas defensoras en 2020 tuvieron como objetivo a quienes defienden la tierra y el medio ambiente.
Algo está profundamente quebrado en este modelo civilizatorio cuando proteger los bienes comunes que nos mantienen con vida se convierte en una actividad de alto riesgo. En una economía supeditada al crecimiento, defender el agua, los ríos y los bosques supone desafiar la lógica del funcionamiento del sistema económico global y los intereses de las élites que se sitúan en la cúspide de ese sistema.
Para llevar adelante sus inversiones en los territorios, las grandes empresas no actúan solas. La trama de poder se teje con la captura corporativa de las instituciones estatales y supranacionales, y en ella se entrelazan poderes económicos y políticos, oligarquías nacionales y empresas transnacionales, fuerzas armadas públicas y privadas, y normas jurídicas conniventes que permiten hacer efectivo el despojo y establecer un marco de impunidad.
Comprender el papel que juega la actividad de las compañías del Ibex 35 en el exterior, por lo tanto, requiere situar el punto de mira del análisis en este contexto previo. Aunque, tal y como analiza el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), el momento histórico actual no parece augurar a las empresas transnacionales españolas la posibilidad de reactivar los procesos de expansión internacional de décadas anteriores, las compañías del Ibex 35 continúan exprimiendo sus beneficios en América Latina gracias a la posición privilegiada que siguen manteniendo en esta región, donde se cometen el 75% de los asesinatos contra personas defensoras a nivel mundial. En la cara oculta de sus beneficios económicos, en el reverso de la moneda de sus cuentas de resultados, quedan los impactos socioecológicos y las vulneraciones de derechos humanos.
El informe "El Ibex 35 en guerra contra la vida" publicado por Ecologistas en Acción recoge algunos de esos ejemplos. En él se relatan tres conflictos socioambientales en los que están involucradas empresas como Repsol, ACS, Iberdrola, Naturgy, Acciona y Renovalia en países como Perú, Guatemala y México. Tres casos, tres países y varias compañías implicadas, para dar cuenta de un problema que no es puntual sino sistémico. De ahí que todos los casos compartan los mismos patrones de despojo y vulneración de derechos humanos: procesos de privatización y acaparamiento de tierras y de agua que fracturan las formas de vida de las comunidades locales, prácticas irregulares como engaños, sobornos o extorsiones, así como el despliegue de múltiples formas de violencia contra quienes, al defender el territorio frente a los megaproyectos, ponen en riesgo los intereses de las inversiones de las grandes corporaciones.
Desde que el informe fue publicado en 2018, la realidad está lejos de haber mejorado. A la pequeña muestra allí incluida se añaden aquí tres ejemplos más que reiteran la sistematicidad de la violencia sobre la que se asientan los beneficios empresariales. Y es que de Mesoamérica al Cono Sur, las venas de América Latina siguen abiertas y sangrando a borbotones.
Abengoa, Elecnor y Enagás en el Proyecto Integral Morelos
Samir Flores fue asesinado frente a su casa en la comunidad de Amilcingo, en el estado mexicano de Morelos, el 20 de febrero de 2019 cuando amanecía. A sus 35 años, este campesino indígena integrante del Frente por la Defensa de la Tierra y del Agua era un reconocido defensor que se oponía a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM). El megaproyecto, que desde el inicio de sus obras en 2012 ha suscitado una fuerte oposición social por sus impactos sociales y ecológicos, incluye la construcción de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto de 160 kilómetros, dos acueductos y una red de alta tensión.
Quienes se han movilizado contra la implementación del PIM sufren hostigamientos, difamaciones, procesos de judicialización y amenazas recurrentes
Alrededor del PIM se cruzan intereses de varias empresas del Ibex 35 así como financiación pública española. Abengoa es responsable de la construcción de una de las centrales térmicas y del acueducto, mientras que Elecnor y Enagás están a cargo de la construcción del gasoducto y de su operación durante 25 años. Estas dos últimas recibieron financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM) dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, a través de un crédito otorgado en 2012 por un valor de 39,78 millones de euros.
Hay que destacar que el asesinato de Samir no es el único acto represivo que se ha cometido contra las personas y comunidades defensoras en el marco de este conflicto. Quienes se han movilizado contra la implementación del PIM sufren hostigamientos, difamaciones, procesos de judicialización y amenazas recurrentes. Pese a las denuncias realizadas por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, las vulneraciones de derechos humanos continúan en la impunidad mientras el megaproyecto avanza.
FCC y Azvi en el Proyecto de Desarrollo Tren Maya
El de Morelos no es el único megaproyecto polémico en México que lleva impresa la huella del Ibex 35. Durante el año pasado, varias transnacionales españolas se aprestaban para presentarse a las licitaciones de las obras de construcción del Proyecto de Desarrollo Tren Maya, el proyecto estrella del gobierno de López Obrador. Con 1.500 kilómetros de construcción de líneas ferroviarias, 19 estaciones, infraestructura vial y el desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios asociados a la construcción de nuevos centros de población y polos de desarrollo, este megaproyecto que atraviesa cinco Estados del sur de México es uno de los últimos ejemplos a sumarse al listado de conflictos socioecológicos activos en el país.
Pese a la retórica de su nombre, el Tren Maya prevé provocar graves impactos sobre los pueblos indígenas. Así lo señalan seis Relatorías Especiales de Naciones Unidas, que el pasado mes de septiembre remitieron una carta al gobierno mexicano alertando que las comunidades "podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, en su derecho a no ser desalojados y en su derecho a la salud, entre otros", y llamando la atención sobre varias irregularidades y vulneraciones de derechos humanos cometidas durante el proceso. Las personas y comunidades que se oponen a la construcción del megaproyecto han denunciado criminalización, hostigamiento, difamaciones y amenazas.
Las transnacionales españolas, ajenas a estas denuncias, presentaban sus consorcios a las licitaciones de las obras a lo largo del 2020. Dos de ellas, FCC y el Grupo Azvi, se han adjudicado la construcción de dos de los siete tramos que tiene el megaproyecto. Con las obras apenas concesionadas, es previsible suponer que la conflictividad en torno al Tren Maya no ha hecho más que empezar.
Los megaproyectos energéticos y de infraestructura en México, considerados actividades esenciales, no detuvieron su actividad durante la pandemia. Tampoco lo hicieron las negociaciones para la renovación de la firma de acuerdos comerciales, como la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, cuya negociación finalizó en abril de 2020, mientras se decretaba el confinamiento mundial y se limitaba la actividad económica a los servicios esenciales. Y es que, en uno de los mercados más estratégicos para la UE, son muchos los intereses en juego.
BBVA y Santander en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango)
Si hay un contexto donde la emergencia humanitaria se manifiesta con mayor crudeza, ese es sin duda el caso de Colombia. Según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), el año pasado 310 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinadas en el país, así como 64 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz. En el año del confinamiento social se cometieron en el país andino 91 masacres, principalmente en territorios rurales indígenas y campesinos.
Solo durante el mes de enero INDEPAZ ha registrado ya 19 asesinatos contra personas defensoras y líderes sociales y 7 masacres
Si los datos de 2020 son dramáticos, este año no ha empezado mejor. Solo durante el mes de enero INDEPAZ ha registrado ya 19 asesinatos contra personas defensoras y líderes sociales y 7 masacres. La propia Jurisdicción Especial para la Paz ha alertado que 2021 ha sido el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016: un líder social es asesinado cada 41 horas, y cada 4 días se perpetra una masacre.
Es de sobra conocido que en Colombia el control social y territorial ejercido sobre las comunidades por parte de actores armados legales e ilegales está estrechamente vinculado con la disputa por unos territorios sobre los que confluyen fuertes intereses geopolíticos y económicos. En un país donde el conflicto armado está lejos de ser un asunto resuelto, no hay inversión empresarial que desconozca esta realidad ni, por lo tanto, que sea ajena a ella.
Tampoco lo es la participación del BBVA y el Santander en la financiación de uno de los megaproyectos más polémicos de Colombia, la construcción de Hidroituango. El proyecto hidroeléctrico, que incluye la construcción de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilómetros de largo, saltó a los medios internacionales en 2018 cuando una serie de negligencias e irregularidades llevaron a la represa a entrar en fase de alerta roja y a la evacuación de decenas de miles de personas: la obra de mayor envergadura del país estaba en riesgo de colapso.
En la defensa de la tierra y el territorio frente a Hidroituango, la violencia contra las comunidades locales organizadas en torno a Ríos Vivos no es distinta a la que se ejerce en el resto del país. A lo largo de estos años han sido objeto de campañas de difamación, amenazas, seguimientos y asesinatos. Es más, la organización colombiana denuncia que los actores económicos se habrían beneficiado de las masacres y desplazamientos perpetrados en la zona durante las últimas décadas para llevar adelante el megaproyecto. Nada de esto parece ser razón suficiente para que BBVA retire este caso de su sección web sobre "sostenibilidad y banca responsable", donde todavía continúa presentándose como un ejemplo de "financiación responsable de proyectos".
Alternativas frente a la emergencia
En un año marcado por la pandemia, las desigualdades estructurales y las violencias sistémicas se han exacerbado. Si por un lado el coronavirus ha dejado al descubierto las costuras del sistema, no es menos cierto que el poder financiero-económico-político se ha resituado en este nuevo escenario para continuar exprimiendo sus beneficios y consolidando su poder. Muchas medidas asumidas por los gobiernos en el contexto de la emergencia sanitaria están alentando el avance de los megaproyectos, la ampliación de las fronteras extractivas y el modelo de despojo de los territorios. Con el pretexto de la pandemia se han incrementado la militarización, el control social y la criminalización hacia las personas defensoras.
Mientras tanto, las grandes corporaciones aprovechan la crisis para incrementar sus beneficios, recibiendo la enésima transferencia masiva de fondos públicos y colocándose en los primeros puestos de salida en la carrera por los fondos para la recuperación, como en el caso del plan Next Generation EU. Parece poco razonable pensar que el mismo modelo económico que ha generado la degradación ecológica de la que surge la pandemia nos vaya a llevar a su solución, o que las mismas empresas que están involucradas en conflictos socioambientales y vulneraciones de derechos humanos puedan ser quienes nos guíen en la transición socioecológica que necesitamos emprender sin demora.
El desafío que tenemos por delante es enorme. Un primer paso imprescindible para acabar con la impunidad corporativa ante las sistémicas vulneraciones de derechos humanos pasa por contar con legislación vinculante para las empresas transnacionales en toda su cadena de suministro, que establezca mecanismos efectivos de monitoreo y prevención, de participación de las comunidades afectadas, y de acceso a la justicia y restauración de daños. Pero desde luego el reto no acaba ahí.
Solo si somos capaces de imaginar y construir horizontes comunes alternativos fuera de la lógica del mercado y de la tiranía de la acumulación de capital, solo si somos capaces de sembrar las semillas para emprender una reorganización profunda de las formas de sostener la vida en común, estaremos en condiciones de hacer frente al escenario de colapso ecosocial que tenemos encima. Sembrar esas semillas para que quienes vengan después puedan cosecharlas y recoger sus frutos.
Quienes asesinaron a Berta Cáceres pensaban que matándola a ella matarían también su lucha. No podían estar más equivocados. Como dicen quienes la conocían, Berta no murió: se convirtió en semilla y se multiplicó. Porque las semillas, ya se sabe, antes o después acaban germinando.