En un comunicado publicado por la Casa Blanca el 1 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció: “Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. […] Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente ha tomado esta decisión”. Hunter Biden aguardaba sentencia tras haber sido condenado por dos delitos de orden federal: en un caso, por haber ocultado su adicción a las drogas al llenar un formulario para la compra de un arma de fuego; y en el otro, por evasión impositiva. Por estos delitos, Hunter Biden probablemente hubiera pasado menos de cinco años en prisión. Joe Biden afirma, acertadamente, que los procesos judiciales contra su hijo estuvieron motivados por intereses políticos y partidarios. “Hunter solo fue señalado porque es mi hijo”, expresó. Con una simple firma, el presidente Biden salvó a su hijo de una terrible experiencia. Antes de concluir su mandato, Biden debería mostrar la misma compasión hacia las miles de personas encarceladas en prisiones federales víctimas de la llamada “guerra contra las drogas”.
Jason Ortiz, director de iniciativas estratégicas de la organización Last Prisoner Project, dijo a Democracy Now!: “Esta es, sin duda, una oportunidad para que la gente debata acerca de cómo el indulto presidencial podría emplearse para corregir las injusticias cometidas a lo largo de los últimos 20 o 30 años en lo que respecta a los delitos relacionados con el cannabis. El propio presidente Biden fue uno de los artífices de la ley contra el delito promulgada en 1994, que dio lugar a muchas de las desproporcionadas sentencias que estamos enfrentando actualmente”.
Ortiz hace referencia a la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994, una legislación que Biden impulsó como senador y que aceleró el devenir del encarcelamiento masivo en Estados Unidos. Udi Ofer, exdirector de la Sección de Justicia de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, escribió en 2019, en el vigésimo quinto aniversario de la promulgación de esa ley: “Bajo el liderazgo de Bill Clinton, los demócratas quisieron arrebatarles a los republicanos el control del debate público sobre el delito, lo que provocó una suerte de puja entre los dos partidos para imponer penas más severas, en la que cada uno intentaba superar las propuestas del otro”.
Los demócratas han reconocido en gran medida el fracaso de la ley contra el delito promulgada en 1994. En 2015, el expresidente Bill Clinton admitió: “El problema es que, debido a la forma en que se redactó y aplicó la ley, ampliamos excesivamente el espectro, [y ahora] tenemos demasiada gente en prisión”. Sin embargo, durante la campaña presidencial de 2019 y 2020, Joe Biden negó repetidas veces que la ley que ayudó a redactar haya contribuido al encarcelamiento masivo de personas.
En la conversación con Democracy Now!, Jason Ortiz agregó: “Hay más de 3.000 personas actualmente encarceladas en prisiones federales por cargos relacionados con el cannabis, [que] también tienen familias, padres y seres queridos.[…] Así que, aunque puedo entender por qué el presidente quiere ser compasivo con su propio hijo, nos resulta sumamente frustrante que no extienda esa misma compasión a los miles de padres que actualmente ven cómo sus hijos se marchitan en la cárcel”.
El 6 de octubre de 2022, el presidente Biden emitió un indulto general para todas las personas condenadas a nivel federal por posesión simple de marihuana. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó en ese entonces que “la conspiración, la distribución y la posesión [de la droga] con la finalidad [deliberada] de distribuirla no se incluyen en los casos perdonados por esta proclama”.
El objetivo de la organización Last Prisoner Project es extender la morigeración de las draconianas sentencias dictadas en el marco de la “guerra contra las drogas” a las personas condenadas por delitos de distribución y otros cargos relacionados.
Al respecto, Ortiz dijo a Democracy Now!: “En este momento, hay personas condenadas a pasar décadas en prisión por tráfico y venta [de marihuana], que es lo que cientos de negocios legales de cannabis en todo el país están haciendo actualmente de manera habitual, incluso en Washington D.C. Hay gente que pasa décadas en prisión por la misma actividad que actualmente está generando ingresos fiscales para ciudades y estados de todo el país. Estamos construyendo escuelas y puentes con el dinero proveniente de actividades relacionadas con el cannabis, pero seguimos dejando que mucha gente se consuma la cárcel”.
La organización Last Prisoner Project no está sola en este pedido de indulto. El mes pasado, al tiempo que el presidente Biden se disponía a “indultar” pavos para la foto anual del Día de Acción de Gracias, más de 50 miembros del Congreso estadounidense publicaron una carta en la que exhortan a Biden a usar la facultad del indulto presidencial para hacer frente a la crisis del encarcelamiento masivo.
La congresista del estado de Minesota Ilhan Omar, del sector progresista del Partido Demócrata, dijo en una conferencia de prensa en la que se anunció el envío de la carta: “Estados Unidos representa apenas el 5% de la población mundial, pero alberga a más del 20% de la población carcelaria mundial. Más de 1,9 millones de personas están encarceladas actualmente [en el país] y un porcentaje desproporcionado de ellas pertenece a comunidades de color. Los hombres negros son encarcelados a una tasa cinco veces mayor que los hombres blancos, un legado de las desigualdades sistémicas que han persistido por generaciones. […] El presidente Biden tiene ante sí la oportunidad de tomar una decisión trascendental en estos últimos días de su mandato y lo exhortamos a que actúe”.
Es muy probable que Hunter Biden nunca pise una celda ni experimente la discriminación y las humillaciones que enfrentan quienes han cumplido una pena de prisión. El presidente Biden tiene el poder de indultar a miles de personas encarceladas por delitos federales relacionados con el cannabis o de conmutar sus sentencias por tiempo cumplido y permitirles regresar a casa. Aunque el poder está en sus manos, los millones de ciudadanos estadounidenses a quienes el presidente representa al ejercerlo deben exhortarlo a tomar esa decisión.
