La violación del territorio ecuatoriano realizada por las fuerzas armadas de Colombia y la masacre a un campamento de las FARC, dónde resultara muerto el segundo hombre al mando del grupo insurgente, trajo por parte del gobierno de Rafael Correa respuestas inmediatas. Se rompieron las relaciones diplomáticas con Colombia y el gobierno ecuatoriano solicitó una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, solicitándole la condena de este acto de agresión.

Esta reunión mostró una vez más las limitaciones del organismo internacional.

La OEA fue creada en 1948, a instancias del gobierno de Washington para promover “el diálogo multilateral y la toma de decisiones de carácter hemisférico” entre los gobiernos del continente americano. Su conformación fue una prolongación de la doctrina del “Panamericanismo”, sustentada por el estado norteamericano desde fines del siglo XIX. En realidad el panamericanismo fue un corolario de la doctrina Monroe, por la cual el estado norteamericano decidió en ese mismo siglo que América sería para los americanos. De esta manera buscó eliminar toda influencia política directa de las potencias europeas en nuestro continente. Claro está que esa influencia directriz que los imperialismos europeos habían ejercido sobre nuestro continente quedaría ahora en manos de los Estados Unidos.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la actual Organización de Estados Americanos sirvió durante casi medio siglo como una institución al servicio de los intereses de los EE.UU. Toda una historia de manipulación política tuvo su mayor expresión en la decisión de su Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en enero de 1962, expulsando a Cuba de su seno, propuesta elaborada por Estados Unidos. Aún allí, en plena guerra fría, algunos países de nuestro continente (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México) no acompañaron la propuesta, aunque la influencia norteamericana era tan grande entonces, que no votaron en contra, sino que se abstuvieron. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, sobre todo a partir del fin de siglo, la composición política de nuestra América Latina ha venido cambiando, gobiernos progresistas han ido sustituyendo las dictaduras militares y los posteriores gobiernos de partidos tradicionales, históricamente aliados a las directivas norteamericanas.

Sin embargo, aún así, el Consejo Permanente no llegó a condenar la agresión colombiana. Se buscó una fórmula de conciliación, la cual pudieran aceptar aún Colombia y los propios EE.UU., el único país que apoyó sin reservas la acción del gobierno neogranadino. Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela apoyaron claramente al Ecuador, sin embargo Panamá, Uruguay, Perú, El Salvador y Guatemala, si bien condenaron la incursión, propusieron la necesidad de investigar además el supuesto apoyo prestado a las FARC por Ecuador y Venezuela, denunciado por Colombia como único argumento justificador de sus acciones.

En este último grupo no es extraña la posición de Perú, Panamá, El Salvador y Guatemala, que tradicionalmente son gobiernos que respaldan incondicionalmente las posiciones norteamericanas. Llama la atención sin embargo que Uruguay se encuentre en este grupo, ya que aparentemente tiene un gobierno “progresista”. A pesar de que este gobierno actual supuestamente de izquierda ya ha respaldado en otros foros las propuestas norteamericanas, esta vez su apoyo -aún parcial- en un caso tan grave como la violación de la soberanía territorial y la instauración en el continente latinoamericano de los métodos de la “guerra contra el terrorismo” decretada unilateralmente por el gobierno de Bush, enmarca al gobierno uruguayo en una posición diferente al resto de los gobiernos progresistas de América Latina. Posiblemente esta posición sea un síntoma del “cambio en su política exterior” anunciado por el nuevo Canciller de Uruguay, quien apenas asumido el cargo se reunió prestamente con la dirigencia de los partidos tradicionales (blanco y colorado) para coordinar esta nueva política y que realizó inmediatamente cambios en las direcciones de su ministerio en los cuales designó en puestos claves a diplomáticos de carrera vinculados a los partidos tradicionales y no al Frente Amplio que está en el gobierno.

La resolución del Consejo Permanente reconoció la violación de la soberanía territorial de Ecuador por parte de Colombia (aunque no la condenó), designó una comisión del organismo presidida por su Secretario General con el objeto de realizar in situ (en Ecuador y Colombia) un análisis (no una investigación) de lo sucedido, y convocó a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (de mayor jerarquía que el Consejo Permanente) para tomar una decisión definitiva al respecto.

El presidente Rafael Correa inició una gira relámpago por varios países latinoamericanos, reuniéndose con sus presidentes para requerir el apoyo a fin de que esta reunión a realizarse a mediados de mes condene las acciones de Colombia. En las declaraciones conjuntas bilaterales realizadas en cada caso, ha sido muy duro respecto a Colombia, sobre todo al reunirse en Nicaragua con Daniel Ortega. Allí declaró con indignación, que tanto el video difundido por el gobierno colombiano de detalles de su acción de guerra (que muestra cómo se dejaron a las mujeres heridas abandonadas, violando las convenciones de Ginebra, y como las tropas neogranadinas permanecieron hasta la mañana en el campamento arrasado, convirtiendo la violación de soberanía en ocupación

de territorio ecuatoriano) como la última declaración del presidente Uribe en la cual pide disculpas a Ecuador pero reserva para Colombia la posibilidad de seguir realizando acciones de este tipo en países que “amparen a terroristas”; demuestran claramente la gravedad de las acciones colombianas. En ese mismo momento el gobierno nicaragüense declaró la ruptura de relaciones con Colombia, a la cual acusa además de violaciones sistemáticas de sus aguas territoriales.

En esta situación tan fluida y compleja, las decisiones que se tomen en esta próxima reunión serán definitorias para el futuro de la OEA. Si logra condenar el episodio acontecido, será posible que América Latina rechace en su seno el traslado a nuestro continente de la guerra particular que los neocoms están realizando en otras partes del planeta y quedarán demostrados en esta organización los cambios políticos que están sucediendo en el continente. Si el Consejo de Ministros no condena esta acción, se hará evidente como la OEA sigue siendo todavía una organización al servicio de la gran potencia del Norte.

En este caso, los países de Latinoamérica que están buscando la integración y otro rumbo para nuestra Latinoamérica sabrán claramente que no pueden contar con esta organización internacional para estos objetivos. Será cuestión de crear organismos multilaterales nuevos o potenciar los demás existentes, como MERCOSUR.


E-mail: miguelguaglianone@gmail.com