El presidente Hugo Chávez le pidió al nuevo líder de las FARC, Alfonso Cano, liberar a cambio de nada a los secuestrados, y catalogó esta acción como un gran gesto humanitario, además consideró que a estas alturas en América Latina está fuera de orden un movimiento de guerrilla armada.
El presidente Correa coincidió con dicho pedimento, y abogó por iniciar un diálogo político diplomático para encontrar la paz en Colombia. Antes tales declaraciones, Sean McCormak, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestó esperar que la solicitud del presidente Chávez se convierta en actos de gobierno, y pidió “acciones concretas”. Olvidó el vocero que Colombia es un país soberano, y, si bien es cierto, ellos tienen injerencia en sus asuntos internos, Venezuela es respetuosa de estos principios y quien debe presentar acciones concretas para avanzar en el proceso de paz es el presidente Alvaro Uribe, el cual se limitó a reiterar los agradecimientos al presidente Chávez por los comentarios hechos.
Se desató, tanto en Venezuela como en el exterior, una campaña mediática con la finalidad de hacer ver que existía un cambio de discurso del presidente Chávez con respecto a las FARC, cuestión ésta que puede ser negada, ya que en hechos públicos y notorios se demuestra que las únicas veces que ha existido un contacto del presidente Chávez con los grupos insurgentes colombianos ha sido para abonar el terreno hacia la paz y quien debe dar demostraciones concretas es Colombia, que recientemente torpedeó cualquier posibilidad de paz con el ajusticiamiento del comandante Raúl Reyes, como retribución por sus gestiones humanitarias en la liberación inicial de Clara Rojas y Consuelo González y, luego, de los cinco senadores.
Es importante evaluar las condiciones que debe brindar el Gobierno colombiano a las FARC para que se inserten en la vida política, no vaya a ser que ante la ausencia de éstas, se reedite la nefasta experiencia sufrida por las FARC en 1985 como resultado de los acuerdos de paz de aquella época, cuando nació la Unión Patriótica como escenario democrático que recibiría a los desmovilizados en su tránsito a la paz, quienes participaron en sus primeras elecciones, el 9 de marzo de 1986, y obtuvieron 5 curules al Senado, 9 a la Cámara de Representantes, 14 diputados, 23 alcaldes y 352 concejales. Estos resultados generaron preocupación en el bipartidismo colombiano y comenzaron a desarrollar métodos de exterminio contra los miembros y simpatizantes de este nuevo grupo político.
Los exterminios, por los nacientes grupos paramilitares, de manera sistemática a través de asesinatos y desapariciones forzadas, “coincidencialmente” se perpetraron en las zonas en que la Unión Patriótica obtuvo la mayor representatividad.
Ante este nuevo escenario, es vital que el Gobierno colombiano empiece a entender a la luz del derecho internacional humanitario, el principio de distinción entre combatientes y personas civiles, pues se correría el riesgo de una reedición de la operación “Baile rojo” donde fueron exterminados, a través del vicariato político, 2.800 dirigentes de la Unión Patriótica, y hubo más de 5.500 víctimas de violaciones de Derecho Humanos, lo que en 1987 motivó que el proyecto político de la Unión Patriótica buscara el derecho a su existencia y vida de sus integrantes recluyéndose nuevamente unos en las montañas y otros sometidos a desplazamiento forzoso. Por lo tanto, la primera “acción concreta” estriba en que el Gobierno colombiano desarrolle procedimientos de protección de las minorías políticas.
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