La oligarquía cruceña realizó el ilegal referendo secesionista en la Provincia de Santa Cruz el pasado 4 de mayo. Los resultados aceptados por el gobierno de Evo Morales permiten deducir que casi un 49% de la población apta para votar, o no lo hizo o votó por el no. Es decir, que la tan nombrada masividad y consenso sobre el "SÍ" separatista no existía, y el triunfo de un “SÍ” plagado de fraude, imposición violenta y manipulación, sin ninguna observación internacional respetable, ilegitimó la presencia de los pobladores cruceños en las urnas.
Como respuesta a esto el gobierno de Evo Morales, quien lidera el proceso de Revolución Democrática y Cultural, llamó a la unidad nacional, ratificando que él es el Presidente de todos los Bolivianos. Previo al referendo, el primero de mayo, se dio por primera vez la marcha conjunta de los campesinos e indígenas bolivianos con la COB (Central Obrera Boliviana) en un acto que más allá de lo simbólico, marca un salto en el nivel de conciencia de unidad nacional y en defensa del proceso en curso.
El Gobierno del MAS, instrumento político de los movimientos sociales que lidera la Revolución, retomó la iniciativa política al aprobarse por el Senado la propuesta de referendo para someter a las autoridades principales, nacionales y regionales, es decir, al Presidente y Vicepresidente y a los 9 Prefectos (gobernadores)
En el referendo que se realizará el 10 de agosto del presente año, la consulta es sobre la continuidad del proceso. Para que se revoque el mandato de Evo Morales y Álvaro García Linera, el voto por el NO debe superar el 53,7%, o sea 1.544.374 votos, que fue la votación con que fueron elegidos en el 2005. En el referendo del 10 de agosto se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo con "la continuidad del proceso de cambio" encabezado por Morales y su Vicepresidente, así como con la permanencia de los Prefectos.
Si los bolivianos, en este caso, con toda la legalidad y con la veeduría internacional que a bien tenga asistir, deciden la remoción de los mandatarios, el gobierno tiene de tres a seis meses para llamar a nuevas elecciones. La disputa ahora se traduce en lucha por la legitimidad. Las ánforas (urnas electorales), que continúan siendo el camino de la Revolución Democrática y en Paz, decidirán en franca contienda política qué sigue en Bolivia.
Los Estados Unidos y las potencias imperiales europeas tienen que entender que nuestros pueblos están en la búsqueda de sus destinos truncados. Deben optar entre respetar la soberanía y autodeterminación de nuestras naciones o la descarada intervención, que inundaría nuevamente de guerras por la independencia, como en el siglo XVIII y XIX a Nuestra América.
Bolivia junto a sus pueblos originarios creen en el diálogo, y construyen desde siempre en resistencia. Ellos entienden que este es el momento de tener un nuevo Estado, donde convivan en igualdad y justicia todos los bolivianos. Esa decisión cimentada por las luchas y sus mártires y héroes, ya no tiene marcha atrás.