Aunque ninguno apoyaba la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio colombiano, pues hasta el peruano Alan García insistió en pedir que se explicara "de qué se trata" antes de fijar posición, eran evidente los matices, aunque sólo uno defendería a capa y espada la presencia estadounidense en siete bases aéreas, navales y terrestres.
¿Cuál era el interés del presidente Uribe? Ocultar el contenido del documento que suscribirá con el gobierno de EEUU. Casi todos insistieron en la importancia de que fuese conocido, el presidente Chávez leyó una versión periodística de El Tiempo de Bogotá, y pese a la repetidas demandas, Uribe no cedió. Lo mantuvo en secreto. Importantes razones debe tener para mantenerlo top secret como le dijeron en Washington.
Tampoco fue posible una firme y categórica declaración contra el uso de bases militares extraterritoriales en Suramérica, como lo pedía el presidente Evo Morales. La mayor aproximación dice que "La presencia de tropas extrarregionales no pueden amenazar la soberanía de los países miembros ni la paz regional", que Uribe firmó, aunque estaba referido a la cesión que había hecho su país para que esas siete bases fuesen utilizadas por fuerzas militares estadounidense.
La amenaza sigue presente.
Uribe no pudo convencer a nadie de que el nuevo uso de esas bases está dirigido a combatir el narcotráfico y el terrorismo, y menos aún que estarán bajo el comando colombiano. Esas bases estarán ahora al servicio de los intereses de EEUU en la región.
Cuando muchos presagiaban un fracaso, Unasur pudo afrontar una difícil situación y lograr un precario consenso para aprobar la declaración; discutió por primera vez en la región materias tan espinosas como las que estuvieron en agenda, y echó las bases para seguirlas examinando, junto a otras cuestiones relacionadas con la defensa y la soberanía y el rol militar de EEUU en América Latina.
La maestra Lina Ron
No sé cuáles pueden ser los planes de sectores de la oposición para el comienzo de clases, pero uno puede imaginarlos. Promoverán hechos violentos en institutos educacionales. Ya habían alertado que la nueva ley no entrará a los colegios, y hubo quien llamara a desacatarla, los mismos que antes rompieron la Gaceta con la ley de tierras y exhortaban a no pagar impuestos.
Contra la Ley Orgánica de Educación se han escuchado verdades y mentiras; muchas mentiras, como esa de que el Estado le quitará a los padres la patria protestad de sus hijos, que suspenderán los subsidios a la educación católica, eliminarán las comunidades educativas y la autonomía universitaria. Pero una que me sorprendió vino de un profesional universitario, quien me dijo que estaba contra la ley porque él no podía aceptar que Lina Ron fuese maestra de sus hijos. ¿De dónde sacaste eso? Me preguntó si conocía el artículo 16, la verdad, no sé cuál es.
Me explicó que ese artículo da facultades a los consejos comunales para designar maestros y profesores. No lo creí, aunque ya había escuchado que ahora los consejos se meterán en los planes curriculares, los programas, etc, cuando sólo debían llegar hasta cuestiones de la infraestructura de la escuela o liceo.
Poco después busqué la ley.
Leí el artículo correspondiente, ahora el 18, que estable- ce las obligaciones de los consejos respecto a la educación, casi todos muy principistas, basadas en la Constitución ahora tan alabada, que incluye la integración familia-escuela-comunidad, la promoción y defensa de la educación, cultura, deporte, recreación, trabajo y salud, etc, "ejerciendo un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía y construcción de los sujetos sociales de transformación".
Usted lee ese artículo, lo relee, reflexiona, se pregunta y se responde, y por ninguna parte ve la posibilidad de un consejo comunal designando maestros o profesores.
Dos meses, dos días
62 días se cumplen hoy del golpe de estado que derrocó al presidente constitucional sin que la comunidad internacional y sus más importantes organizaciones (ONU, OEA, Unasur, UE, Alba, etc), pese a sus unánimes condenatorias pudieran obligar a la restitución de Manuel Zelaya al poder. A estos pronunciamientos, que no son poca cosa, el retiro de embajadores, la decisión de no reconocer al gobierno que pudiera ser electo bajo el mandato de los golpistas, etc, hay que añadir otro igualmente inédito y de primerísima importancia, como es la movilización de protestas del pueblo hondureño mantenida durante todo ese tiempo en calles y carreteras, con saldo de muertos, heridos y presos. En toda la bien larga historia de golpes en América Latina, y seguramente en el mundo, nunca habían ocurrido circunstancias como estas referidas.
En mi opinión, ha habido dos factores decisivos para que no se revirtiera ese cuadro. Uno es la política contradictoria de EEUU, que ha mantenido a su embajador en Tegucigalpa y las medidas proteccionistas a las exportaciones desde Honduras, todo lo cual le ha dado aliento al golpismo. Y la otra, que por primera vez comento, es el propio Zelaya. ¿Qué habría pasado, si como lo había prometido, hubiese entrado a su país? ¿Lo hubiesen matado? Preso, seguramente, le habría dado el impulso que le ha faltado a todo el reclamo nacional e internacional, para su restitución. La situación sería hoy distinta.
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