Cuando uno echa el cuento de lo que está pasando en Mèrida en cuanto a aplicación de Justicia, pareciera que estamos viviendo en los años de la IV República cuando la GUANABANA ADECO COPEYANA, gobernaba a este pais como les daba la gana y la Justicia se aplicaba solamente contra los pobres y los enemigos políticos de tendencia izquierdista.
Resulta que la Abog. LIGIA ELENA SANDREA CALDERON, Juez de Control No. 06 del Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mèrida, emite el OFICIO No. LJO10F02011014985, con fecha: el 28 de Julio del 2011, ordenándole a la Comandancia General de la Policía del Estado Mèrida que desaloje a una familia (Matrimonio y dos niños) de un Apartamento y para cumplir dicha orden las autoridades policiales envían 60 hombres fuertemente armados, con patrullas, ambulancias y dos tanquetas para cumplir la orden de la Juez. ¿Que les parece amigos lectores? ¿Les parece que exageramos?. Bueno, si continúan leyendo seguro quedaran con la abierta...
Resulta que la Juez ordena la “incorporación a la vivienda que fuera dada en arrendamiento a la ciudadana VICTORIA LINARES MORALES” y resulta que el Contrato de arrendamiento (vencido hace un año) está a nombre de LUIS MONTILLA, Presidente de COPEY, el cual no utilizaba como vivienda, pues allí tenia viviendo a la ciudadana antes mencionada y ésta a su vez había subarrendado una de las habitaciones a una amiga. Resulta también que el apartamento en cuestión, arrendado al Presi. de Copey era utilizado ocasionalmente para reuniones sociales, pues la ocupante ocasional vive en la Urb. Los Sausales en una casa (No se sabe si es propia).
Al dueño legal del apartamento haba pasado por alto todas las antes irregularidades ya observadas, hasta que él decidió formar su propia familia y necesitó una vivienda donde instalarse, viendo que la suya estaba mal usada, que el arrendatario no la estaba ocupando y que además el contrato de arrendamiento estaba vencido decidió ocuparla. Al poco tiempo de estar allí apareció la “ocupante” reclamando “sus derechos”, mientras tanto el Presi de Copey movía sus contactos en la esfera judicial para obtener una orden de desalojo contra el verdadero dueño del apartamento. Algo insólito ocurrió, la Juez sin llamar al propietario a que presentara sus alegatos ordena a la policía a actuar de inmediato para hacer el desalojo violento y con toda la fuerza antes mencionada.
Pensábamos que esas actuaciones policiales se habían quedado en el pasado de la IV República, que estábamos viviendo un Estado de Derecho y de Justicia, que habían organismos para para proteger a los niños y a la familia, que el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado era para aplicarla a los delincuentes. Pero no es así en Mèrida. La Guanábana puntofijista fue cambiada por la Patilla bolivariana.
Después de ver como actuó el gobierno nacional ante la situación ocurrida en la cárcel de El Rodeo, donde al máximo se respetaron los derechos humanos y ver las actuaciones ocurridas aquí cuando se ametralló a un autobús de la ULA con seis estudiantes que habían sustraídos unos alimentos para llevárselos a sus compañeros que se les había negado el derecho a la alimentación y luego este hecho bochornosos de desplegar a mas de 60 efectivos y dos tanquetas para hacer el desalojo de una pareja con dos niños, nos obliga a denunciar las inconsecuencias de un gobierno regional que se dice revolucionario y en sus actuaciones demuestra todo lo contrario. Callar por mas chavistas identificados que seamos nos convierte en cómplices y un revolucionario que no reacciona ante un hecho de injusticia realizado en su presencia no puede anunciarse como tal. Que eso sucediera en tiempos de la Guanábana, era natural, que eso ocurra en tiempos de la Revolución Bolivariana, es anti natural e inaudito.
juanveroes64@hotmail.com
