¿Por qué la SIP en lugar de tratar de infiltrar con sus sapos y palangristas a todos los organismos públicos, más bien no se dedica a exigir una Ley que socialice la información? El actual periodismo que se practica en el mundo, secuestra la información y cuanto se busca de los organismos públicos es para tergiversar lo que se recoge, para debilitar las instituciones y el Estado, para fortalecer los poderes anti-nacionales y para negarle al pueblo la realidad de esa permanente conspiración diseñada especialmente para explotarle, para aterrarle, para controlarle. La humanidad tendrá algún día que caer en la cuenta de que la información no puede estar controlada por unos magnates. ¿Por qué los magnates le exigen a la AN que le aprueben una Ley de Acceso a la Información?, sencillamente porque con ella pueden distorsionar a su gusto los hechos, la realidad, y utilizarla como mecanismo de chantaje. Allí está el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Con eso del derecho a la información tuvieron en sus manos algunas pruebas, y entonces Globovisión y El Nacional se dedicaron a encharcar todo el caso de manera que los verdaderas culpables aparecieran como inocentes y víctimas de la persecución del gobierno, y a la postre toda la información fue deformada al gusto y parecer de Ravell y de Miguel Enrique Otero; es decir, le dieron un giro de 180º y decir que habían sido personas ligadas al gobiernos quienes le habían matado.

Basta de que se mantenga una carrera de Medios de Comunicación en las universidades públicas para que se forme a jóvenes que luego van a servir como mercenarios y como enemigos de la patria en esas viles empresas privadas.

Desde hace tiempo El Nacional y Globovisión vienen sosteniendo que el Estado deja en entredicho su capacidad para respetar e incentivar el derecho a la libertad de expresión de todos los venezolanos, porque les limita el acceso a la información pública. Qué hizo Globovisión y Venevisión, por ejemplo, con los casos de Puente Llaguno, el paro petrolero, las guarimbas y la masacre de Altamira, ¿no fue acaso un intento demencial por desviar toda prueba para tratar de salvar a los verdaderos culpables? Dijeron que Gouveia era íntimo amigo de Freddy Bernal y que había sido preparado por los bolivarianos para cometer ese crimen. Ahora andan estos medios con unas estadísticas en las que dicen que de 46 peticiones de información oficial hechas en 2007, 87% no fue tomado en cuenta por las instancias del Estado. Añaden; "Observamos en líneas generales que el principio de máxima divulgación debe ser la regla y que la excepción sea el secreto; pero aquí vivimos el mundo al revés, porque la excepción es la información", así lo expresó el coordinador de una ONG ultra-mercenaria, Carlos Correa. Dicen que el mayor porcentaje de negativas fue de los ministerios; después figuran organismos como CNE, TSJ, Pdvsa, Fiscalía y Defensoría; y, por último, las alcaldías.

Este Correa quiere que la Asamblea Nacional apruebe una ley de acceso a la información como las que existen en Colombia, México y Chile, en la que “tienen un marco legal que regula los derechos de petición”. Precisamente, países donde los medios están más apegados a mecanismos verdaderamente dictatoriales, donde el Grupo PRISA, bajo el poder de Rupert Murdoch es quien decide todo en relación con lo que se debe decir al público, y su fin actualmente es, en el caso de Colombia, que EE UU apruebe el TLC con Uribe. Países donde por este mismo motivo se violan todos los días los derechos humanos más esenciales y existen periódicos como El Mercurio (del fascista Agustín Edwards, de los asesinos de Allende).

Dice esta ridícula ONG que en Venezuela no existe una política de rendición de cuentas y transparencia en las funciones de los empleados públicos, quienes no asumen plenamente su obligación de informar a los ciudadanos de manera continua ni, con mayor gravedad, cuando se les solicita formalmente. Pero ahí está el caso de las inhabilitaciones: cuando se pretende luchar contra la corrupción son los medios privados los primeros en torpedear a la justicia, en lanzar una horrible campaña a favor de la impunidad, del delito, de la corrupción. Incluso, cuando el gobierno denuncia a un bandido de su propia tolda, como los casos de Wilmer Aguaje, de Manuit, los generales Rosendo o Baduel, Carles, o el gobernador Jiménez de Yaracuy, saltan entonces Globovisiòn El Nacional para decir que se les está pasando factura porque ya no están con Chavez.

Qué maldito jueguito.

Esta ONG hizo la presentación del estudio de Espacio Público en la Embajada de Gran Bretaña en Caracas. La subjefe de la misión diplomática, Susan Breeze, informó que en su país comenzaron a implementar hace poco la Ley de Acceso a la Información. Añadió que esa nación ha avanzado en el respeto de ese derecho humano. A esa vaina la llaman derecho humano.

Breeze, para completar añadió que trabajan con Espacio Público para conseguir que el Estado comprenda la necesidad de la ley.

Qué tal, zamuro queriendo cuidar lomito, no nos jodan.

jsantroz@gmail.com