Una de las características esenciales de las Operaciones de Guerra Psicológica (OPSIC), es el cambio de las percepciones y realidades. Se trata de alterar lo que realmente sucede y presentarlo, de manera tal que representa todo lo contrario de lo que realmente es. Es ese el caso de las protestas estudiantiles en el país. Al revisar la mayoría de los pronunciamientos de los medios de comunicación, nos encontramos con que justifican los altercados del orden, el caos bajo la etiqueta (sensorial) que “son protestas pacíficas”. Al hacerlo, se ignora (con toda la intención, pues es la esencia de las OPSIC) la realidad.
Hay elementos que aclarar. Las teorías que analizan el conflicto, indican que esté es producto de demandas sociales (económicas), institucionales (reclamos en cuanto a la gestión pública) e ideológico o culturales (conflicto entre posiciones o paradigmas representativos de la realidad). En el país, es innegable que hay demandas sociales importantes, relacionadas con las condiciones de desabastecimiento, encarecimiento y escasez de productos alimenticios. Eso es una verdad parcial. Y decimos parcial, pues no es completa la responsabilidad del Gobierno Nacional. Ello es así, por el hecho que tanto el Gobierno de Hugo Chávez, cómo el de Nicolás Maduro han otorgado 334.000 millones US$ para importaciones, de los cuáles reposa (cómo ahorro) en cuentas en el extranjero 163.000 US$. Es decir, casi el 50% de los recursos asignados para importación han sido desviados a cuentas personales. Acá hay una responsabilidad del funcionariado, que otorga estas divisas pero también – es innegable- la responsabilidad de quienes recibiendo los recursos, para importar X producto, no lo traen. Eso explica, las demandas institucionales de pulcritud y responsabilidad administrativa, que a vox populi exigen los ciudadanos. El presidente Maduro ha señalado que investigará, pero no es suficiente.
Por otra parte, está el conflicto generado entre dos programas políticos en pugna: el Programa del Socialismo Bolivariano, cuya plataforma se impuso – en términos de minoría y mayoría- electoralmente sobre el Programa Liberal de Capriles Radonski. Ahora, queda entender que la implementación del Proyecto Socialista, no ha viabilizado –contundentemente- la superación del carácter rentístico-capitalista de la sociedad venezolana. Estas demandas, son una base importante de descontento, pero no es todo lo que está en juego. En la campaña de 2012, se identificó la existencia de una fórmula para impulsar la plataforma política de Capriles, cómo una respuesta contra-hegemónica – y geopolítica- al alcance político de Chávez. La campaña comunicacional presentada por Capriles, intentó edulcorar su carácter liberal y mimetizar su articulación con los intereses geoestratégicos del departamento de Estado Norteamericano. Al fallecer Chávez, se desató una oportunidad política, entendida cómo el cambio en las condiciones de gobernabilidad y estabilidad del sistema político venezolano, que pretendió ser empleado para cambiar la correlación de fuerzas. La campaña “Maduro no es Chávez”, dio como resultado un triunfo mínimo (menos de 2%) de Nicolás Maduro sobre Capriles.
Desde ese momento se filtró, a través de la periodista y abogada Eva Gollinger, un documento elaborado por una fundación Pensamiento Libertad, ligado al ex presidente Alvaro Uribe, que planteaba un escenario de conmoción social, cómo el experimentado en este momento. Se trata de crear condiciones para una confrontación civil de gran magnitud, que justifique la declaratoria de Venezuela cómo Estado Forajido. No puede ignorarse, que las protestas pueden ser de tres tipos: a) convencionales, que se caracterizan por exigencias reivindicativas (sueldos, salud, educación, seguridad) que son TOTALMENTE pacíficas; b) confrontacionales, que son aquellas donde las exigencias llevan a romper el carácter pacífico (a través de cierre de calles, toma de edificios, generando daños) perdiendo el carácter “pacífico” y c) violentas, con evidente (e intencionado) daño a personas y bienes.
No hay duda, que lo que experimentamos es una protesta violenta, aunque no se quiera asumir. Por último, todo derecho (a la protesta art.68 CRBV) tiene sus limitaciones, en el marco de la Ley. La ley de partidos, reuniones públicas y manifestaciones y el Código penal, establecen las limitaciones para la protesta y no pueden ser ignoradas, a menos que queramos caer en un libertinaje extremo o peor aún, corresponda a una agenda oculta. Cómo sea, es urgente y necesario el diálogo, antes que la violencia se desborde y entremos, cómo hace 200 años (1814) en una guerra civil, cuyo costo sea terrible para todos.
El autor es: Dr. Historiador/politólogo
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