La oposición acaba de aprobar una ley mediante la cual le extiende los beneficios de la cesta ticket a los pensionados y jubilados del estado. Lo repudiable de esta acción de la oposición consiste en dejar por fuera a los jubilados de la empresa privada. Con lo cual queda en evidencia las verdaderas intenciones de estos sujetos, que no son, por supuesto, ayudar a los beneficiados propiamente dicho, a los que en el fondo, por razones de clase, desprecian profundamente, sino la de crearle graves dificultades financieras al gobierno y, por consiguiente, a todo el país. Sin embargo, la consecuencia inmediata de esta diabólica jugada política consiste en establecer una discriminación inconcebible en una democracia como la nuestra, donde la igualdad constituye uno de sus valores fundamentales; en una República que rechaza, incluso por idiosincrasia, la existencia de castas y grupos con derechos especiales, colocados por encima del resto de la población. En tal sentido, la misma ley debió obligar al empresariado nacional a concederles a sus jubilados los mismos beneficios que les concede a los pensionados del estado. Al no haberlo hecho, han convertido a ese sector en un grupo privilegiado, en una casta con fueros especiales, que lo diferencian groseramente de los demás integrante del país. Y eso, como es fácil comprender, no se puede aceptar.

Pero eso no e todo, porque la misma Constitución prohíbe todo tipo de discriminación en este país ; y más aquellas que, como ya dijimos, pretenda establecer privilegios que tiendan a la creación de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. De allí que Maduro no puede ponerle el ejecútese a esa ley sin que al mismo tiempo incurra en una grave violación de la Constitución, y eso no lo puede hacer. Lo que sí debe hacer a quien corresponda en el gobierno, es dirigirse a los pensionados del Seguro Social informándoles acerca de la situación. Decirles, por ejemplo, que hasta tanto la oposición no corrija esa falla de la ley que mantiene al margen de eso beneficios a venezolanos tan necesitados como ellos, lamentablemente el gobierno no va a poder hacer efectiva las disposiciones contempladas en un instrumento legal que, como la aprobada por la derecha en la Asamblea Nacional, en el fondo lo que busca es dañar aún más la economía del país.

Sin embargo, el sector oficial no debía conformarse sólo con esto, es decir, con aclararle los hechos a los pensionados, sino que al mismo tiempo que se les explica la situación, la bancada oficialista de la Asamblea debía presentar a su vez un proyecto de ley extendiendo los beneficios de la cesta ticket a los jubilados de las empresas privadas. Esto demostraría cuan sinceros y humanitarios son. Cuan en realidad sienten como propios la penosa situación que, en general, viven los trabajadores al servicio de estas empresas. Pero sobretodo, demostraría también que ese beneficio que en estos momentos le otorga el fascismo exclusivamente a los pensionados del estado, no es el producto de cálculos electorales. O en otras palabras: no obedece al perverso deseo de granjearse el respaldo electoral de estos compatriotas para luego, una vez en el poder, arrebatarles lo que ahora le han dado, como han hecho sus correligionarios políticos en otros países.

Pero, además, ¿qué sinceros podrían ser, qué sensibilidad social y humana podrían tener quienes en el último golpe que habían fraguando tenían planificado bombardear entre otros sitios concurridos la Plaza Venezuela de Caracas, donde de haberse llevado a cabo esos siniestros planes hubieran fallecidos cientos de seres inocentes? ¿Que en la larga lista de personas que tenían previsto asesinar figuraba esa ilustre y honorable compatriota como es Tibisay Lucena, que con su desempeño al frente del CNE no ha hecho sino enaltecer el gentilicio venezolano? Y si estos vándalos, que lo que tienen de cobardes lo tienen también de asesinos, tenían pensado liquidar fríamente a la doctora Lucena, nada de extraño tendría que tuvieran pensado hacer lo mismo con sus distinguidas y meritorias compañeras Socorro y Oblitas, crímenes que para poder ser cometidos sólo haría falta carecer de escrúpulos. Y en esta materia, los de la oposición padecen una un crónica y profunda indigencia.

NOTA: Hace unos días el presidente Maduro sugirió la posibilidad de consultarle a la población acerca de si debía promulgar o no la ley de amnistía recientemente aprobada por la mayoría fascista de la Asamblea Nacional. Y yo pregunto: ¿Qué podría opinar esa población sobre un tema que desconoce por completo y del cual sólo habrá oído mencionar su nombre? Por supuesto, que no podría opinar nada, debido a que quienes estaban obligados a informarle, el PSUV y el propio gobierno, no lo han hecho todavía. Se conforman con hablarle generalidades acerca de esta importante cuestión por VTV, cuya audiencia, para completar, es una de las más bajas del país.

¿Qué se debió hacer? Si alguna vez se justificaba una cadena de radio y televisión para transmitir, por ejemplo, una mesa redonda sobre la ley de marras, era en esta oportunidad. Ya que no es común que un cuerpo legislativo como la Asamblea Nacional, uno de los poderes fundamentales del estado, en lugar de colaborar en el combate contra el delito, lo que hace es aprobar una ley que de hecho lo que hace es legitimar el delito, legalizarlo, lo cual es el colmo de los colmos. Por esta vía, creo que esta Asamblea se ha deslegitimado moral y éticamente. De allí que desde el punto de vista de estos valores, esta Asamblea es espuria, puesto que en lugar de ser un cuerpo legislativo respetable, se ha comportado como una verdadera mafia. Otra cosa que también se debió haber hecho, es haber impreso en rústica hojas, folletos o lo que sea,, y repartir ese material casa por casa, para que las personas se enteraran hasta qué grado de depravación moral han llegado quienes aspiran a gobernar a este país. En vista de esta inexplicable e injustificable omisión -una más- creímos conveniente elaborar un pequeño volante en el cual dábamos a conocer parte muy pequeña del contenido de ese bodrio legislativo, de un bodrio legislativo que de promulgarse, indudablemente que tendría unas muy graves implicaciones, no sólo para la vida institucional y legal del país, sino también para la paz y seguridad de sus habitantes. Debemos aclarar que por razones obvias, ese volante sólo fue repartido entre un pequeño número de personas, integrantes en su mayoría de amigos y familiares.

L A A M N I S T I A

Como es del conocimiento público, la oposición en la Asamblea Nacional está tratando de aprobar -de hecho ya lo aprobó en primera discusión- un proyecto de ley de amnistía, mediante la cual saldrían en libertad sujetos responsables de las llamadas guarimbas. Acciones terroristas que dejaron a su paso una gruesa estela de dolor, destrucción y muerte. Se trata, como es fácil apreciar, de una iniciativa legislativa que de prosperar, los hechos que tradicionalmente hemos considerado como delitos, dejarían de serlo. Y así, acciones y actos cometidos contra las personas, como asesinatos, violaciones, secuestros, el delito de narcotráfico, pero también el porte ilícito de armas, la fabricación y utilización de explosivos, etc., si se alga que todos estos y otros muchos hechos ciminales más se cometieron con fines políticos, dejarían de ser delitos, y por lo tanto, dejarían también de ser perseguidos y condenados por la ley; es decir, que quedarían impunes, sin el castigo correspondiente. De manera, que el monstruo que asesinó a la joven trabajadora de Venevisión y al hijo que llevaba en su en su vientre, en virtud de este adefesio legal, saldría muy orondo en libertad, como si no hubiera hecho nada, porque hasta el expediente habría que borrárselo. Otro tanto ocurriría con el paramilitar colombiano que, por orden de la oposición descuartizó en vida a Robert Serra, también esta bestia saldría en libetad. Las hienas, que presas de un furor homicida asesinaron a un par de jóvenes policías, una linda jovencita de apenas 19 años y otro de 26, también gozarían del mismo beneficio. Los que intentaron quemar un preescolar atestado de niños, los que degollaron unos motorizados con guayas atravesadas a ambos lados de unas carrreteras, el culpable de la muerte de 43 personas inocentes y más de 80 heridos, o sea, Leopoldo López, todos estos asesinos se verían perdonados de sus horrendos crímenes por sus secuaces en en la Asamblea Nacional. Ahora, varias preguntas: ¿podría alguien sentirse seguro en un país así? ¿Sentirse seguro sin saber en qué momento la violencia política podría alcanzarlo a él o a cualquier miembro de su familia? ¿Sin saber en qué momento aparece un grupo de vándalos y, estimulados por la idea de quedar impune, traten de quemar su vehículo o autobús contigo adentro, como varias veces ha ocurrido? Creemos que no. Entre otra cosas, porque la violencia es ciega y ataca indiscriminadamente, llevándose por delante seres inocentes de cualquier edad y sexo.

En estos momentos en que el destino del país está en juego, es evidente que el enemigo no es el gobierno.

LA LEY DE AMNISTÍA ES UNA INMORAL AFRENTA, UN ULTRAJE INACEPTABLE CONTRA LA JUSTICIA Y LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.