La Asamblea Nacional acaba de aprobar el acuerdo más oprobioso en la historia del Parlamento venezolano, y cuidado si latinoamericano. Al respaldar la obsesión de Luis Almagro de aplicar a Venezuela la Carta Interamericana, este Poder Legislativo en desacato abona el terreno para expulsar a Venezuela de la OEA y tiende la cama para una eventual intervención imperial disfrazada con el manto de "coalición internacional". En esto no coincide, sino que sigue a pie juntillas el guion de Donald Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca telefonea a los presidentes del continente para hablarles de un solo tema: Venezuela.
Cada letra se nos atasca y cada palabra de este escrito nos atraganta. Sabemos que la derecha es capaz de cualquier cosa, pero todavía creíamos que algún resto de pudor, para no hablar de dignidad, quedaba en los que hoy hacen vida en el viejo Palacio Federal. Por allí pasaron, ¡por Dios!, los adecos dignos de la resistencia, los comunistas heroicos de todas las persecuciones, los soñadores fundadores del MIR y aquella juventud de URD de hombres verticales como Alirio Ugarte Pelayo, José Vicente Rangel y Fabricio Ojeda. ¡Qué cataplasma de ignominia cayó sobre esta cosa esperpéntica hoy llamada Asamblea Nacional!
Las balbuceantes explicaciones de semejante conducta dilatan la pena ajena y propia. Algunos como Florido consideran que nada tienen que aclarar, y tienen razón: son lacayos estructurales y lo asumen hasta con desafiante orgullo. Pero hay otros que alguna vez militaron en la izquierda, en la socialdemocracia nacionalista o en el cristianismo comunitario y se enredan explicando que no piden la aplicación del artículo que establece la expulsión de la OEA y abre las puertas a una intervención, sino del otro que ordena la realización de elecciones. Que se lo expliquen a los intervencionistas o invasores.
Lo que ocurrió el aciago martes 21 de marzo de 2017 en la AN debe ser difundido, discutido y denunciado hasta en el último rincón de la patria. Una mayoría lacaya mancilló el Acta de Independencia firmada el 5 de julio de 1811 y la Constitución Nacional aprobada por el pueblo en el referéndum del 15 de diciembre de 1999. No están en disputa una silla o una curul. Está en juego la patria.
