Un enorme huracán en el estado de Luisiana, incendios forestales en California y Grecia, inundaciones y deslizamientos de tierra en el sudeste asiático: los impactos cada vez más devastadores de la emergencia climática se hacen sentir por todo el mundo. Solo los negacionistas del cambio climático más empedernidos rechazan la evidencia científica que señala que la actividad humana es la responsable de esos desastres. Negociaciones formales para abordar la crisis están en marcha, pero no se están llevando a cabo con la suficiente rapidez. El planeta está en un punto de inflexión, al borde de una catástrofe climática acelerada por una cadena de retroalimentación cíclica irreversible. Los activistas ambientales se manifiestan cada vez con más frecuencia a través de protestas de acción directa no violenta para exigir cambios. Muchos se enfrentan a procesos judiciales, penas de prisión, agresiones violentas e, incluso, la muerte en represalia.

Nonhle Mbuthuma, una activista ambiental sudafricana ganadora del premio Goldman 2024, escribió el prólogo del nuevo informe elaborado por Global Witness, titulado "Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente". En el inicio del prólogo, Mbuthuma expresa: "Hoy me toca a mí, como defensora, presionar a las élites del poder para que tomen medidas radicales que nos alejen de los combustibles fósiles y nos lleven a sistemas que beneficien a toda la sociedad".

Global Witness es una organización no gubernamental internacional que investiga y expone los abusos contra el medioambiente y los derechos humanos en las industrias extractivas, como las de la minería y los combustibles fósiles, así como los fuertes nexos políticos y financieros relacionados con esos abusos.

Este último informe de la organización detalla los asesinatos y desapariciones de personas defensoras de la tierra que tuvieron lugar en 2023 y revela que 196 activistas ambientales perdieron la vida durante ese año alrededor del mundo.

Laura Furones, asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, dijo a Democracy Now!: "Por desgracia, 2023 fue otro año atroz para quienes defienden sus tierras y el medioambiente. […] Estamos viendo niveles de violencia sin precedentes en todo el mundo, que ocurren cada vez con más frecuencia. Realmente tememos que esto se intensifique a medida que las consecuencias de la crisis climática se hagan más evidentes".

En 2023, más del 70% de los asesinatos se concentraron en cuatro países: Brasil, Colombia, Honduras y México. Colombia encabeza la lista como el país más letal para quienes se movilizan en defensa de la tierra y el medioambiente, actividad que le costó la vida a al menos 79 personas, lo que representa el 40% del total de muertes reportadas.

Durante la entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Furones agregó: "El caso de Colombia es particularmente trágico. […] Si revisamos todos los datos históricos que Global Witness ha recopilado desde que empezamos a registrar casos en 2012, vemos que Colombia es el país que siempre lidera la lista. Estamos hablando de gente de las comunidades indígenas Nasa y Nahua, y de otros pueblos originarios. La mitad de las personas defensoras de la tierra que han sido asesinadas en Colombia y, de hecho, el 49% de los activistas ambientales que han perdido la vida a nivel mundial, provienen de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes".

Furones explicó al respecto: "Esto no es una coincidencia. […] La ciencia nos dice muy claramente que los pueblos indígenas son especialmente buenos a la hora de proteger las tierras en las que viven. Por eso, los cada vez más escasos recursos naturales del planeta, que seguimos extrayendo, continúan ubicándose en tierras indígenas".

La minería es, por lejos, la industria más vinculada a asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra, y la mitad de esas muertes vinculadas al sector sucedieron en América Latina. Sin embargo, como informa Global Witness, los activistas por la justicia climática y el medioambiente también corren grandes riesgos en África y Asia.

El informe de Global Witness incluye una muerte de una persona defensora de la tierra en Estados Unidos en 2023. Se trata de Manuel Esteban Terán, de 26 años, a quien llamaban Tortuguita. Tortuguita murió a manos de la policía tras recibir 57 impactos de bala mientras protestaba de manera pacífica contra la construcción del centro de capacitación policial conocido como "Cop City" en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, un proyecto valuado en decenas de millones de dólares. Hasta el momento, ningún policía ha sido imputado por la muerte de Tortuguita.

Aunque las muertes de defensores de la tierra son poco comunes en Estados Unidos, los activistas ambientales en Europa occidental y América del Norte enfrentan juicios y severas condenas por participar en movilizaciones pacíficas.

Linda Lakhdir, directora jurídica de la organización Climate Rights International, dijo a Democracy Now!: "En varios de estos países democráticos y ricos, las sentencias que se están aplicando a quienes se movilizan contra el cambio climático están alcanzando niveles extremadamente represivos. Se están imponiendo penas de prisión muy largas. Hay personas que están bajo prisión preventiva para evitar que asistan a las protestas. Emplean cañones de agua para dispersar a las personas que se manifiestan de manera pacífica y utilizan dolorosos métodos, como el llamado "pain grip" o "torcedura de muñecas", para inmovilizarlos. Es realmente sorprendente cómo estos países, que se presentan como emblemas del Estado de derecho, están reprimiendo lo que son, básicamente, acciones de protesta pacíficas".

Climate Rights International investiga las consecuencias del cambio climático para los derechos humanos, como expone en detalle el nuevo informe de la organización, titulado "En la cuerda floja: respuestas desproporcionadas a manifestantes contra el cambio climático en los países democráticos".

La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP29, se llevará a cabo en noviembre en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Al igual que muchas cumbres climáticas anteriores, esta se celebrará en un petro-Estado dictatorial donde las protestas están prohibidas y no existe derecho a la libertad de expresión.

El tiempo apremia y es fundamental avanzar con decisión en todos los frentes para prevenir los peores impactos de la crisis climática. Quienes lideran el movimiento por un futuro sostenible deberían ser elogiados, no perseguidos.