Cuando cae el muro de Berlín, en 1989, muchos se regocijaron del triunfo de un bloque sobre el otro, con la pronta caída de la Unión Soviética. Se declaró el fin de las ideologías, y hasta el fin de la historia. Las antiguas repúblicas del bloque soviético fueron abrazando el capitalismo de Occidente con distintos grados de entusiasmo, entre resignación y legítima alegría. No es para menos, si recordamos los desmanes de la época de Stalin, en particular.
Pero sucede que, transcurridas las celebraciones, un proceso inverso se vive en el patio trasero del campo Occidental, cuando éste busca concretar su proyecto hegemónico, creyéndose ya victorioso; por medio del Consenso de Washington, y la aplicación de medidas de ajuste estructural. Así como las repúblicas ex-soviéticas se pasan al capitalismo, comienza a brotar el socialismo en América Latina, para sorpresa y consternación de algunos; y con nuestro país llevando el estandarte, luego de haber sido aparentemente entre los más ‘americanizados’ del continente.
Resulta un desacierto equiparar este socialismo, nacido del desencanto con el dogma neoliberal, y por lo tanto algo más inmune a sus pretendidos encantos, a aquel que tan rápido sucumbió a sus seducciones. Solo los más ideologizados de la oposición se niegan a verlo. La ecuación está invertida, por lo que plantear soluciones de ‘libre mercado’ hoy día en Venezuela equivaldría, de cierto modo, a venderle soluciones ‘socialistas’ a Polonia. Esta reflexión surge de una conversación con un amigo de Uzbekistán, antigua nación satélite del bloque soviético.
Por otro lado, un socialismo que surge en medio de una fuerte cultura consumista, en un país con uno de los más altos niveles de uso del Twitter, y con elevadísimos índices de teléfonos inteligentes per cápita, tiene poco que ver con aquel socialismo de antaño, vivido en otras latitudes, y que resultó ser tan vulnerable frente a los deseos reprimidos de la población.
Vemos que Karl Popper fue acertado al arremeter contra el ‘historicismo’: la pretensión de que se puede predecir el futuro de la humanidad, refiriéndose muy especialmente al caso soviético. Le daba, en cambio, la razón a Von Hayek, viendo la salvación en el eterno presente de la ciencia económica y del ‘individuo racional’, por su fundamentación en experimentos comprobables del comportamiento humano, como el célebre dilema del prisionero; haciendo así frente al pensamiento utópico y especulativo.
Sin embargo, los esfuerzos por extrapolar las condiciones muy particulares de dichos experimentos a la humanidad entera traicionan su propia utopía, convirtiéndose así en la mayor fantasía historicista de todos los tiempos: hacer que la realidad, y el futuro, obedezcan a las condiciones del laboratorio neoliberal, para poder predecir y controlar el comportamiento de los actores. Obviamente, aplicar esta fantasía a la sociedad -al igual que el comunismo à la Stalin- no se podría lograr sino por la fuerza, como el mismo Milton Friedman lo admitió, en el caso de Chile. Encajar la compleja realidad humana en una idea o en un modelo teórico, por más validez científica que tenga en determinadas condiciones, supone los mismos medios. Felizmente, la sociedad no cabe en camisas de fuerza.
Pasando propiamente al plano del Estado, lo que Max Weber observó en Europa, en cuanto al monopolio de la violencia en manos de éste, fue un fait accompli, un hecho ya consumado; pero externalizando el proceso que permitió llegar hasta allí como mera contingencia histórica. De este modo, el monopolio de la violencia es visto como condición y no como expresión última de la existencia del Estado, obviando la necesidad de cualquier contrato social previo.
Esta visión nos ha llevado a pensar el "Estado moderno" como una especie de logro universal de la humanidad, y por lo tanto como producto acabado a ser importado y aplicado con poca atención al contexto de cada sociedad, como lo podría ser un invento cualquiera: el bombillo o el teléfono. Pues supone que es suficiente conquistar el monopolio de la violencia ‘legítima’, lo que está muy abierto a la interpretación, e instalar las instituciones como si se tratara de un software.
En nuestro caso, aplicamos en gran parte ese modelo ya hecho, produciendo un curioso sincretismo entre nuestras raíces rebeldes y el ‘deber ser’ de una República, que en Europa se fundó sobre las bases de un Estado ya consolidado, y sobre una cultura de la obediencia; como si Montesquieu nos hablara en condición de paisano, y no desde su propio tiempo y lugar.
Es ésta la razón por la cual, desde generaciones, nos quejamos de que nuestro aparato republicano exista más en papel que en la realidad, y de que seamos fabuladores de las más hermosas leyes, para que se cumplan ante todo en la imaginación de quienes las redactan, alimentando así un fetichismo a la norma escrita. Sólo desde que estamos en revolución, y que somos República Bolivariana, hemos por fin comenzado a entender, progresivamente, el llamado hecho por el maestro de todos los tiempos, Simón Rodríguez, quien alertaba que tanto nuestras instituciones como nuestro gobierno habían de ser originales; “y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos”.
En este sentido, el Estado Comunal nos ofrece la oportunidad de seguir superando materialmente aquellas discordancias, y lejos de buscar replicar el socialismo soviético, se trata de encontrar nuestro propio camino hacia una sociedad más perfecta, sincerada consigo misma. Quienes aspiran al modelo suizo o escandinavo como referencia, con su relativa condición de paz social, rara vez se detienen a ver que esos países no han tenido que lidiar con las mismas contradicciones históricas. La cohesión social ha sido el prerrequisito para su desarrollo. Pero dicha cohesión en nuestro caso no se puede alcanzar en un vacío, adoptada como simple consigna. Necesariamente exige equilibrar las balanzas históricas hacia la equivalencia, en todos los sentidos de la palabra -tanto en lo simbólico como en lo real-, a favor de quienes siempre habían sido mantenidos al margen de la vida política.
Detrás del concepto comunal está el compromiso de profundizar el contrato social, de no tomarlo por adquirido; tampoco pretender que la democracia representativa en sí sola, con sus conocidas deficiencias, le otorgue al Estado la legitimidad suficiente para actuar en nombre del Pueblo.
Algunos dirán que el contrato social siempre fue una quimera, y ciertamente en el caso europeo éste podría verse como una mera extensión del contrato feudal, entre reyes y vasallos, de protección a cambio de tributo. Algo más elaborado, y con un nombre más atractivo, pero traduciéndose en una relación esencialmente coercitiva entre Estado y ciudadano. A la Revolución Francesa se le hizo fácil esa trasposición, sobre los cimientos del feudalismo y del absolutismo. Pero en nuestro caso, con un Estado aún a medio hacer, tenemos la oportunidad incluso de ir más allá del contrato social, hacia una auténtica construcción colectiva y corresponsable, hacia un ‘Estamos’.
¿Por qué la descentralización tiene que limitarse sólo a estados y municipios? ¿Qué las hace las únicas formas válidas de gobierno local? Para algunos opositores, con evidente nostalgia por los tiempos de la colonia, parece ser razón suficiente que éstas sean estructuras heredadas de los ayuntamientos y provincias que nos legaron los españoles. ¿Acaso la inventiva humana termina ahí? Tal como lo consagra nuestra Constitución, tenemos derecho a nuevas instancias de organización popular y participación directa, a nuestras comunas -como también las tienen los países escandinavos; pero no como modelo a importar, sino construidas a partir de nuestras propias realidades y aspiraciones, al igual que en aquellos países en su momento.
En un sentido profundo, se trata de recuperar los espacios de la vida en común que nos fueron negados por la sociedad colonial, luego capitalista.
El tiempo ha demostrado que la Guerra Fría no culminó con el triunfo de un bloque sobre otro, sino con la progresiva victoria de los pueblos, que despiertan y reencuentran sus propios rumbos. La aspiración de un Estado Comunal no es otra que la de un Estado auténticamente del pueblo y para el pueblo, no como entidad abstracta que actúa en su contra.
Ahora bien, su construcción no está libre de riesgos. No es sencillo reemplazar una casa vieja y decrépita por otra nueva y mejor, sobre el mismo terreno, que además deben construir sus propios habitantes. Algunos no aguantan el esfuerzo y la incomodidad, otros simplemente observan mientras los demás hacen, otros tantos prefieren mudarse mientras las obras están en curso, o irse y ni siquiera volver; otros aún prefieren seguir remendando la casa vieja y tapando las goteras. Pero seguimos siendo más quienes creemos que vale la pena construir una casa, una Patria, nueva.
Antropólogo, asesor en territorio humano
george@cantaclaro.org
