A propósito de la Ley de Registro Público y del Notariado vigente y el anteproyecto de Reforma de la misma, con todo respeto y lamentando tener que hacerlo públicamente, me veo en la obligación de escribir esta carta abierta por las razones que todos conocemos, como es, la incomunicación que existe entre pueblo y nuestros dirigentes, en cuestiones que nos afectan y de las cuales estamos seguros Uds. desconocen, incluyendo al Comandante-Presidente.
Se trata de las múltiples inquietudes de gran numero de compatriotas quienes se quejan del trato recibido en Notarias y Registros de la Jurisdicción del Estado Táchira y de la cual hay decenas de denuncias, donde además, les son violados sus derechos al obligarlos a pagar impuestos al Colegio de Abogados del Estado Táchira, pues de lo contrario no le dan fe pública a los documentos que se van a Registrar o Notariar, basándose en una interpretación arbitraria del Articulo 22 de la Ley supra señalada.
Para fundamentar y graficar la presenta carta-denuncia citare el caso de la Compatriota Jenny Maigualida Alviarez C.I.V. 8.993.613 quien solicito registrar una hipoteca de I grado en el Registro del Circuito I de la Circunscripción del Estado Táchira, de acuerdo a lo establecido en la última reforma de la Ley de Registro Público y del Notariado esta ciudadana queda exenta de pagar el arancel por tratarse de un crédito adjudicado por BANFOANDES, amparado por la ley de política Habitacional, como en efecto sucedió. Pero no paso lo mismo con el pago del visado del Colegio de Abogados, ya que hubo de cancelar la cantidad de mil doscientos cincuenta bolívares (Bs. 1.250, oo), según planilla No.696444,de fecha 15/05/2009, pues de lo contrario no le darían curso al documento.
Destacándose en este caso, que de nada vale la voluntad del Gobierno Nacional, cuando impone reformas y políticas de inclusión que favorecen al ciudadano, pues los viejos vicios se sobreponen, dando al traste con los objetivos sociales de estas iniciativas.
Ya en mayo del 2003, la Corte I de lo Contencioso Administrativo en la decisión No. 2003-1630 declaro nulo el Reglamento Nacional de Visados del Colegio de Contadores Públicos quienes al igual que lo hace hoy el Colegio de Abogados, obligaban al usuario a pagar en el Colegio de Contadores el Visado.
Es importante que se hagan las averiguaciones correspondientes y se establezcan los correctivos necesarios, pues tengo entendido que en otros Estados del interior del país, al parecer sucede esta misma arbitrariedad, que contradice el contenido social, igualitario e inclusivo que significa la implementación de políticas que exoneran de aranceles e impuestos a aquellos ciudadanos que han logrado o quieren adquirir una vivienda a través de la ley de política Habitacional y que para ello deben recurrir a diversos mecanismos de financiamiento complementarios que les faciliten, con esfuerzo y sacrificio, lograr sus más caros objetivos de mejorar su calidad de vida.
Como es de su conocimiento, no existe en la Ley de Registro Público y del Notariado vigente, ningún artículo que obligue a los Notarios y Registradores a defender los intereses del Colegio de Abogados, por encima de los intereses de los ciudadanos. Tampoco la Ley de abogados faculta al Colegio de Abogados para cobrar impuestos al ciudadano.
Cuando se obliga al Ciudadano a cancelar en las Oficinas públicas el impuesto para el Colegio de Abogados, se está vulnerando el Principio Constitucional de Legalidad tributaria contemplada en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, quien es el único autorizado para crear, modificar o suprimir tributos. Contraviniendo también la Constitución Bolivariana de Venezuela en su Artículo 317 que reza “No podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley………No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales”.
He decidido dirigirme, especialmente a Ud., en nombre de numerosos “paisanos tachirenses”, convencido de su voluntad política para atender el clamor de los compatriotas que a diario son víctimas de estos viejos vicios de la Administración Pública, que demoran, encarecen las gestiones y desvirtúan la generosa acción del Gobierno Nacional.
Seguro de la aceptación y sus buenos oficios para ponerle fin a estos cobros de impuestos por demás ilegales y abusivos, me despido de Usted
hgarzon@cantv.net
