Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, estalla en Colombia una cruenta guerra civil que ha dejado hasta hoy millones de muertos y desplazados. Desde ese entonces, Venezuela ha mantenido algún tipo de relación, siempre discreta, con los grupos guerrilleros de este país. Esta vinculación se inicia bajo el primer gobierno de Caldera y se intensifica con el de Carlos Andrés Pérez, aunque diversos textos colombianos sostienen que durante la dictadura del general Pérez Jiménez, Venezuela apoyó a la guerrilla colombiana como una estrategia de política exterior que tenía como objeto mantener ocupado las fuerzas militares colombianas, tal y como lo ha manifestado el General de Brigada (R) Humberto Vivas González, quien fuera miembro del Estado Mayor de Pérez Jiménez.

En 1988, Venezuela apoyó la apertura política del gobierno de Belisario Betancourt. La Unión Patriótica, partido político de las FARC, obtuvo 18 alcaldías en las elecciones municipales, pero una campaña de terror en su contra dejó un saldo de trece alcaldes muertos y otros forzados a renunciar, imposibilitando así la inserción de la guerrilla en el sistema político colombiano. A comienzo de los 90, se produjeron dos acontecimientos decisivos para el futuro de las FARC: el colapso de la Unión Soviética, y el traslado en masa de los cultivos de coca desde Bolivia y Perú hacia Colombia, permitiendo no solo el impulso de la economía colombiana, sino el resurgimiento de la guerrilla, que a pesar de que no la cultiva o transporta, le carga impuesto tal y como lo hacen las instituciones financieras de países productores y consumidores. Como consecuencia, el conflicto armado se agudizó en la frontera colombo-venezolana, haciendo que el presidente Samper planteara por primera vez la “persecución en caliente” de irregulares colombianos en suelo venezolano, lo cual fue rotundamente rechazado por el gobierno de Caldera por tratarse de una flagrante violación a la soberanía nacional. Es entonces cuando el gobierno venezolano se embarca en negociaciones directas con la guerrilla colombiana para minimizar el impacto de sus operaciones en la frontera, lo cual produjo, entre otras cosas, el ingreso de Granda a Venezuela.

Con la llegada de Andrés Pastrana al poder, el conflicto armado colombiano alcanza una nueva dimensión. El “equilibrio estratégico” entre las fuerzas armadas y guerrilleras es admitido tácitamente por el gobierno colombiano permitiendo el inicio de las negociaciones de paz. Para ello, se crea una zona desmilitarizada al tiempo que funcionarios de Estado y organizaciones internacionales de todo el mundo comienzan a sostener reuniones con líderes de las FARC, reconociendo así su beligerancia política. Consecuente con la constitución y su política exterior, el gobierno del presidente Chávez apoyó con total decisión la política del presidente Pastrana y se prestó como facilitador en las negociaciones de paz con la anuencia, en todo momento y circunstancia, del gobierno colombiano. Sin embargo, el difícil proceso de pacificación fue perturbado y obstaculizado de manera sistemática por la posición ultraconservadora de la oligarquía colombiana. Su más fiel representante, Álvaro Uribe, llega a la presidencia y asume como propia la política exterior estadounidense post 11-S basada en la “Doctrina Bush” de guerra preventiva unilateral, lo cual pasaba inexorablemente por catalogar a las FARC de “terrorista” y emprender su “aniquilación total”. Bajo el amparo del Plan Colombia, Estados Unidos logró penetrar militarmente el territorio colombiano y utilizarlo como puerta hacia una intervención directa en la región andina, lo cual solo se podrá materializar en la medida que los países fronterizos se vinculen directamente con el conflicto armado colombiano. En este contexto, la política integracionista y nacionalista del presidente Chávez representa un serio obstáculo para las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos, por lo que la administración Bush conjuntamente con la oligarquía colombiana, ha venido realizando desde hace algunos años una serie de declaraciones y acciones de manera sistemática que presentan al gobierno venezolano como un “Estado Forajido” que ofrece albergue a grupos “terroristas”, tal y como se ha hecho con el caso Granda. Además de descalificar al legitimo gobierno bolivariano, esta estrategia de arrastrar a Venezuela hacia un conflicto ajeno a sus intereses, es defendida por los cipayos de la apátrida, pitiyanqui, reaccionaria y neoliberal oposición y medios de comunicación venezolanos en menoscabo de la soberanía nacional. Son ellos, quienes siguiendo las ordenes expresas de la administración Bush, acusan al gobierno de Chávez de darle santuario a “terroristas” y exigen llevar el tema del “terrorismo” a una cumbre de países andinos tal y como lo pide el presidente Uribe y en contra de lo que ha sido históricamente la acertada política de Venezuela, así como la de Brasil y Ecuador, de no catalogar a las FARC de “terroristas” y considerar el conflicto armado colombiano un asunto interno de Colombia.

Antonio Guillermo García Danglades,
Internacionalista, MA