"Anoche, ordené fuerzas militares estadounidenses a Panamá. (…) Durante casi dos años, Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe trabajamos juntos para resolver la crisis en Panamá. Los objetivos de Estados Unidos habían sido salvaguardar la vida de los estadounidenses, defender la democracia en Panamá, combatir el tráfico de drogas y proteger la integridad del Tratado del Canal de Panamá. Muchos intentos han sido hechos para resolver esta crisis a través de la diplomacia y las negociaciones. Todos fueron rechazados por el dictador de Panamá. (…)"

"Hace un año, el pueblo de Panamá vivía con miedo bajo el yugo de un dictador. Hoy, la democracia ha sido restaurada. Panamá es libre".

Presidente George H.W. Bush (1989)


El 20 de diciembre de 1989, el entonces presidente norteamericano George H.W. Bush, ordenó la movilización de unos 24 mil marines a territorio panameño, quienes en horas de la madrugada atacaron sin clemencia instalaciones públicas, civiles y militares, en una invasión unilateral e ilegal, falazmente llamada "Operación Causa Justa", con el objeto de deponer al presidente Manuel Noriega, otrora aliado y agente de la CIA durante la guerra fría, e instalar un gobierno sumiso a los intereses transnacionales de Washington.

Diversos analistas han coincidido en que la cobertura mediática nacional e internacional de la invasión a Panamá, se realizó en plena colaboración con el gobierno norteamericano con el fin de dirigir a la opinión pública. Durante y después de la invasión hubo una ausencia total de objetividad y equilibrio, ocultando la perspectiva mayoritaria del país opuesta a la invasión.

El investigador y ex diplomático panameño Humberto Brown, sostiene que la gran mayoría de afectados por el ataque fueron personas de bajos recursos provenientes de zonas urbanas. Durante la primera media hora de la invasión, asegura Brown, el ejército estadounidense lanzó cerca de 400 bombas sobre los barrios pobres de El Chorrillo, Marañón y Caledonia, mientras que las zonas más adineradas se encontraban perfectamente protegidas. Sin embargo, la tragedia vivida por el pueblo panameño, las muertes y asesinatos provocados por las fuerzas militares estadounidenses, fueron ocultados sistemáticamente por los medios de comunicación que concentraron su atención en la persecución y posterior captura de Noriega y el "restablecimiento de la democracia" en ese país.

En efecto, la "restitución de las libertades" y el "fin de la dictadura" fueron los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la invasión. Para el laureado profesor de historia de la Universidad de Nueva York, Greg Grandin, la invasión de Panamá, además de haberse llevado a cabo de manera unilateral, constituyó una violación a la soberanía nacional "en nombre de la democracia", bajo la premisa de que la "soberanía nacional estaba subordinada a la democracia".

En ello ha coincidido Peter Kornbluh, Director del National Security Archive de la Universidad George Washington, encargada archivar y publicar documentos desclasificados, quien argumenta que Estados Unidos ejerció en Panamá la "doctrina del poderoso-hace-lo-correcto": invade países pequeños, obtiene lo que quiere y "deja a las personas que viven allí en una especie de putrefacción". Para Kornbluh, "Panamá es otro ejemplo de cómo destruir un país para salvarlo."

Veintiocho años después, también en nombre de la "democracia", el imperio norteamericano y sus socios en Venezuela y el mundo, han desatado una campaña mediática internacional en contra del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, logrando calar en la opinan pública la falsa idea de que Venezuela vive un régimen totalitario conducido por un dictador déspota que reprime las libertades y viola sistemáticamente los derechos humanos de la población. Esta noción artificial ha sido cimentada por la OEA y los países neoliberales de la región de manera conjunta y coordinada, ante la pésima política venezolana en el área comunicacional y relacionamiento internacional con la sociedad, y los propios errores institucionales del Tribunal Supremo de Justicia en sus sentencias contra las competencias del parlamento, aunado a la denuncia de la Fiscalía General de la República sobre una "ruptura del orden democrático", haciéndose eco de lo que desde afuera se ha estado promoviendo.

De manera inteligente, el Presidente Maduro pudo solventar la situación que, insólitamente ha caído en oídos sordos. Para la OEA, oposición, medios de comunicación y, por supuesto, Estados Unidos, las sentencias revocadas continúan siendo válidas, en tanto y cuanto las mismas ofrecen la posibilidad de demostrar que Venezuela padece una "dictadura" que debe ser depuesta en breve.

Esta es la gasolina que nutre a la extrema derecha venezolana que, aun sabiendo las grandes posibilidades que tiene de llegar al poder en poco tiempo, dado la pésima valoración que tiene la población en la gestión del gobierno y su incapacidad para doblegar la guerra económica, está decidida a sumir el país en la violencia y extirpar el chavismo de raíz, acabar con las instituciones democráticas nacidas y desarrolladas en revolución, y restaurar el sistema neoliberal y de sumisión al imperio estadounidense previo a la Revolución Bolivariana.

Una vez incendiado el país, las condiciones exigidas por Washington estarán dadas. Así lo reflejarán cabalmente los medios internacionales, y a la administración Trump, aupado por las oscuras y retrogradas figuras del anticastrismo mayamero encarnadas por el senador del Tea Party, Marco Rubio, no le temblará el pulso para hacer nuevamente gala de su extremismo y repetir la invasión a Panamá de 1989, esta vez en suelo bolivariano.

No hay que ser experto para saber que el costo de esta aventura será muy alto. La irresponsabilidad de la patética y apátrida oposición abre las puertas de un inferno de incalculables proporciones, que dejará profunda e irreparables heridas en la sociedad.