El Presidente Chávez anunció que uno de los temas de ser tratados en la Ley Habilitante – o Ley “madre” revolucionaria – pronto de ser aprobada por la Asamblea Nacional, es el asunto de seguridad de estado. En este sentido, tomo este espacio para hacer algunas consideraciones importantes sobre temas que han afectado al país y la revolución durante los últimos años que no han sido atendido de manera eficiente y prioritaria, y entonces, han puesto en peligro la soberanía de la nación y la seguridad de estado. Por ejemplo, el tema del financiamiento a la oposición, el cuál denuncié hace ya tres años por primera vez, ha crecido y expandido.
Según las últimas cifras de la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), más de 11,2 millones de dolares han sido entregados a 342 proyectos en Venezuela durante los últimos 3 años através de la empresa estadounidense Development Alternatives, Inc. (DAI), que administra a una parte de los fondos de la Oficina de Iniciativas a la Transición (OTI), que es una división de la USAID que funciona en el país. Otros 15 millones de dolares han sido entregados a partidos politicos de la oposición, supuestas ONGs y grupos de la llamada sociedad civil, entre otros proyectos políticos, através de la USAID y sus organizaciones estadounidenses afiliadas: el International Republican Institute (IRI), el National Democratic Institute (NDI), Freedom House y el Pan-American Development Foundation (PADF). Estas últimas dos entidades estadounidenses apenás comenzaron a trabajar aquí en Venezuela en los años 2004 y 2005, respectivamente. Las otras, IRI y NDI estan desde el 2003, cuando comenzaron su trabajo fuerte para la campaña del referendo revocatorio, invertiendo más de 9 millones de dolares en ese proceso y en la unificación de la oposición y sus partidos politicos, que luego fue un fracaso. Y la USAID comenzó su trabajo político en Venezuela con la OTI y la DAI en junio del 2002, pocos meses después del golpe de estado contra el Presidente Chávez. En esa época, financiaban apenás 63 proyectos en el país. Hoy en día, han amplificado sus programas, su presupuesto y su alcance: más de 342 proyectos financiados, con 82 aún activos a finales del 2006 en 20 de 23 estados del país, y la ayuda de cuatro entidades con mucho peso en el ámbito internacional y mucha experiencia intervencionista: el IRI, el NDI, Freedom House y el PADF.
Aparte del trabajo intenso de la USAID y sus afiliados, también esta el National Endowment for Democracy (la NED) y sus 15 a 18 grupos financiados en Venezuela, de los cuales todos son contrarevolucionarios (también todos los grupos y proyectos financiados por la USAID, et al, son contrarevolucionarios. Es practicamente un requisito para recibir el financiamiento estadounidense). La NED también ha recibido un aumento en su presupuesto para Venezuela durante los últimos años: de 200 mil dolares en el 2000 a 877,000 en el 2001; a 1.096.000 en el 2002; y más de un millon de dolares cada año desde entonces, con la autorización del propio George W. Bush para dos millones de dolares para el periodo 2006-2007.
La ley que se ha discutida en la Asamblea Nacional sobre el tema del financiamiento a las ONG y los partidos politicos y proyectos politicos aún no ha sido aprobada ni finalizada. Esto es un area de alta importancia para la seguridad de estado. Aquí se esta hablando de un financiamiento creciente, que viene con condiciones, de un país extranjero hostíl al gobierno venezolano, que ha admitido abiertamente que no desea convivir con una Venezuela “socialista revolucionaria”. Entonces, ¿porqué ha tardado tanto para controlar esta situación del financiamiento? ¿Porqué han dejado tantos años pasar sin hacer nada para para o impedir el financiamiento a un conflicto politico? Por falta del control del estado y monitoreo de estas actividades, han podido aumentar los fondos y los grupos que los reciben sin problema ninguno, y ni siquiera se sabe donde estan llegando todos esos millones de dolares.
Tanto como los Estados Unidos tiene la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agent Registration Act “FARA”) – ley que obliga a todos los grupos, organizaciones e individuos que reciben dinero de un gobierno extranjero para fines politicos estar registrados con el Departamento de Justicia de los EEUU y entregar informes mensuales sobre todas sus actividades – Venezuela debe tener una ley que controla o regula el ingreso de dinero de gobiernos extranjeros a ONGs y otros grupos políticos en el país. Y más que todo porque existe documentación bastante amplia y contundente que comprueba sin duda ninguna que la mayoría de estos grupos que recibien el financiamiento de la NED y la USAID han sido los principales promotores del golpe de estado y los otros actos de desestablización en el país durante los últimos cinco años.
Otro tema de alta importancia para considerar en cuanto a la seguridad de estado es el asunto de los acuerdos entre ciertos gobiernos municipales y gobiernos extranjeros. Si existe una ley que permita a los alcaldes hacer acuerdos con gobiernos extranjeros en materia de seguridad de estado – sin que lo sepa el gobierno federal – debe ser cambiada. Doy tres ejemplos críticos. La alcaldía de Chacao ha hecho un convenio con el Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos, para apoyar su policia municipal, entre otras cosas, desde por lo menos el año 2004. El FBI es como la DISIP estadounidense; es el cuerpo nacional de inteligencia y seguridad de estado. El hecho de que la alcaldía de un municipio de la capital del país hace un convenio con un cuerpo de inteligencia de un gobierno extranjero, sin la autorización del gobierno federal, debe causar alarma, y debe ser prohibido. Ese convenio abre la puerta a la entrada de una cantidad desconocida de agentes de inteligencia de los EEUU a Venezuela, sin que lo controle el gobierno nacional.
El segundo ejemplo es con la USAID otra vez, pero no con la OTI o sus otras entidades políticas, sino con su Oficina para la Asistencia a Desastres, la OFDA. La OFDA llegó a trabajar en Venezuela en el año 1999 durante la tragedia de Vargas y ofrecieron su ayuda a los cuerpos venezolanos de protección civil. Desde entonces, han permanecido en el país, trabajando en conjunto con los diferentes cuerpos de Protección Civil y los bomberos. El representante de la OFDA en Venezuela, Manuel Santana, mantiene una relación muy cercana al Instituto de Protección Civil y Ambiente de la alcaldía de Chacao, además de una relación con la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres de Venezuela. Aunque a lo mejor durante la tragedia de Vargas en el 1999, la OFDA presto una ayuda importante al país, no es necesario que mantengan una oficina en Venezuela los 365 días del año, especialmente porque trabajan muy cerca a los profesionales de la Protección Civil y tienen acceso a información estrategica, como rutas de escape, planes geo-políticos del país y otras materiales sensibles. Para dar un ejemplo de como pudiera esta relación comprometer al país solo hay que pensar en la posiblidad de una esquema más intensa de Guerra asimétrica o invasión. Ya estaría en manos del enemigo todos los planes y rutas de escape de los barrios, de los ministerios y palacios federales, etc. Tendrían acceso a las estrategias y comunicaciones internas de los cuerpos de bomberos y sabrían como cerrar o bloquear puentes, trenes, metros y autopistas. En realidad, es un tema de altísima preocupación que debe ser tratado en cualquier ajuste que se haga a las leyes que regulan la seguridad de estado.
El último ejemplo se trata de un caso que he denunciado fuertemente durante el ultimo año pero parece no haber sido tomado muy en cuenta: los Rincones Americanos (American Corners). Estas sedes consulares del gobierno de los Estados Unidos que se han desplegado en cinco estados del país sin la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, sirven como centros de conspiración y propaganda en contra de la revolución. A pesar de su peligro, el gobierno nacional no ha tomado acción ninguna para frenar estas franquisas diplomaticas que violan las normas internacionales. En las ciudades de Barquisimeto, Maturin, Margarita, Lecherias y Puerto Ordaz, estos Rincones Americanos han podido florecer debido a “acuerdos” hechos entre la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela y los diferentes grupos o gobiernos municipales que han prestado sus espacios y servicios al gobierno estadounidense. Colegios de Abogados de Lara, Monagas y Nueva Esparta y el gobierno municipal de Lecharías han sido los principales patrocinantes de estos centros propagandisticas del gobierno de George W. Bush. El gobierno venezolano no debe permitir que un gobierno extranjero vaya abriendo pequeñas oficinas por todo el país sin antes solicitar su autorización, y más que todo cuando se trata de un gobierno hostíl.
Hay muchos más temas de considerar para incluir en la Ley Habilitante que ayudarían profundizar al proceso revolucionario, pero aquí he presentado algunos ejemplos concretos que actualmente estan poniendo en peligro la soberanía y la seguridad del estado, y que debe ser tomado en cuenta.
