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Opositores contra las Sanciones

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Las sanciones unilaterales, tanto colectivas como aquellas individuales, implementadas sin respetar el debido proceso, constituyen una violación de la ley internacional y de los derechos humanos. Además de que por razones de principio y de soberanía se trata de una acción repudiable, forman parte de una estrategia que aleja la posibilidad de un cambio democrático en Venezuela. 

Medidas como la revocación de la licencia que autorizaba a una empresa petrolera como CHEVRON a realizar actividades de explotación y exportación de crudo venezolano a los EEUU, afectan a la nación como un todo, pero en particular a los más pobres, y violentan las más elementales normas del libre comercio internacional. Sus efectos no debilitan al régimen político hegemónico, sino que estimulan sus componentes más autoritarios. Debilitan, además, a la sociedad civil, comenzando por el empresariado nacional, que heroicamente resiste la crisis y permanece en Venezuela, todo lo cual menoscaba la principal base social de un cambio democrático.

Al añadir las sanciones a la pesada herencia de una crisis económica provocada históricamente por muchos años de una errática gestión pública en materia económica (con algunos momentos de excepción), su costo se elevará y recaerá en términos de hambre, enfermedad y mala calidad de vida en los más débiles sociales. Así lo indican numerosos estudios. Una de las consecuencias más perniciosas es hacer que los pobres sean más vulnerables, objeto pasivo y dependiente de los programas sociales del Estado. Como puede deducirse, un pueblo sometido a esta presión tiene más dificultad para ser protagonista libre de su historia.

Las medidas punitivas de expulsión, recientemente adoptadas contra connacionales en territorio estadounidense, sin mediar juicio, ni debido proceso alguno y contraviniendo la sentencia de un juez federal, deben ser rechazadas sin esguinces por todos los venezolanos. Si algún compatriota se encuentra incurso en algún delito, cometido dentro de las fronteras de otro país, debe ser sometido a juicio y, culpable o no, el Estado venezolano debe asistirlo para asegurar su derecho a una legítima defensa, pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es de resaltar que esa misma práctica que viola el debido proceso de forma flagrante se observa en nuestro país de modo reiterado. Y si somos demócratas para criticarla y denunciarla aquí, como lo hacemos, también debemos serlo para criticarla y denunciarla allá. 

Apena observar a un sector extremista de la oposición que, confirmando su condición de fuerza tutelada por otras naciones, no sólo aplaude sino que promueve este tipo de acciones contra Venezuela y contra los venezolanos. Esa conducta viola nuestra soberanía, que todo venezolano debe defender, y se convierte en una conducta de traición a los intereses nacionales. Ser de oposición no es óbice, por el contrario debe ser condición obligante, para poner la patria y su gente por encima de la diatriba política. Venezuela primero. 

 

Este comunicado les será remitido a los congresistas de los EEUU, al gobierno del presidente Trump y a otros actores políticos internacionales, a los partidos políticos en Venezuela y al gobierno nacional.

 

Suscriben, por orden alfabético:

 

Antonio Ecarri

Armando Amengual

Bruno Gallo

Carlos Mendoza Potellá

Daniel Santolo

Eduardo Fernández 

Eduardo Semtei

Enrique Ochoa Antich

Felipe Mujica

Francisco Rodríguez 

Fredderyck Villegas

Giovanna De Michele

Gustavo Hernández 

Gustavo Márquez

Johel Orta

Josefina Jordán

Jorge Ignacio Barragán

Leonardo Morales

Luis Augusto Romero

Luis Fuenmayor Toro

Manuel Isidro Molina

Rafael Quiroz

Rafael Simón Jiménez

Ricardo Ríos

Roberto López

Víctor Álvarez

Vladimir Villegas


 

Venezuelan Opponents Against Sanctions

 

Sanctions Unilateral sanctions, both collective and individual, implemented without respect for due process, constitute a violation of international law and human rights. In addition to being a reprehensible action for reasons of principle and sovereignty, they are part of a strategy that hinders the possibility of democratic change in Venezuela. Measures such as the revocation of the license that authorized an oil company like Chevron to exploit and export Venezuelan crude oil to the United States affect the nation as a whole, but particularly the poorest, and violate the most basic norms of international free trade. Their effects do not weaken the hegemonic political regime, but rather encourage its most authoritarian components. They also weaken civil society, beginning with the national business community, which heroically resists the crisis and remains in Venezuela, all of which undermines the main social basis for democratic change.

By adding sanctions to the heavy legacy of an economic crisis historically caused by many years of erratic public economic management (with some moments of exception), its cost will increase and will fall in terms of hunger, disease, and poor quality of life on the weakest in society. This is indicated by numerous studies. One of the most pernicious consequences is making the poor more vulnerable, passive and dependent objects of state social programs. As can be deduced, a people subjected to this pressure have a harder time being free protagonists of their own history. The punitive expulsion measures recently adopted against Venezuelans in US territory, without trial or due process, and in contravention of a federal judge's ruling, must be rejected without hesitation by all Venezuelans. If any compatriot is found guilty of a crime committed within the borders of another country, they must be brought to trial, and, whether guilty or not, the Venezuelan State must assist them to ensure their right to self-defense, since every person is innocent until proven guilty. It is noteworthy that this same practice, which flagrantly violates due process, is repeatedly observed in our country. And if we are democrats enough to criticize and denounce it here, as we are, we must also be democrats enough to criticize and denounce it there.

It is sad to observe an extremist sector of the opposition, confirming its status as a force tutored by other nations, not only applauds but also promotes this type of action against Venezuela and Venezuelans. This behavior violates our sovereignty, which every Venezuelan must defend, and constitutes a betrayal of national interests. Being part of the opposition is not an obstacle; on the contrary, it should be a mandatory condition for putting the homeland and its people above political diatribe. Venezuela first.

This statement will be sent to the US Congress, the Trump administration, other international political actors, political parties in Venezuela, and the national government. 

 

The following sign, in alphabetical order: 

 

Antonio Ecarri

Armando Amengual

Bruno Gallo

Carlos Mendoza Potellá

Daniel Santolo

Eduardo Fernández 

Eduardo Semtei

Enrique Ochoa Antich

Felipe Mujica

Francisco Rodríguez 

Fredderyck Villegas

Giovanna De Michele

Gustavo Hernández 

Gustavo Márquez

Johel Orta

Josefina Jordán

Jorge Ignacio Barragán

Leonardo Morales

Luis Augusto Romero

Luis Fuenmayor Toro

Manuel Isidro Molina

Rafael Quiroz

Rafael Simón Jiménez

Ricardo Ríos

Roberto López

Víctor Álvarez

Vladimir Villegas

 


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Enrique Ochoa Antich

Político y escritor de izquierda democrática. Miembro fundador del Movimiento al Socialismo (MAS).

 @ehochoa_antich

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