La Revolución Bolivariana es víctima del más grande ataque como prueba de fuego bajo la premisa guevarista de que en las revoluciones que son verdaderas o se mueren ose triunfa. Actualmente se somete a nuestro país a una bestial campaña comunicacional con el fin de de lograr su criminalización. Es lamentable que sea Colombia una de las cinco naciones bolivarianas desde donde se lleve a cabo la ejecución del plan, asumiendo un triste rol de detractores de los procesos de redención social de nuestros pueblos.
No es un hecho fortuito que durante la invasión, masacre y ajusticiamiento vil y cobarde en ecuador al comandante Raúl Reyes y a un grupo de rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia obtienen la tan ansiada evidencia para satanizar a nuestro presidente Chávez. La sangre de los caídos todavía estaba caliente sus cadáveres no habían sido recogidos cuando el general Naranjo, jefe de la Policía Nacional de Colombia anunciaba la “primicia”, que en la computadora de Raúl reyes encontraron documentos, en los que destaca el agradecimiento de Chávez por la ayuda recibida cuando estaba preso. Además, dijo que entre la documentación se encontraba una comunicación que hablaba del “financiamiento de Venezuela a las FARC de 300 millones de dólares”, y para concluir su intervención mencionó que estos documentos “no sólo llevan implícito la cercanía, sino una alianza armada entre la guerrilla y el Gobierno de Venezuela”, cuestión ésta que debe ser demostrada y no con la confesión viciada de Interpol, los cuales al igual que Uribe sostienen que las FARC controlan el narcotráfico en Colombia, ante tal aseveración surgen dos interrogantes: la primera, si las FARC controlan el narcotráfico, y en Colombia existen 118.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, ¿para qué están pidiendo una zona de distensión en los municipios Pradera y Florida cuya extensión territorial es de 80 Km?, y la segunda interrogante estriba en la supuesta ayuda del presidente Chávez. Si las FARC controlan el negocio del narcotráfico y, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2007 de naciones Unidas, Colombia exporta 700 toneladas anuales y a precio de mercado internacional, esto produce 7 millardos de dólares, resulta risible creer que requieren de ayuda económica internacional, será que: ¿el presidente Uribe miente y quiere proteger a su narcogobierno?, habría que preguntarse qué pensará el inefable “zar antidrogas” norteamericano John Walters.
Actualmente en Colombia existen 63 senadores (uribistas) algunos encarcelados, otros investigados y otros huyendo de la corte (incluyendo su primo hermano Mario Uribe) por su vinculación directa con el narcoparamilitarismo, y 160 funcionarios activos de su gobierno, entre otros: Francisco Santos, vicepresidente de la República; Carlos Olguín Sardi, ministro de Relaciones Interiores; Juan Manuel Santos, ministro de la Defensa; José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria y asesor del presidente Uribe; Andrés Felipe Arias “Uribito”, ministro de Agricultura, y Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda. Uribe, para tratar de eludir su responsabilidad, lanza un trapo rojo al gobierno de Venezuela, cuando de manera deliberada una patrulla del Ejército colombiano violó nuestra soberanía con la finalidad de provocar a nuestro Gobierno y lograr la excusa de un conflicto armado con el apoyo de los Estados Unidos, quien de manera paralela ordenara sobrevuelos en nuestro espacio aéreo de un avión de la armada norteamericana S-3BVIKING. Ante tan deplorables hechos debemos estar “rodilla en tierra” apoyando a nuestro comandante Chávez junto al pueblo, en las decisiones que debe tomar.
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