Como ocurrió en Santa Cruz el pasado 4 de mayo, los "autonomistas" de los departamentos de Beni y Pando convocaron y celebraron unilateralmente el domingo pasado sendos referendos sobre unas propuestas autonómicas, con visos separatistas, elaboradas por sus elites políticas y económicas. Al igual que sucedió con los resultados de la consulta de los cruceños, el gobierno los descalificó por ser producto de un evento que carece de todo viso de legalidad y constitucionalidad. Asimismo, tal y como acaeció en Santa Cruz, una parte importante de la ciudadanía se abstuvo de participar en las dos consultas, pasando de un 35 por ciento en Beni y llegando a casi un 50 por ciento en Pando.
En medio, además, de múltiples denuncias de fraude y violencia contra los promotores del "no", las elites autonomistas han proclamado a los cuatro vientos, con la ayuda de los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales, una supuesta victoria aplastante a favor de la autonomía en ambos casos. Según los datos ofrecidos por los propios promotores del "sí", éste se alzó con el 81.7 por ciento del voto en Pando y con el 80 por ciento en Beni.
Así las cosas, si se suma la abstención y los votos por el "no", el 56.23 por ciento de los electores de Pando rechazaron el estatuto autonómico propuesto, en tanto que el 47.19 por ciento de los de Beni le negó su apoyo. Algo parecido aconteció en Santa Cruz, donde el rechazo llegó al 48.94 por ciento. Y al igual que ocurrió allí, la campaña a favor del rechazo fue promovida por el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), así como los movimientos sociales, sindicatos y sectores populares en general, quienes denuncian estos referendos fatulos como acciones que pretenden la desestabilización política y la desintegración territorial de Bolivia.
El gobierno central evaluó los resultados como evidencia de que los procesos de consulta y los estatutos de autonomía, tal y como construidos y promovidos por las elites políticas y económicas en las regiones de la "media luna" boliviana, sólo dividen a sus respectivos departamentos y al país, haciendo inviable la autonomía propuesta. Ello sólo lleva a "la esterilidad del voto", aseguró el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Según Rada, "el intento por imponer unos estatutos divisionistas fue firmemente rechazado" por importantes sectores sociales en ambos departamentos norteños, los que dijeron "autonomía sí, estatutos no".
Ahora bien, no empece la descalificación gubernamental de estas acciones unilaterales en los tres departamentos, no deja de preocupar el creciente tranque político que evidencian entre el gobierno, por un lado, y estas elites autonomistas opositoras, por el otro. Sobre todo, no podemos caer en el simplismo juridicista de creer que por el mero hecho de que no se conforman al estado de derecho vigente, no tienen fuerza, ni gozan de cierta legitimidad potencial en la medida en que continúen las acciones unilaterales de implantación de los estatutos votados, tal y como se ha hecho en Santa Cruz. A éstas, no les ha importado la abstención y mucho menos la ilegalidad de sus acciones. Ya las autoridades del departamento de Tarija han fijado para el próximo 22 de junio su propio referendo.
Si hay un país y una sociedad que debe saber de sobra que más allá de la Constitución y las leyes que formalmente existen, se dan acciones extrajurídicas que tienen efectos legales y constituyentes, ese es Bolivia. En las actuales condiciones, la Constitución formal hace tiempo está siendo superada por una Constitución material que es reflejo de la nueva relación de fuerzas y de poder constituida más allá de la institucionalidad estatal vigente, sobre todo si éstas ya dejan de expresar ese orden civil de batalla que ha tomado forma efectivamente en la sociedad.
Hay que abordar la cuestión de la legalidad como lo que en el fondo es: una cuestión estratégica, de poder, y no jurídica. La experiencia histórica nos enseña, en particular la más reciente, que la sociedad y el Estado no se puede refundar desde el Estado mismo y la legalidad existente. Se consigue a partir de una multiplicidad de acciones que, como en el caso boliviano, no se reducen a las protagonizadas por el poder constituido sino que incluyen también las acciones locales, sobre todo por su efectividad real o potencial. Es desde dichos espacios locales, donde se van trabando efectivamente las nuevas relaciones sociales y de poder. El Estado actual podrá reconocer o no dichos actos, pero no podrá negar sus efectos constitutivos de nuevas situaciones de fuerza y subjetividades concretas.
Desde las calles y los caminos, las ciudades y los campos, el gobierno central y los gobiernos departamentales, los partidos, los sindicatos y los movimientos sociales, las acciones locales, como prueba de fuerza, constituyen en la práctica el nuevo criterio de validez de lo legal y lo constitucional en una situación prerrevolucionaria o revolucionaria como la que se vive en Bolivia. La resistencia, la contestación o la desobediencia, aún si se substraen del ámbito de la legalidad preexistente, son así también fuentes materiales de lo jurídico en circunstancias como las que hoy se viven allí. Lo que es o no legal será siempre una expresión de esas relaciones sociales y de poder acentradas y polimorfas.
El poder, pues, no se centraliza en el Estado sino que es un fenómeno que ya lo ha desbordado. El fin de la refundación también desborda las posibilidades de ese Estado que en su forma actual hace ya tiempo está en crisis. De ahí lo apremiante de la refundación de ese mismo Estado burgués decrépito, objetivo que ha empuñado el actual gobierno de Evo Morales pero que, a todas luces, no ha sido capaz de alcanzar sólo desde la esfera gubernamental. Incluso, el presidente ha admitido haber cometido el error de subestimar la fuerza del autonomismo departamental en la actual coyuntura.
Sobre la crisis actual del Estado boliviano ha dicho el vicepresidente Álvaro García Linera que se experimenta lo que Antonio Gramsci llamó un empate catastrófico entre dos proyectos políticos de país, que ha llevado a cierta parálisis del mando estatal. "Este empate puede durar semanas, meses, años; pero llega un momento en que tiene que producirse un desempate, una salida", advierte.
Urge hallar una salida de este empate catastrófico, insiste García Linera, lo que requiere de la construcción ascendente de una nueva hegemonía y un nuevo orden: "Esta crisis, obligatoriamente, tiene que acabar en algún momento, ninguna sociedad vive permanentemente ni en movilizaciones (la creencia del anarquismo) ni permanentemente en estabilidad (la creencia del cristianismo). Puede haber inestabilidades, luchas, pero en algún momento tiene que consolidarse una estructura de orden que va a seguir teniendo conflictividades internas, por supuesto, pero luego, se va a poder decir: 'a partir de este momento, tenemos un neoliberalismo reconstituido o tenemos un Estado nacional, indígena, popular, revolucionario'. A ese momento histórico, preciso, fechable, le hemos puesto el nombre de punto de bifurcación." Y abunda: "El punto de bifurcación hace que o haya una contrarrevolución exitosa y se regrese al viejo Estado en nuevas condiciones, o que se consolide el nuevo Estado, con conflictos todavía, pero en el contexto de su estabilización. La contrarrevolución requeriría una rearticulación hegemónica de las resistencias regionales con capacidad de expansión de lo regional a lo nacional, por apoyo internacional o por un colapso del mando y de la dirección del bloque revolucionario... Un punto de bifurcación es, en el fondo, un hecho de fuerza en la medición práctica de las cosas. Es un hecho de liderazgo, de hegemonía en el sentido gramsciano del término, de liderazgo moral sobre el resto de la sociedad."
Bolivia parece haber llegado a ese punto de bifurcación, es decir, a ese punto que es, en el fondo, un hecho de fuerza, sobre todo ante la reiterada negativa de los gobiernos departamentales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija a aceptar la invitación al diálogo que una y otra vez le ha hecho el mandatario boliviano. Ante ello, el gobierno de Evo Morales ha apostado a la canalización del actual conflicto por los mecanismos electorales del Estado. El referendo revocatorio que se ha pautado para el próximo mes de agosto debe, según el gobierno, producir una reestructuración democrática de las fuerzas nacionales y departamentales. Definirá si los actuales prefectos de los departamentos de la "media luna" continúan en sus puestos y si, incluso, el propio presidente y vicepresidente, Evo Morales y Álvaro García Linera, siguen gobernando. Ello habrá de definir las posibilidades inmediatas de seguir avanzando hacia la necesaria refundación del país o si finalmente prevalece el autonomismo catastrófico.
*Carlos Rivera Lugo es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, colaborador permanente del semanario puertorriqueño Claridad.
www.claridadpuertorico.com
