Ante la reciente insurrección obrera, campesina y popular de Cochabamba, saludamos a los heroicos trabajadores bolivianos que buscan aplastar a la derecha oligárquica y una salida de fondo para Bolivia.

En Bolivia hace ya varios años, está abierto uno de los procesos revolucionarios más profundos del continente. Todo los acontecimientos recientes, con la caída de dos presidentes de por medio, así como la rebelión de los campesinos, obreros y pueblo pobre de Cochabamba, el derrocamiento del corrupto y oligárquico prefecto Manfred Reyes Villa y la conformación del “gobierno revolucionario popular” en esa ciudad, ponen en evidencia que en ese país, como en todos los de América Latina, no hay salida a sus recurrentes crisis, a la pobreza, a la defensa de la soberanía y a la entrega de los recursos naturales, en el marco estrecho del capitalismo. Que es necesaria una salida de fondo, derrotando al imperialismo y a los capitalistas e imponiendo el poder de las organizaciones obreras y populares.

El gobierno de Evo Morales llegó al poder como producto de esta gran revolución que comenzaron precisamente los obreros y campesinos en Cochabamba con la “guerra del agua” en abril del 2000, que derribó a al presidente neoliberal Sánchez de Losada en el octubre del 2003, encabezada por la insurrección de la ciudad de El Alto, y a su sucesor Carlos Mesa en el 2005. Que impuso una aplastante mayoría electoral, con una participación popular y campesina sin precedentes en el país, para Evo Morales.

Por eso, este gobierno nació con plena legitimidad otorgada por la revolución y también con plena legitimidad democrática electoral, con el claro mandato de las masas revolucionarias de nacionalizar los hidrocarburos, realizar la reforma agraria y una Asamblea Constituyente para refundar el país restaurando todos los derechos nacionales y sociales de sus mayorías indígenas oprimidas desde hace 500 años. Lo que el pueblo boliviano llama “la agenda de octubre”.

La ofensiva reaccionaria y racista de la oligarquía

La oligarquía derechista y racista, asociada al imperialismo, no puede hoy, como hizo siempre en la historia boliviana, dar un golpe militar para derrocar a Evo Morales y masacrar el pueblo revolucionario. No se anima. Sabe que muy probablemente los soldados no obedecerían órdenes golpistas, y los golpistas serían aplastada por los heroicos obreros y campesinos bolivianos, como derrocaron a Sánchez de Losada, o como el pueblo trabajador venezolano derrotó el golpe proyanqui en abril del 2002. Por eso han optado por hacerse fuertes quitarle el poder económico al gobierno para obligarlo a hacer lo que ellos quieren o volverlo totalmente inoperante.

La oligarquía racista ha hecho de los Departamentos (provincias) de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, su baluarte. Estos Departamentos son conocidos como la “media luna” y que en total suman 685,000 kilómetros cuadrados -más de la mitad de la superficie boliviana- exigen una autonomía amplísima que incluiría control del subsuelo (es decir de los hidrocarburos en primer lugar) y de las tierras.

Santa Cruz, el departamento más grande, es el centro agroindustrial de Bolivia. Tarija es el más pequeño pero posee enormes reservas de gas, las segundas en América del Sur después de Venezuela. Sumados a Beni y Pando, estos cuatro departamentos del este boliviano representan el 43 por ciento del PIB nacional y absorben la mitad de la inversión extranjera que llega al país. Están dominados por oligarcas que se robaron la tierra pública en el último medio siglo y tienen enormes posesiones. Además están asociados a las empresas petroleras imperialistas.

El reclamo de autonomía no responde a ningún legítimo interés popular, sino a los intereses de esta concentrada oligarquía y del imperialismo. De hecho los sectores indígenas y campesinos cruceños organizados están en contra.

Branco Marinkovic, empresario croata, es el principal promotor de la “media luna” empresarial, partidario de firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es accionista de la poderosa empresa Transporte de Hidrocarburos (Transredes), cuyo 50 por ciento pertenece a Enron y Shell y opera gasoductos y oleoductos de 6.000 kilómetros que llegan a Argentina, Brasil y Chile. El millonario es directivo de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, del Banco Económico, de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz e Industrias Oleaginosas Limitada (IOL). Marinkovic, además es un voraz latifundista, y fue acusado de poseer miles de hectáreas con fines especulativos. En noviembre del año pasado, el viceministro de tierras, Alejandro Almaraz, comentó a la prensa extranjera que el hombre de negocios “pretendió apoderarse con documentos falsos de cerca de 12 mil hectáreas, de dominio público, en perjuicio de los habitantes indígenas de la zona”.

Alentados por las permanentes concesiones que les hace el gobierno de Evo Morales, los partidos de derecha bloquearon la constituyente con el argumento de que solo puede aprobar algo con los dos tercios de votos. Esto lo habían negociado antes de las elecciones con Evo Morales. Además, por la tramposa ley electoral, que también negociaron con el gobierno en su momento, obtuvieron para los partidos de la derecha 110 de 255 diputados constituyentes. Con esta minoría dicen que no se puede aprobar nada que ellos no quieran.

Pero además impusieron al gobierno que convocara un plebiscito sobre las autonomías, que, según ellos, está por encima de cualquier Constitución, tanto la que rige como la que se vaya a aprobar. Este plebiscito lo ganaron en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (la “media luna”). Pero lo perdieron por paliza a nivel nacional y en todas las demás prefecturas.
Ellos, los oligarcas de Santa Cruz, los sectores agrupados en los partidos tradicionales, son los que participaron en todas las dictaduras, los que apoyaron la represión sangrienta de Sánchez de Losada, los que una y otra vez aplaudieron las masacres contra el pueblo.

Fueron los mismos que le quitaron el mandato de diputado a Evo Morales en el 2001 expulsándolo del Congreso. Pero ahora esos señores hablan de “democracia”. Claro, ellos entienden la “democracia” como el régimen adonde mande solo la minoría blanca y capitalista. Cuando los indígenas se organizaron, pelearon y también votaron contra ellos, gritan “dictadura”. Para ellos es dictadura que gobierne la mayoría indígena, obrera y popular.
Por supuesto estos señores tienen el apoyo apenas encubierto del embajador estadunidense Philip Goldberg. El departamento de Estado yanqui y el embajador vienen hablando de “la necesidad de respetar la democracia” en Bolivia, sugiriendo que las medidas adoptadas por Evo no son “democráticas”.

La política vacilante del gobierno de Evo, permitió a esa oligarquía fascista organizarse, engañar a sectores de clase media y populares de Santa Cruz y Tarija, y ganar un sector de masas para enfrentarlo al resto del pueblo boliviano con una ideología racista e incluso armar grupos fascistas que ya han atacado en varios lugares a las organizaciones populares, incendiaron viviendas y locales políticos de izquierda, especialmente en Santa Cruz, sin que el gobierno de Evo tome ninguna medida efectiva para impedirlo. Esto es un grave peligro para la revolución boliviana, que puede y debe ser derrotado con la movilización independiente de las masas.

La insurrección de Cochabamba

En Cochabamba gobernaba Manfred Reyes Villa. Este ex militar, quedó totalmente derrotado en el plebiscito que hizo para apoyar las autonomías. Pero, burlando la voluntad popular dio el total apoyo a los oligarcas de Santa Cruz. E incluso se “pronunció” por la independencia de Santa Cruz.

Por eso los campesinos y especialmente los cocaleros salieron a la calle a exigirle su renuncia. Ante este reclamo, Reyes Villa contrató a mercenarios de la fascista Unión Juvenil Cruceñista para “escarmentar” apaleando en el suelo a mujeres, ancianos y niños campesinos, e inclusive asesinarlos a bala, quedando como resultado de ello, dos cocaleros y un citadino muertos y más de 200 heridos.,

La reacción obrera, popular y campesina no se hizo esperar y fue imponente: 30.000 campesinos, obreros, maestros, pobladores de los barrios pobres del sur de la ciudad, estudiantes, ocuparon la Cochabamba, barrieron a la escoria fascista y también a Reyes Villa que debió salir huyendo, disfrazado de policía, de Cochabamba, a esconderse, con sus amigos de Santa Cruz, para que el pueblo no lo castigara por sus crímenes.

En la tarde del pasado martes 16 de enero, se produjo en Cochabamba un multitudinario cabildo abierto popular que en la propia plaza central de la ciudad, deliberó durante horas resolviendo la destitución del prefecto Manfred Reyes Villa. Trabajadores, maestros, campesinos, cocaleros y estudiantes, decidieron no esperar una leguleya reforma constitucional que establezca el referéndum revocatorio en un plazo indeterminado para echar al prefecto Reyes Villa, y obligaron a los consejeros departamentales a elegir un nuevo prefecto. Sin embargo estos, argumentando una supuesta ilegalidad, se negaron a debatir y asumir el mandato popular. Ante esto, el pueblo cochabambino decidió conformar una Prefectura Popular, o Comité Popular como también lo llaman, y para instalarlo escogieron la sede de la Central Obrera Departamental, rebasando a sus propios dirigentes que se debatían entre la ilegalidad o legalidad de las acciones tomadas por el pueblo movilizado.

El gobierno de Evo Morales, en lugar de apoyar la legítima rebelión de los obreros y campesinos cochabambinos, los mismos protagonistas de la “guerra del agua”, que fundaron el MAS gobernante, los desautorizó y exigió que se disolviera la Prefectura Popular. La autoridad de Evo y el peso del MAS lograron convencer primero a los cocaleros y luego a otros sectores de disolver este gobierno. Sin embargo los trabajadores afirman que impedirán que vuelva Reyes Villa.

El vicepresidente García Linera declaró: “el gobierno respeta a las autoridades legalmente constituidas, nos gusten o no”. Mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, restó autoridad al cabildo de Cochabamba para elegir otro prefecto “porque va contra los derechos constitucionales”. Es decir que los funcionarios del gobierno de Evo Morales, en lugar de cumplir con el mandato popular que los llevó al poder resultan “más papistas que el Papa”, invocan la legalidad y la institucionalidad burguesa y le brindan garantías para que gobierne a un representante de la oligarquía boliviana, como lo es Manfred Reyes Villa. ¿Entonces con quién están? Con el pueblo movilizado o con la burguesía secesionista de Santa Cruz instigada por las trasnacionales y el imperialismo. En el 2003 el pueblo sacó del poder a Sánchez de Losada y en el 2005 a Carlos Mesa sin cumplir con los lapsos establecidos en la ley. Esto es “ilegal” desde el punto de vista de la burguesía pero totalmente legítimo y democrático para los obreros y campesinos.

El gobierno de Evo Morales

Pese a tener plena legitimidad y fuertísimo respaldo popular, pese a que el pueblo trabajador está dispuesto a salir a la calle para aplastar a la derecha, como lo volvió a demostrar en Cochabamba, el gobierno de Evo Morales no llevó adelante consecuentemente la “agenda de octubre”.

Convocó a elecciones constituyentes, que ganó ampliamente el MAS con 145 sobre 255 diputados, pero con enormes concesiones a la derecha oligárquica, que aprovechó para paralizar totalmente a la Constituyente, que no pudo aún votar nada de la nueva Constitución reclamada por el pueblo.

Decretó la nacionalización de los hidrocarburos, una medida progresiva, pero parcial, pues
las petroleras multinacionales quedaron con parte importante del negocio. Y en los contratos firmados posteriormente al decreto, recuperaron aún más terreno. El propio ex ministro Andrés Soliz Rada, que elaboró junto con Morales el decreto de nacionalizaciones, denunció estas concesiones a la multinacionales y, por ese motivo, renunció. Hay sobrados argumentos jurídicos para expropiar a las multinacionales sin indemnización, dado que actuaron años con contratos ilegales, no aprobados por el Congreso. ¡Esas empresas tendrían que indemnizar a Bolivia!

Evo Morales aceptó el chantaje “autonomista” de la oligarquía de la “media luna”, aceptando las autonomías regionales aunque no son constitucionales y fueron derrotadas en el plebiscito nacional.

Aprobó una ley de reforma agraria, otra medida progresiva. Pero también limitada a “latifundios improductivos”, lo cual siempre se presta a interminables pleitos judiciales y no satisface las demandas campesinas de quitarle la tierra a los ladrones de la oligarquía que la obtuvieron en forma gratuita o por monedas de los gobiernos neoliberales y entregársela a los que la trabajen personalmente.

Estas marchas y contramarchas del gobierno de Evo Morales forman parte de su concepción del “capitalismo andino” que sería su objetivo, a alcanzar en acuerdo con sectores de la burguesía y la racista oligarquía boliviana. Por eso sus continuos llamados a acordar a quienes han dado sobradas muestras de ser antipopulares y antidemocráticos.
Acordar con ellos, como pretende el gobierno a cada paso, significa traicionar las demandas populares. No existe ni puede existir el “capitalismo andino”. Solo existe el capitalismo y está dominado por el imperialismo mundial. El gobierno de Evo Morales está atrapado en esta contradicción que día a día le recuerdan los sectores obreros, indígenas y populares.

El camino que mostró Cochabamba

La “prefectura popular” de Cochabamba fue un hecho extraordinario, que duró pocos días, pero que, como un relámpago en la noche, alumbró el camino a seguir a todo el pueblo boliviano para derrocar a la oligarquía e imponer la agenda de octubre con el gobierno directo de las organizaciones obreras, populares, campesinas e indígenas, de la COB, la Federación Campesina, las organizaciones originarias, la Federación Minera, la Fejuve de El Alto.

Pero no es sólo Cochabamba. Se extiende el ejemplo de la movilización para imponer las demandas populares y derrotar a la derecha.

Los trabajadores, pueblo y campesinos de El Alto, encabezados por la Fejuve y la COR (Central Obrera Regional), siguieron el ejemplo de Cochabamba y exigen ahora a su vez la renuncia de su propio prefecto, del departamento de La Paz, de derecha. También a ellos los desautorizó Evo Morales.

El pueblo petrolero de Camiri, en el Chaco, prefectura de Santa Cruz, se declaró en huelga general por tiempo indefinido a partir del 29 de enero, exigiendo al gobierno la inmediata refundación de YPFB (la empresa petrolera estatal) reversión de todos los campos petroleros para que sean explotados por un YPFB operativo” y “la nacionalización de las refinerías de petróleo en manos de la transnacional Petrobrás”. Señalan que se declaran en huelga “porque el gobierno no tiene la voluntad política de nacionalizar los hidrocarburos auténticamente” (www.bolpress.com).

Este el camino que mostró el pueblo de Cochabamba: terminar con los chantajes de la oligarquía, con la movilización independiente obrera, campesina, indígena y popular, imponer la reforma agraria, las nacionalizaciones, la agenda de octubre, exigir el funcionamiento por mayoría simple de la Constituyente y que apruebe las demandas populares, organizar destacamentos armados de los trabajadores para aplastar a la oligarquía fascista y a sus bandas armadas, expulsar a los prefectos de la derecha, resolver las medidas a tomar desde las organizaciones de base democráticas obreras, campesinas, indígenas y populares.

Saludamos a los heroicos trabajadores de Cochabamba, y a todos los trabajadores obreros y campesinos bolivianos, ejemplo para la clase obrera mundial. Llamamos a todos los pueblos latinoamericanos y del mundo a la más amplia solidaridad con su lucha.
24 de Enero de 2007

Comité Ejecutivo Internacional
Unidad Internacional de Trabajadores (Cuarta Internacional)