Es indudable que, existe cierta recuperación económica en Venezuela, no obstante, tal recuperación económica sigue siendo insuficiente, en términos de cantidad y calidad de la misma, debido principalmente a que las restricciones que imponen las medidas coercitivas, conocidas como sanciones e impuestas por Estados Unidos, han diezmado -a no dudarlo- la economía venezolana; efectivamente, de acuerdo con nuestras estimaciones, las llamadas "sanciones" han reducido a Venezuela a producir sólo al diez por ciento de su capacidad económica mínima normal. SOLO DIEZ POR CIENTO DEL TAMAÑO MÍNIMO QUE LA ECONOMÍA VENEZOLANA DEBERÍA TENER HOY. Y nos ha hecho retroceder en el ámbito económico y otros más, al menos, setenta años (70 AÑOS) de nuestra historia. Es notable que, en medio de un "boom" de los precios petroleros, la mayoría de la población venezolana sigue padeciendo hoy día terribles limitaciones en sus condiciones de vida y muchas personas continúan sobreviviendo en condiciones especialmente comprometedoras de su derechos básicos, entre los cuales destacan, en primer lugar, los derechos al trabajo y a un salario justo, alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, etc. Por ello, es necesario un acuerdo nacional que demande la suspensión inmediata de las medidas arbitrarias e ilegales que Estados Unidos ha impuesto en perjuicio de los derechos y condiciones de vida de todos los venezolanos. Es verdaderamente criminal, que haya algún ciudadano venezolano que promueva sanciones contra el pueblo venezolano y para mayor ostentación vaya simultáneamente pidiendo el futuro voto de éstos.
El crecimiento es insuficiente, principalmente, debido a que los salarios de los trabajadores venezolanos se encuentran en niveles inaceptablemente bajos. Los salarios de los trabajadores deben ser definidos en niveles suficientes, que garanticen y soporten su sobrevivencia y, al menos, la de su grupo familiar inmediato, para seguir existiendo y permitirles continuar trabajando. No es excesivo esto, es lo mínimo. La permanencia de salarios por debajo de estos niveles impide de hecho que se reactive la economía venezolana y alcance altas tasas de crecimiento, pues hace imposible que se recupere íntegramente el valor de lo producido y anula cualquier intención de invertir para expandir el tamaño de ese producto. En estas condiciones, hay una porción de la demanda social que no puede realizarse, dado que los ingresos de los trabajadores son cercanos a cero. Tal situación no es justa, ni conveniente, ni sostenible en el tiempo en términos de la sociedad general y, particularmente, de las grandes mayorías que ven postergados sus derechos; al tiempo que, genera una serie de problemas e inconvenientes evidentes al funcionamiento de la sociedad e instituciones democráticas.
Venezuela ofrece -en condiciones normales- ventajas particularmente propicias para la rentabilidad de cualquier inversión productiva. Venezuela cuenta con ventajas naturales evidentes: una buena localización, una población numerosa y medianamente educada, acceso a recursos naturales valiosos y abundantes, una riqueza petrolera y minera significativa, paisajes y escenarios naturales que alientan el turismo, dispone de una infraestructura social, productiva e institucional en condiciones medianamente modernas u operativas, etc., no es necesario que los trabajadores renuncien a salarios dignos para crear condiciones al capital. No es a través de la precarización o empobrecimiento de los trabajadores y de su seguridad social como vamos a progresar. Para progresar, es necesario, sobre todo, invertir en incrementar la eficiencia y la productividad de la sociedad.
El empresariado venezolano ha disminuido o mantenido excesivamente bajos los niveles de inversión, y lo ha hecho además durante un tiempo excesivamente prolongado; es decir, por más de cuarenta años (40, CUARENTA AÑOS), los niveles de inversión productiva del sector privado han sido insuficientes para mantener un crecimiento sostenido que amplíe el bienestar y progreso nacionales. Es evidente, entonces, que lo que necesitamos para crecer y progresar, notablemente, es inversión productiva. Y, como hemos dicho ya, los muy bajos salarios persistentes en Venezuela son un obstáculo para la recuperación de la inversión y en consecuencia de la economía nacional. Mantener los salarios tan bajos es además un contrasentido, cuando simultáneamente son cada vez más claras las señales de una recesión global, por lo que es necesario defender y reforzar las capacidades de demanda y producción nacionales.
Financiar salarios más justos y elevados es además económica y financieramente posible, si atendemos a que los niveles de precios de los bienes y servicios en Venezuela reflejan efectivamente los costos de producción y valores en el resto de los países del mundo, incluso varios precios están efectivamente por encima del de bienes o productos en otros países. Es decir, los precios en Venezuela no están reflejando los bajos costos de la fuerza de trabajo nacional, sino que se establecen a los niveles de precios del resto del mundo o incluso por encima. El nivel de precios de los bienes y servicios que se comercializan en Venezuela acentúa, en estas condiciones, la injusticia de la persistencia de muy bajos salarios en nuestro país, permitiendo ganancias excesivas al menos a ciertos empresarios, por lo que se recomienda la revisión pronta y el ajuste de los salarios al costo de la canasta de bienes y servicios de consumo de los trabajadores venezolanos.
El reajuste salarial es financieramente posible, además, si consideramos que empresarios y particulares en Venezuela mantienen fuera del país una suma importante de dinero, nunca inferior a los 400 mil millones de dólares, que forman parte significativamente de los ingresos que por la explotación petrolera ingresaron una vez a Venezuela y se "fugaron" luego de nuestra economía, a un tipo de cambio muy bajo o subsidiado, adoptando entonces ya la forma de un patrimonio privado o de particulares.
La existencia de renta petrolera permitió históricamente subsidiar los impuestos a los empresarios en Venezuela. Los empresarios privados en Venezuela han pagado históricamente menores impuestos que aquellos que les correspondería en otros países similares, en condiciones incluso de un capitalismo normal. Esta ha sido precisamente una de las características sobresalientes del capitalismo rentista en Venezuela. La ausencia circunstancial de esta renta petrolera por las sanciones no debe forzar a disminuir los salarios a niveles intolerablemente bajos, como algunos han afirmado y, por el contrario, lo que sí debe desaparecer es el subsidio -realmente un privilegio antidemocrático- del que aún disfrutan los empresarios en Venezuela y éstos deben empezar a pagar impuestos a niveles, al menos, como en cualquier otro país comparable con Venezuela en nuestra América. Es decir, los empresarios en Venezuela deben poder pagar los mismos impuestos en tipo y cantidad que hacen los empresarios en Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, etc. Y una reforma fiscal y tributaria para actualizar el régimen tributario en Venezuela es imprescindible. Esto no es excesivo, es lo mínimo. Los mismos empresarios deberían acordar ello, por su propio interés incluso.
La reforma fiscal y tributaria en Venezuela es además necesaria debido a que, especialmente, en los últimos años ha ocurrido un rezago en la actualización de la base imponible que establece el nivel mínimo de ingresos a partir del cual un ciudadano debe pagar el impuesto sobre la renta; un impuesto que normalmente pagan ciudadanos con altos ingresos y ganancias. Esto ha causado que una porción importante de quienes pagan actualmente impuestos, teóricamente, no deberían hacerlo, pues sus ingresos realmente no son altos ni disponen de ganancias. Hablamos de trabajadores cuyos ingresos incluso no alcanzan los 100 us$ dólares mensuales. Esta es una situación que no debería ocurrir normalmente y que refuerza el carácter regresivo del sistema tributario actualmente existente en Venezuela, pues los tramos impositivos se han desplazado hacia abajo de la estructura de ingresos, pechando a individuos cuyos ingresos no son elevados ni implican realmente el acceso a una renta o ganancia, obligando a pagar impuestos a personas con ingresos salariales realmente bajos.
La reforma fiscal con el fin de hacer la estructura tributaria en Venezuela más progresiva es indispensable, además, pues los impuestos son necesarios para contribuir a financiar los costos de los funcionarios, los servicios públicos, los programas sociales y de asistencia social, e incluso, la inversiones públicas y los programas de apoyo y fomento industrial, y todos son absolutamente imprescindibles en cualquier sociedad moderna y democrática.
Es necesario ampliar y reanudar el crédito bancario, para ello, es nuevamente imprescindible elevar los ingresos salariales, para mejorar la capacidad de demanda de la sociedad y hacer atractivos los negocios en general, al tiempo que se aumenta además la capacidad de pago para calificar para el otorgamiento de créditos. Por otra parte, hay que exigir a la banca que reinvierta y aumente su capital. La hiperinflación que padeció Venezuela disminuyó de hecho los niveles de cobertura del capital bancario sobre los depósitos y pasivos que mantiene, por lo que es necesario actualizar sus niveles de capital y, con ellos, reactivar su capacidad para otorgar créditos y expandir el sector. De hecho, gracias a las garantías que ofrecen el Estado y los ciudadanos, en general, por los depósitos que mantiene la banca, tener un banco es no sólo un servicio público, sino un privilegio y uno de los mejores negocios y más rentables del mundo, lo que debería reforzar su responsabilidad con el resto de la sociedad.
Un peso importante sobre las posibilidades de crecimiento de la economía venezolana lo constituye la deuda externa y los términos como ésta fue contratada, por ello, hemos reiterado la necesidad de hacer una auditoría de la misma y renegociar los términos y plazos para su servicio y cancelación. De hecho, en caso de verificarse en la realidad la ocurrencia de una recesión global, el pago de ésta debe ser condicionado e incluso postergado.
Hemos querido dejar aquí aclarada nuestra posición con respecto a la valoración, posibilidades y requisitos de la recuperación económica en Venezuela, subrayando la conclusión principal de que, para que haya una recuperación clara y significativa del crecimiento económico, y justa, que nos involucre a todos, éste debe venir acompañado de una recuperación de los salarios y de otros ajustes institucionales para hacer ese crecimiento sustancialmente más elevado, equitativo y sostenible. Es decir, no habrá crecimiento importante, por lo tanto, no habrá recuperación económica significativa, o ésta no alcanzará o beneficiará a la mayoría de los venezolanos, sin una recuperación importante de los salarios, al menos a los niveles de la canasta de bienes y servicios de consumo de los trabajadores, y se adelantan además otras reformas institucionales sustanciales.
