100.000 docentes y 12.000 trabajadores de la salud están haciendo paros por el salario. El gobierno ilegalizó las huelgas y amenaza con despidos. Al cierre de esta publicación, los docentes urbanos habían levantado las medidas, no así los rurales, ni tampoco los trabajadores de la salud.
El gobierno de Evo Morales anunció el 1º de mayo un salario mínimo de 525 bolivianos (65 dólares) y ofrece a docentes y trabajadores de la salud el 6% de aumento. La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó su demanda de un salario mínimo de 1.800 bolivianos (225 dólares). “Nosotros rechazamos contundentemente este aumento salarial, porque es una burla a la clase trabajadora. Exigimos un incremento que por lo menos permita vivir dignamente. Pero 525 bolivianos no es nada”, dijo Pedro Montes, Secretario Ejecutivo de la COB. Las propias estadísticas oficiales hablan de un deterioro del salario de entre un 5 y un 10% en los dos últimos años por la inflación. Evo había prometido un mínimo de 1.500 bolivianos antes de asumir la presidencia.
La presión salarial es generalizada. La semana pasada fueron los 5.000 mineros de Huanuni los que salieron a exigir un bono anual por productividad que finalmente consiguieron.
Entonces, el discurso del gobierno contra los huelguistas y la ilegalización de la huelga es aún más indignante, ya que Evo Morales dice representar a los movimientos sociales. El gobierno dice lo mismo que los sectores más reaccionarios que acusan a los maestros y trabajadores estatales de ser “privilegiados” porque tienen un sueldo en blanco y salario regular, en el marco de una economía desquiciada donde hay 3 millones de trabajadores en negro y apenas un millón en blanco. Este es un discurso para dividir a la clase trabajadora. El objetivo tiene que ser terminar con el trabajo en negro y que los trabajadores cobren sueldos dignos. La verdadera oposición es entre el conjunto de los trabajadores y campesinos y las grandes patronales latifundistas y multinacionales imperialistas que saquean Bolivia. Con la nacionalización- estatización de todos los recursos naturales y la revolución agraria, habría trabajo para todos con salarios y tierras. Este objetivo se puede lograr. Es el reclamo cada vez más insistente de sectores obreros y populares como la COB, que se negó a ir al acto del gobierno el 1º de Mayo, donde festejaba el aniversario de una nacionalización parcial de la que ya retrocedió notablemente con los 44 contratos firmados con las multinacionales. Esto lo denunció el propio Andrés Soliz Rada, autor del decreto de nacionalización.
En Bolivia existe un proceso revolucionario protagonizado por los obreros, los campesinos y el pueblo pobre que se inició en el 2000 con la “Guerra del Agua”, continuó en el 2003 y 2005 derribando a los presidentes Sánchez de Losada y Carlos Mesa, y eligió por aplastante mayoría a Evo Morales en el 2005 para que nacionalice los hidrocarburos. Pero Morales pacta con la oligarquía, no cumple con la nacionalización e ilegaliza las huelgas.
Los trabajadores tienen razón en exigir que de una vez por todas, las riquezas que producen y que extraen de la tierra y el subsuelo, sirvan para lograr una mejora sustancial en su nivel de vida.
*El Socialista, Argentina
