El
pasado 4 de agosto, La Corte de Apelaciones penal del Estado Bolívar,
decidió anular la sabia decisión que un Juez de Control de Puerto
Ordaz, del 15 de marzo del 2008, quien contraviniendo los
“lineamientos” del Ejecutivo regional y para ese entonces del nacional
también, en la persona de su nefasto ex ministro del trabajo José Ramón
Rivero, que ordenaban meter preso a los trabajadores sidoristas, como
forma de quebrarle su lucha legitima y legal, ya que habían cumplido
con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo
para declararse en huelga, para así favorecer a la transnacional
TECHINT dueña de SIDOR, por intermedio del proceso de alta traición a
la patria como lo fue la privatización.
Esa
sabia decisión, por cierto de un Juez no afectó al proceso, pero que
hizo gala de independencia y autonomía, consistió en que dejò sin
efecto la imputación fiscal por los hechos ocurridos en el portón 3 de
la siderúrgica del Orinoco, a 43 trabajadores de SIDOR, quienes,
conjuntamente con sus demás compañeros de trabajo, se encontraban,
repito, ejerciendo su legal derecho a huelga dentro del área de trabajo
y de brazos caídos, cuando fueron agredidos ilegítimamente por
efectivos de la Guardia Nacional y la Policía del Estado Bolívar y sus
vehículos fueron descuartizados sin razón alguna y con saña. La
Fiscalía pedía para estos 43 trabajadores cárcel por el delito de
cierre de vía pública, mejor conocido como “guarimba”.
El
Juez, Roberto Delgado, hijo, dejó en libertad plena a los 43 imputados
y ordenó que se investigara la agresión de la policía del estado y la
guardia nacional, en donde hubo heridos y propiedades destrozadas. Hay
testigos que narran que Abogadas de TECHINT-TERNIUM con guardias
nacionales y policías del estado con objetos contundentes arremetían en
contra de los vehículos de los sidoristas por pura maldad y se reían a
carcajadas.
La
decisión del Juez Delgado, fue apelada por la Fiscalía del Ministerio
Publico, por órdenes superiores, quien demostró mucha eficiencia en
este caso, eficiencia que no se ve por ningún lado en los casos de
Leopoldo López, Enrique Mendoza, los campesinos y sindicalistas
sicariados, estos últimos en Guayana.
Esa
sabia decisión, arriba descrita en parte, fue anulada por la Corte de
Apelaciones Penal del Estado Bolívar, el pasado 4 de agosto, y en
consecuencia deben volver a los tribunales los 43 trabajadores ferrosos
para que otro juez de control decida si van o no van presos.
ANÁLISIS POLÍTICO A ALGO QUE ES POLÍTICO
Soy
de profesión Abogado, y lo lógico es que un Abogado hiciese análisis
jurídicos de una decisión jurídica, pero no lo haré así puesto que la
decisión fue política, y lo que es político se le da un tratamiento
político porque no se puede usar un bisturí para calmar un dolor de
cabeza.
Independientemente
que la decisión criticada haya incurrido en ultra petita, es decir, que
le dio más a la Fiscalía de lo que pedía; la Fiscalía sólo pedía que le
revocaran la decisión del Juez Delgado y continuase el proceso penal, y
la Corte llegó mucho más allá, al anular el fallo y volver otra vez los
trabajadores a ser presentados, para decidir si van o no van presos.
Con
este fallo la Corte no sólo dio más de lo pedido, sino que hizo una
reposición inútil del caso, ya que retarda más el proceso a volverlo
hasta el estado de nueva presentación de los imputados ante un mismo
juez de control, reposición inútil esta que hace esa sentencia anulable por inconstitucional
Lo
peor de todo, es que la Corte no dijo ni pío sobre la investigación de
las agresiones de que fueron victimas los trabajadores y sus
propiedades, por el contrario, al anular la sentencia, anula esa
investigación también; y ese es el sentido de dicha anulación
inconstitucional.
Pero
eso que he analizado sobre la sentencia, es lo aparente, lo
superficial, el mero aspecto jurídico, pero ese no es el transfondo; el
transfondo es político y cometería un acto de deshonestidad
intelectual, como estudioso del hecho económico, político, social y
jurídico que soy, si no analizara el transfondo del caso.
Resulta
que esta revolución bolivariana ha venido sufriendo, un proceso de
degeneración o derechización, que ha hecho que una derecha endógena se
haya apropiado indebidamente del aparato político del Estado y desde
allí ha venido corrompiendo –derechizando- a todo el andamiaje
administrativo del Estado, el cual de por sí no había sufrido ninguna
transformación, puesto que se mantuvieron en los cargos, muchos de
ellos claves, a los mismos funcionarios del puntofijismo corrupto y
corruptor, y eso ha hecho que se empoderen, en los diversos sectores
como educación, salud, administración de justicia, etc., verdaderas
mafias o macoyas de corte cuartorrepublicanas que actúan a su libre
albedrío sin nadie que las pueda parar.
En
el caso del Estado Bolívar, es un hecho comunicaciónal, la denuncia
hecha por el Diputado Adel El Zabayar, ante el Consejo Moral
Republicano, al Magistrado Luís Franceschi quien prácticamente lo acusa
de ser el “dueño” del poder judicial en el Estado Bolívar y
conjuntamente con el poder político regional y nacional han venido
nombrando jueces y los presiona para que decidan de cual o tal manera;
y el caso este de SIDOR, es uno de los tantos casos que existen. Por
ello no me extraña para nada que la decisión tomada por la Corte de
Apelaciones sea política y no jurídica, en su transfondo.
EL DELITO DE GUARIMBA Y LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO
El
delito de cierres u obstaculizaciones de vías publicas surge como una
forma de parar las gurimbas que tenia la ultraderecha golpista,
específicamente en el este de la ciudad de Caracas; en los años 2002,
2003 y hasta mediados del 2004, dado que no existía un instrumento
legal apropiado para frenar y castigar a los “niños bien” que se
convirtieron en revoltosos con Chávez. Ese problema no se les presentó
jamás a la partidocracía, puesto que ellos toda manifestación de calle
era reprimida brutalmente por la policía y la guardia nacional, aun las
pacíficas y permisadas, tragué bastante humo de bomba lacrimógena y
sufrí enyesamiento, en las calles de Caracas en manifestaciones
pacificas y autorizadas. Pero en la revolución bolivariana
profundamente respetuosa de las garantías constitucionales, si tuvimos
ese problema; por ello varios Abogados en reuniones con Diputados
verdaderamente revolucionarios, les planteamos una reforma integral al
Código Penal vigente, en donde se incluyeran delitos políticos como
este de la guarimba, que eran por razones eminentemente políticas, como
derrocar a Chávez, pero no obstante la Asamblea vía reforma rápida
introdujo este articulado, la razón de ello fue porque una reforma
integral tardaba mucho
Pero resulta que la Fiscalía, ni la de antes ni la de ahora, imputó
a los “hijos de papi” por el delito de guarimba, motivo por el cual se
creó el delito; pero si, en conjunto con la derecha endógena, ha venido
aplicando este delito de guarimba a todas las protestas sociales y
laborales, tanto a la justificadas como injustificadas, implantando el
fenómeno social de criminalización de las luchas sociales, típico de
los régimenes de derecha
Lo
correcto, es que un gobierno socialista, pero de verdad y no un
disfraz, no deje que las luchas sociales agarren calle puesto que su
diligencia y sensibilidad social, los conlleve a solucionar el problema
o darle respuestas a los requerimientos sociales y laborales, de una
forma eficaz y expedita, antes que se conviertan en un problema de
orden publico, sentándose y razonando con los protestantes y si tienen
razón se les concede lo pedido, a menos que sean conspiradores y la
protesta sea la conspiración por la conspiración misma, cual fue el
caso de los sifrinos del este en el 2002, 2003 y parte del 2004.
Los
hechos han demostrado social y políticamente que los sidoristas tenían
razón y les asistía el derecho. Esta decisión de la Corte de
Apelaciones, no tiene razón de ser y busca frenar otras luchas que se
están gestando tanto en la zona del hierro como mineras y que obedecen
a violaciones de los derechos humanos e incumplimiento de contratos a
la nación por parte de las transnacionales mineras entre ellas
CRISTALLEX, en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar.
LA SITUACION EN GUAYANA ES MÁS GRAVE
En
Guayana, el gobernador Rangel Gómez, quien ejerce un control total
tanto en CVG, con lo que ello implica, el PSUV, la mayoría de las
Alcaldías, muchos organismos nacionales y por supuesto el gobierno
regional, ha venido usando ese poder para acallar a las criticas, más
que todo la de los revolucionarios y sectores sociales y laborales sin
poder, porque la derecha tiene sus propios medios para defenderse; y
especialmente ha venido utilizando al sistema de justicia,
específicamente a la Fiscalía, con fines de criminalizar a las luchas
obreras y sociales, casos concretos SIDOR y CRISTALLEX, en las minas
del Sur, y algunos tribunales, con honrosas excepciones, se han
prestado también para acatar las solicitudes penales de la Fiscalía.
En
estos casos anteriores se han imputados a trabajadores y luchadores
sociales quienes han sido presos y presentado a los tribunales
esposados como vulgares delincuentes; a la par de esta “eficiencia” con
las luchas sindicales y sociales criminalizadas; tenemos un silencio
sepulcral con los casos de sicariato sindical y centenares de muertes
por “ajustes de cuentas” que suceden en las principales ciudades del
Estado Bolívar, específicamente en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana y
Upata.
No
le queda otra cosa al proletariado Guayanés que reactivarse y
movilizarse para impedir esta tendencia en el Estado Bolívar a la
criminilización, de las luchas obreras y sociales, aupada, esa
criminilización, desde la Gobernación del Estado Bolívar.
