CARTA ABIERTA A PRESIDENTES LATINOAMERICANOS

Excelentísimos señores presidentes:

Luiz Inacio Lula da Silva - Brasil

Gustavo Petro - Colombia

Gabriel Boric - Chile

Andrés Manuel López Obrador - México

Luis Arce - Bolivia

Xiomara Castro - Honduras

Bernardo Arévalo - Guatemala

Su Despacho. -

Señores Presidentes. Reciban ante todo nuestro cordial y respetuoso saludo. Quienes suscribimos la presente comunicación integramos la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC), constituida desde 2014 e integrada mayoritariamente por intelectuales y activistas sociales preocupados por la deriva autoritaria y anticonstitucional que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro en la última década.

Mediante numerosas declaraciones[1] y más de 75 artículos publicados en los medios desde 2015, hemos fijado posición, hecho propuestas y también cuestionado diversas medidas asumidas por el gobierno que constituyen abierta violación a las normas democráticas de nuestra vigente Constitución Nacional; medidas que han ido restringiendo, inexorablemente, el campo político para el accionar democrático de los sectores de oposición en Venezuela (tanto de la derecha, del centro y de la izquierda), impidiendo incluso el elemental desarrollo de protestas ciudadanas, movilizaciones populares y otros eventos cívicos y pacíficos que tenían como propósito denunciar y reclamar el asombroso nivel de pobreza alcanzado en estos diez años, los descarados hechos de corrupción, la inseguridad y en general el quebranto sustancial de los derechos humanos fundamentales, todo lo cual ha provocado la migración forzada de más de 7 millones de venezolanos.

Los avances en la vida democrática y las medidas que permitieron un salto progresivo en la legislación laboral que nos dejó el gobierno del presidente Hugo Chávez, han sido vulnerados sistemáticamente por el gobierno de Maduro desde su inicio, hecho justificado luego con el pretexto de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) que los gobiernos de Estados Unidos y la Europa Occidental aplicaron y continúan aplicando como presión para producir cambios políticos en el país. Rechazamos estas injerencistas MCU en su momento y en numerosas oportunidades[2], considerando que las mismas han empeorado las condiciones de vida de las grandes mayorías y de significativas minorías nacionales, sin que, para nada, hayan afectado a la élite gobernante. En todo momento, la PCDC ha reivindicado que la solución a la crisis venezolana debe producirse sin injerencias externas y hemos valorado positivamente el acompañamiento de los países hermanos de Nuestra América, y más allá de la región, en la medida en que contribuyan a fortalecer los mecanismos democráticos, pacíficos y constitucionales, que son los que pueden permitir que Venezuela salga adelante en la búsqueda de la reinstitucionalización democrática del país.

Como es sabido, en Venezuela está prevista la realización de elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio. En este proceso electoral, el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo poder ejecutivo demuestra tener influencia decisiva en el resto de poderes públicos del país, incluyendo el poder electoral, el poder judicial y el poder legislativo, ha venido tomando una serie de medidas que entraban la participación electoral democrática de los principales grupos de oposición y otras disidencias, siendo las más resaltantes:

• Inhabilitación de candidatos electorales de la oposición, incluyendo varios que ya habían sido anunciados por sus respectivas organizaciones políticas.
• Intervención judicial, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a varios de los partidos políticos de oposición, cuya representación legal y las tarjetas destinadas a la votación, le fue entregada a personajes cercanos al mismo gobierno de Maduro. Esta situación ha significado que algunos de estos partidos, que han inscrito sus respectivos candidatos presidenciales, actúen como marionetas políticas en el escenario venezolano de acuerdo a las instrucciones que reciben del partido gobernante PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).
• Destacamos las medidas de intervención judicial contra partidos de izquierda que decidieron hacer oposición a Nicolás Maduro. Es el caso del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el partido Patria Para Todos (PPT) y el partido Tupamaros, cuyas directivas legítimas perdieron su legalidad, a pesar de que esas directivas fueron elegidas democráticamente en los congresos internos de cada partido. Ahora, existen dos representaciones de cada uno de esos partidos, la representación legítima y verdadera, que se mantiene en oposición pero que no se les permitió inscribir su candidato presidencial (que era el periodista de larga trayectoria Manuel Isidro Molina), y la representación usurpadora que tienen la “legalidad” y aparecen respaldando la candidatura de Maduro.
• También destacamos la actuación que ha ejercido el CNE para no legalizar otros partidos de izquierda que hacen oposición a Maduro, como Marea Socialista, y la ilegalización del partido Redes, liderada por el conocido dirigente chavista Juan Barreto, que ahora hace oposición a Maduro. De manera general, el gobierno, a través del CNE y del TSJ, ha impedido en los últimos años, y sigue impidiendo, que existan partidos de izquierda inscritos legalmente y con capacidad de participar en las diferentes elecciones nacionales, regionales y locales
• En el desarrollo del actual proceso electoral, los lapsos establecidos para inscribir candidatos, y para modificar los apoyos de los diferentes partidos legalizados, vienen siendo modificados arbitrariamente por el mismo CNE. El sábado pasado, 20 de abril, el mismo CNE “se otorgó” una extraña prórroga de 72 horas, al momento de vencer el lapso para modificar los respaldos de cada partido a los candidatos inscritos, prórroga cuyas razones radican en que el mismo gobierno de Maduro no sabía cuál medida tomar ante el acuerdo unánime de todos los partidos de la PUD en apoyar al candidato Edmundo González Urrutia, sustituto de María Corina Machado. Afortunadamente, y muchos comentaristas han dicho que gracias a las declaraciones realizadas por el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, el mismo martes 23 en que se vencía el plazo para modificar respaldos candidaturales, ni el CNE ni el TSJ se atrevieron a tomar decisiones que ilegalizaran al candidato opositor González Urrutia.
• El CNE ejecutó una labor obstaculizadora para el buen desempeño del lapso abierto entre marzo y abril para la inscripción de nuevos votantes, y para la modificación del centro de votación por cambio de residencia. Estos procesos se realizaron exclusivamente en las capitales de los Estados del país, lo que impidió que los nuevos votantes y los cambios de residencia de los ciudadanos que viven en los centenares de municipios y parroquias de Venezuela, pudieran efectuarse. Iguales trabas se presentaron para la inscripción de votantes en el extranjero, siendo apenas cantidades mínimas, los ciudadanos residenciados en el exterior que pudieron inscribir sus datos en el CNE.
• El gobierno también recurre constantemente a la inhabilitación, por parte de la Contraloría General, de dirigentes políticos opositores, como ocurrió recientemente con dos alcaldes en ejercicio y tres ex-diputados. Junto a esto, también se viene produciendo la detención y judicialización de dirigentes políticos, líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, acusados de estar implicados en presuntas conspiraciones que buscan derrocar al gobierno y asesinar al presidente de la República, aunque dichas acusaciones se basen en “delaciones” de algunas personas que “confiesan” autoinculpándose, pero sin tener el derecho a la defensa, y permanecen incomunicados de sus familiares y abogados privados. Tanto las inhabilitaciones, como la política represiva que genera terror entre los activistas opositores, son medidas que se contraponen totalmente a las garantías democráticas que deberían respetarse para el normal desarrollo del proceso electoral presidencial.
• Aunque el gobierno sufra un revés electoral, dada la opacidad y la falta de autonomía de los poderes del Estado, puede terminar imponiéndose el candidato oficial por seis años más. Nos preocupa, que, en este contexto, avanzaría el gobierno en la aprobación de leyes, tales como la Ley Antifascista, entre otras, que asfixian aún más las libertades democráticas. Por ello, nos inscribimos en la tarea de comunicar lo que ocurre al pueblo venezolano y también nos dirigimos a Uds., como líderes y protagonistas de la región, porque requerimos su gesto solidario, traducido en la observancia y con presencia hermanada en el contexto electoral y postelectoral del 28 de julio de 2024. Sabremos apreciar el acompañamiento, para que se respete la Constitución Nacional, así como los múltiples protocolos internacionales suscritos por la nación, que exigen aplicar la ley, rectificar, enmendar y reparar a fondo la actuación gubernamental contra su población civil en cualquier país, en tiempos de paz y democracia.

Apreciados señores presidentes, nuestra Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución les tiene un gran respeto por su destacada y larga trayectoria política en su respectivo país, en la cual han defendido y representado los valores democráticos más fundamentales. Son conocidas en Venezuela, sus reiteradas declaraciones públicas demostrando preocupación ante el agravamiento de la crisis política y económica en este nuestro país, y su rechazo a las MCU aplicadas a Venezuela por EEUU y la UE, por ser violatorias del derecho internacional y de la autodeterminación del pueblo venezolano. Agradecemos las mismas, pues vienen cumpliendo un efecto muy positivo al valorar, en todo momento, el respeto al orden legal constitucional, y la preservación de los mecanismos que garanticen la participación electoral de todos los sectores políticos democráticos, de modo que seamos los propios venezolanos los que determinemos nuestro destino sin ningún tipo de injerencia externa.

El presidente Hugo Chávez impulsó con mucha fuerza la unidad de Nuestra América, reviviendo las propuestas de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar de constituir organizaciones de integración continental que nos permitieran enfrentar en mejores condiciones el complejo sistema global, que hoy está amenazado por el riesgo inminente y el desarrollo lamentable de guerras en distintos puntos del globo terráqueo. Sabemos de sus compromisos con estas ideas integracionistas nuestroamericanas, y entendemos que sus preocupaciones por Venezuela nacen de la importancia que nuestro país ha tenido en la historia continental, junto a su respectivo país, y al resto de naciones hermanas, en la tarea por constituir y consolidar esas instituciones integradoras que permitan que los latinoamericanos actuemos ante el resto del mundo como una sola nación.

El buen desarrollo del actual proceso electoral presidencial venezolano, que debe culminar el próximo 28 de julio de 2024, estará garantizado con el acompañamiento de otras naciones de Nuestra América, como Brasil, Colombia, Chile, México, Honduras, Guatemala y Bolivia. Les exhortamos a continuar este acompañamiento a nuestro proceso electoral, entendiendo que la confluencia de las fuerzas democráticas latinoamericanas permitirá, en el futuro cercano, el fortalecimiento de las posiciones de autonomía e independencia política y económica que se necesitan para la superación de las actuales amenazas que se ciernen contra nuestros pueblos, contra nuestras democracias, y contra los valores patriotas que han guiado a nuestras naciones durante doscientos años.

Caracas, 03 de mayo de 2024

Por la PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN: