A 20 días de las elecciones parlamentarias quiero insistir en dos aspectos -para mí fundamentales- sobre el curso de la actual campaña y de su desenlace final:

1 Todos los factores que participan deben asumir con respeto la normativa legal. Cualquier acto de ventajismo, de violación de la ley, debe ser denunciado a los organismos competentes, en primer término al CNE. No se puede aceptar que este importante evento sea contaminado, deliberadamente, por conductas no cívicas de individualidades y partidos, cualesquiera sea su signo político. Para el logro de este objetivo es esencial el tratamiento al árbitro. Los intentos por descalificarlo se revierten contra el proceso. Un CNE excluido de la polémica y aceptado como instancia confiable, es garantía para todos. La denuncia de los ilícitos debe hacerse de inmediato y el órgano jurisdiccional tiene que actuar con rapidez si se quiere evitar que el proceso sea desnaturalizado. Importa mucho no incurrir en la descalificación politiquera de las autoridades competentes o en la manipulación de la denuncia. El venezolano con intención de votar el 26 de septiembre no quiere ser perturbado en su decisión con presiones desconsideradas. Posiblemente si se siente acosado opte por abstenerse. Ese ciudadano no comparte los dimes y diretes de la dirigencia partidista, que nada tiene que ver con su idea acerca de elegir diputados idóneos a la Asamblea.

Tan criticable es el ventajismo y el quebrantamiento de la ley, como la denuncia sin fundamento concebida para victimizarse. Igualmente es criticable la participación en un proceso electoral y, al mismo tiempo, ensañarse en el organismo garante, pretender deslegitimarlo y sembrar desconfianza en torno a él. Si se quiere que el proceso electoral se desarrolle cívicamente y se convierta en posibilidad cierta de participación democrática, hay que aislar a los aventureros e imponer a quienes compiten la línea de someterse a las reglas de juego, consagradas en la legislación vigente.

2 Sobre el desenlace del actual proceso, es decir, la reacción en torno a lo que sucederá el 26S a partir del cierre de los centros electorales y la conducta a asumir al conocerse, oficialmente, los primeros resultados, no existen dudas de que hay factores que intentarán desconocer el veredicto popular si éste les es adverso. Lo sucedido en anteriores procesos pende como una advertencia que conviene no desatender. Desde mi punto de vista -y no lo digo por mi conocida posición política-, en lo que se refiere al chavismo, estoy consciente de que éste acatará el resultado, aún en el caso negado de que no lo favorezca. Si algo ha demostrado este sector es que acata el veredicto del pueblo, ya que se trata de una fuerza genuinamente democrática. Que en un momento dado pudiera tener actuaciones cuestionables, pero que en lo referente a su compromiso con la institución del sufragio y la aceptación de lo que el pueblo exprese en las urnas, nunca ha dado demostraciones de desconocer los resultados o de alterarlos mediante manipulaciones fraudulentas. El chavismo ha ganado muchas elecciones y también ha perdido algunas. Ejemplo: el referéndum del 2D, por una diferencia de apenas 0,36%; y ha sido derrotado en estados importantes como Zulia, Carabobo, Miranda, al igual que en alcaldías de relieve. Esas derrotas las aceptó sin chistar. En cambio, en las filas de la oposición siempre hubo reticencia; tácito o expreso desconocimiento de los resultados; esfuerzos por atribuirles carácter fraudulento y concitar reacciones internacionales de repudio, e, incluso, denunciar irregularidades con la promesa de presentar pruebas que nunca se aportaron.

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LABERINTO

José Virtuoso, nuevo rector de la Ucab, mantuvo durante años una línea de imparcialidad y ponderación en el análisis de la coyuntura política. Ahora parece haber perdido este atributo al arribar al sitial que ocupó, por más de 20 años -sin elecciones-, Luis Ugalde. En reciente entrevista se deja llevar por el entrevistador, taimadamente, para soslayar temas que con lucidez trató en el pasado, y colocarse prácticamente al lado de actitudes de la oposición: sus mitos, su incapacidad para reconocer errores y el tácito propósito de incurrir, en el momento en que las circunstancias lo aconsejen, en nuevas aventuras...

Es lamentable que alguien como él se haya dejado atrapar por uno de los polos del fenómeno que vive el país, cuando su voz es importante para apuntalar el equilibrio. Atribuir, por ejemplo, al liderazgo de Chávez el hecho de que "la polarización social y económica permee a la sociedad", es una extravagancia. Alguien que como él sabe que lo que condujo a Venezuela a la exacerbación de las diferencias fue la decisión de Chávez de adelantar a fondo un proyecto social de cambio con el cual estaba comprometido. La reacción que produjo esa decisión contó con amplio respaldo de EEUU y de los poderes fácticos del país y condujo a episodios como el golpe del 11A y el criminal sabotaje de la industria petrolera. Virtuoso conoce bien la historia y resulta una necedad recordársela...

Ahora resulta que los megaimperios mediáticos de la región pretenden aparecer como víctimas. La internacional funciona a las mil maravillas: algo que falsea la realidad en Venezuela rebota, de inmediato -vaya por caso-, en Argentina y viceversa. Aquí el Estado no le renovó la concesión a Rctv y estalló el escándalo con proyección más allá de las fronteras. En Argentina el gobierno de Cristina Kirchner decidió no renovar la concesión de internet a Fibertel y abrir la puerta a la libre competencia y reventó el escándalo. La empresa es del poderoso Grupo Clarín, dueño del diario Clarín, de estaciones de radio y televisión, bancos, etc. También el Grupo posee la empresa Papel Prensa que produce, vende y distribuye, de manera monopólica, el papel para imprimir medios escritos, lo cual logró -con los diarios La Nación y La Razón- gracias a la intervención de la Junta Militar en una operación que obligó a los herederos de David Graiver, su propietario, a ceder la mayoría accionaria a esos diarios. La viuda de Graiver, Lilia Papaleo, detenida, torturada y violada, firmó. Un vocero de la dictadura que medió en la operación diría que el gobierno no aceptaba que la productora de papel estuviera en manos de "judíos, banqueros y amigos de los Montoneros". Pero ahora resulta que la campaña que respalda a la "mafia mediática" cree que defender los derechos de alguien que ha sido víctima de una terrible extorsión, auspiciada por gobernantes genocidas; que acabar con el monopolio papelero de unos diarios que pagan 500 dólares por la tonelada de papel que consumen, mientras que a la competencia se la venden en 650, y que abre las puertas a la competencia en internet, es una ataque a la libertad de expresión. El mundo al revés de Eduardo Galeano. O la felonía como política. Desde luego, todo en defensa de "la libertad y la democracia", mientras el derecho a la información desaparece atrapado en las redes de los intereses corporativos.

jvrangelv@yahoo.es