A la hora de escribir este Palabreo me llama la atención que de manera reiterada en el canal del Estado se denuncia que los automóviles en otros países cuestan el 50% menos del precio con que son vendidos en la Venezuela bolivariana.
Es un hecho cierto, además esto se sabe desde hace mucho tiempo, lo que nos inquieta es pareciera la denuncia de un gobierno que no capaz de impedir un robo abierto llevado a cabo por los empresarios automotrices.
¿Acaso el gobierno no tiene mecanismos para frenar este acto delictivo? ¿Tiene el gobierno las manos atadas frente a estos especuladores?
La inquietud se me agudiza al recordar que este gobierno tuvo un ministro que se ocupó del asunto, hasta el punto que propuso una Ley para regular los precios de los automóviles, anunció los posibles precios de algunos vehículos (alrededor de un 50% menos de los existentes en el mercado para ese momento), pescó a un empresario especulador, armó todo un prontuario del bandido.
A la final el ministro aquel fue despedido de un día para otro, sin que se supiese por qué, la propuesta de Ley fue engavetada (nadie la recuerda en la Asamblea Nacional) y el nuevo ministro (pana del Vice Jaua) no ha vuelto a tocar el tema del precio de los automóviles.
El ex ministro, tan odiado por la burguesía venezolana, también había sido despedido antes del SAPI (Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual), precisamente cuando su gestión golpeaba a las empresas transnacionales farmacéuticas, del espectáculo y de software.
Lo cierto es que fue despedido por quien para entonces era ministro de de Comercio y Producción de Venezuela, Ramón Rosales, ingratamente recordado porque en un evento internacional en Cancún buscó favorecer a las transnacionales de la industria de la salud en detrimento de Venezuela.
Ah, es bueno aclarar que no menciono el nombre ni el apellido de aquel ministro porque no sé si está prohibido dentro del PSUV, organización donde tanto él como yo militamos. Hago la acotación porque ni en VTV ni en otro medio oficial se ha vuelto a mencionara este camarada. Pareciera cierta aquella mancheta de El Nacional con motivo del despido de este funcionario: “Al Samán lo volvieron leña”.
Otra ingrata impresión me dejó recientemente una entrevista que le hicieron a un alto miembro del gobierno en un canal privado, respecto al tema de la devaluación de la moneda (ya, mencioné la palabra devaluación, vainas mías).
En el programa la periodista, actuando dentro de la lógica, y no porque la CIA le haya dictado la pregunta, interpeló al funcionario un planteamiento: si la variación del dólar de 2,60 a 4,30 bolívares para alimentos y medicinas era un incremento en los costos eso iba a producir un aumento de precios en esos renglones.
El alto funcionario, bien calmo, dijo que no.
Y lo explicó: ellos (el gobierno) había detectado que los empresarios de estos rubros recibían dólares a Bs. 2,60, pero a la hora de hacer su estructura de costos lo colocaban como si hubiesen comprado el dólar a 4,30.
Según entiendo con esta pequeña trampita esos empresarios se convertían en unos especuladores; es decir, en unos delincuentes. Y el gobierno en lugar de investigarlos, abrirles juicio y encanarlos, lo que hizo fue “legalizarles” el delito para que ya no sean bandidos sino inversionistas.
Si el asunto no es cómo lo he expuesto acá, me gustaría que algunos de mis camaradas del PSUV, de esos que entienden de la “alta política”, nos lo expliquen despacio, por favor, despacito a ver si así salimos de las dudas y no andamos escribiendo pendejadas contra el gobierno.
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