El Ecuador vive un ambiente de agitación y movilización popular que ha puesto al centro de sus demandas la consigna ¡Fuera Lucio Gutiérrez!. El movimiento de masas ha crecido particularmente a raíz de que el Presidente de la República decretó, el día viernes 15 por la noche, el Estado de Emergencia en la ciudad de Quito, capital de la República, suprimiendo con ello los derechos constitucionales de la población; a lo que sumó la disolución de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido motivo de confrontación política durante estos últimos cuatro meses.

Tal medida fue calificada, de manera unánime, como dictatorial y autoritaria y, lejos de apaciguar la movilización popular como esperaba el régimen, la exacerbó, produciéndose una inmediata movilización de masas que no cesó el fin de semana y continúa hoy lunes.

La actual crisis política del país surgió a raíz de la resolución adoptada por el Congreso Nacional los primeros días del mes de diciembre de 2004, mediante la cual reorganizó la anterior Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, organismos en los que el derechista Partido Social Cristiano, junto a la Izquierda Democrática (socialdemócrata) tenían el control. Particularmente la Corte Suprema de Justicia había sido denunciada como un centro de corrupción utilizado por el social cristianismo como instrumento para manejar la “justicia” a su capricho. Allí, como en el Tribunal Constitucional, los fallos eran negociados y resueltos en función de quien pagaba más dinero. Por su parte el Tribunal Supremo Electoral fue utilizado de manera descarada para consumar fraudes electorales.

La reorganización de dichos organismos constituyó un duro golpe para los sectores más reaccionarios de la derecha ecuatoriana, encabezados por el presidente León Febres Cordero, responsabilizado de la muerte, prisión y tortura de dirigentes y activistas políticos de izquierda y progresistas durante su gobierno.

La reacción de aquellos sectores fue inmediata y agresiva, centrándose inicialmente en el Congreso Nacional, en donde constituyeron un bloque de oposición burguesa al gobierno, integrado además por la Izquierda Democrática y Pachakutik. El PSC, hasta poco antes del inicio de esta crisis, era colaborador y beneficiario de la gestión gubernamental de Lucio Gutiérrez.

El Partido Socialcristiano y la Izquierda Democrática se han empeñado en mostrarse como las fuerzas opositoras, aprovechando el control que tienen de las alcaldías de Guayaquil y Quito, respectivamente. Desde ellas, y poniendo al frente el incumplimiento de demandas populares insatisfechas, pretendieron generar un movimiento de masas con el cual presionar por la restitución de la anterior CSJ, pero debido al desprestigio de aquella, pronto cambiaron esa tesis por el de designar un nueva.

Desde la alcaldía de Guayaquil y Quito se convocaron movilizaciones sin mayor éxito. La ID ha tenido mayor insistencia en su actividad y, desde la alcaldía de Quito, convocó a un paro nacional para destituir a la nueva CSJ, medida que resultó un fracaso; las acciones de protesta se concentraron en Quito y Guayaquil, en las que básicamente participaron los empleados municipales, del Consejo Provincial y pocos jóvenes estudiantes de universidades privadas. Inclusive municipios de otras ciudades dirigidos por la ID y Pachakutik, que en todo este proceso ha secundado las acciones de la Izquierda Democrática, no paralizaron.

La prensa burguesa, que ha procurado sobredimensionar la magnitud de todas las acciones desplegadas por la oposición burguesa tuvo que reconocer que el paro fue a medias e inclusive fallido.

Vale detenerse en el rol que la gran prensa burguesa ha jugado en el proceso. Sus esfuerzos los ha orientado a generar un escenario que va más allá de la realidad, procurando crear la idea de que se ha producido una avalancha de protesta que exige la destitución de la CSJ. En realidad su actividad ha sido alienante, mostrando de manera clara los nexos que los une a los sectores bancarios, industriales, ganaderos, a quienes representa la oposición burguesa.

La participación de la izquierda revolucionaria en este proceso, a través del bloque parlamentario del Movimiento Popular Democrático MPD ha sido nítida. Aprovechando las contradicciones interburguesas que se presentaban en ese momento y que se han agudizado notablemente en estos días, votó por la destitución de la vieja Corte corrupta y del TSE y TC, con lo que pudo recuperar y alcanzar espacios de representación que por derecho legal le correspondía y habían sido burlados hasta el momento.

De esa forma coincidió, y de manera específica en este caso, con el bloque parlamentario gobiernista constituido por Sociedad Patriótica (partido de Gutiérrez), con el Partido Roldosista Ecuatoriano (del destituido Abdala Bucaram) y con el Partido Renovador Institucional (del oligarca bananero Álvaro Noboa). Sin embargo, esta coincidencia no significó el compromiso político con el gobierno, pues, su política de oposición continuó.

Durante estos meses el MPD y los sectores sociales en los que influyen, las organizaciones integrantes del Frente Popular (estudiantiles, de trabajadores, de campesinos, del magisterio, de mujeres, comerciantes, poblacionales, indígenas) han desenvuelto una política de oposición popular al gobierno, denunciando toda su gestión antipopular y antinacional. Particularmente han denunciado y combatido la pretensión gubernamental de firmar el TLC, el compromiso del gobierno con la ejecución del Plan Colombia, y más aún el propósito de consumar la privatización de las áreas estratégicas y de conculcar una serie de derechos de los trabajadores y el pueblo, a través de una ley, conocida como ley topo, que a la postre, por la movilización y presión popular, el Congreso Nacional la negó, propinando el movimiento popular un duro golpe a la política general del gobierno. Frente al caso concreto de la Corte, el bloque parlamentario del MPD propuso la elección universal de los jueces, para poner fin al sistema de nominación de los magistrados que ha permitido que los partidos oligárquicos aseguren su control político. Otros secotes, como la ID y Pachakutik apostaron a la designación de los jueces por parte de una Junta de Notables, es decir los oligarcas que en toda crisis política han buscado dar una solución “censata”. Por supuesto ese planteamiento fue rechazado en forma generalizada y no prosperó.

La crisis política surgió y ha tenido como eje el interés de los partidos oligárquicos y de los gremios empresariales el recuperar sus puestos en la CSJ, en el TSE y el TC y eso lo ha identificado y rechazado los trabajadores y el pueblo, por eso la debilidad demostrada en las acciones convocadas por la ID y el PSC. Sin embargo, han sabido aprovechar y manipular el descontento general anidado en el pueblo en contra de un gobierno que los traicionó, que se ha puesto al servicio del gobierno norteamericano y de los intereses de los grupos económicos más poderosos, incluyendo aquellos que ahora dicen estar en la oposición.

La declaratoria del Estado de Emergencia fue la punzada que produjo la masificación de la protesta, tomando fuerza el grito de ¡Fuera Gutiérrez!.

Algunos sectores políticos y otros que buscan no mostrarse como tales pretenden aprovechar la coyuntura para sacar tajada de diversa manera. Aunque el PSC y la ID también hablan de la renuncia del Presidente, su interés en realidad, junto al de Pachakutik, es lograr recuperar sus representaciones en las instituciones en discordia.

El vicepresidente Alfredo Palacio, pugna porque se produzca una sucesión constitucional. Palacio es la carta del socialcristianismo y de elementos vinculados a los denominados “movimientos sociales”, que también impulsan dicha sucesión. Nuestro Partido, así como el MPD y las organizaciones del Frente Popular levantamos la bandera ¡Fuera Gutiérrez, gobierno popular!. Esta bandera de lucha ha sido ya agitada en otros momentos recibiendo la acogida de amplios sectores. Sin embargo desde diversos lados se plantea la salida de Gutiérrez sin definir una alternativa frente a ello.

El gobierno popular que la izquierda revolucionaria plantea frente a la crisis estaría constituido de manera colectiva por representantes de organizaciones populares (trabajadores, campesinos, indígenas, de la juventud, del magisterio, de mujeres, etc), dirigentes de partidos democráticos y de izquierda, por integrantes de las iglesias, de las Fuerzas Armadas. Se busca una representación de los principales sectores populares interesados en llevar adelante un programa de transformaciones económicas, política y sociales, contenidas en una propuesta programática discutida y aprobada por la Asamblea Nacional de los Trabajadores y los Pueblos del Ecuador, reunida en enero de 2004.

Finalmente la Corte Suprema de Justicia designada por el Congreso en Diciembre cayó. El decreto de Gutiérrez del 15 de abril la cesó, pero esa medida, como lo señalamos fue calificada como ilegal y de corte dictatorial. El Congreso Nacional, presionado por el movimiento de masas, se reunió en día domingo 17 y resolvió, con 89 votos de los 101 diputados, dejar sin efecto la resolución del 8 de diciembre que designó a la hasta ayer nueva Corte Suprema de Justicia. El PRIAN de Álvaro Noboa fue el único partido que no votó por la resolución al no asistir a la reunión.

Sin embargo las movilizaciones continúan, el día de hoy (lunes 18) las organizaciones del Frente Popular protagonizaron acciones de lucha en el centro de la capital y, para el día de mañana han convocado a movilizaciones en todo el país.

Si Lucio Gutiérrez pensó que con el fin de la CSJ la crisis política llegaba a su fin, se equivocó. La lucha popular continúa.


Servicio de Prensa de En Marcha

Órgano Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE)