Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) del Ecuador, denuncia al Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, que Francisco (Paco) Velasco Andrade, director de Radio La Luna, de Quito, ha sido objeto de judicialización en su contra y de amenazas a su integridad física y su vida así como de su familia, al igual que la Radio que dirige.

Las intimidaciones, ya durante el régimen de Gutiérrez, hicieron con que la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), conformada por 15 organizaciones de Derechos Humanos de 15 países del Continente, se manifestara en su favor. Paco Velasco fue beneficiado en febrero de este año con medidas cautelares otorgadas por la CIDH- OEA (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos), junto a otros ciudadanos ecuatorianos que atravesaban iguales circunstancias.

"El señor Procurador se comprometió a cumplir dicho acuerdo uno de cuyos puntos era que conseguiría que miembros de la FAE (Fuerzas Armadas) diesen la protección a Paco Velasco, así como al resto de ciudadanos amenazados. Empero, el Estado no cumplió las recomendaciones acordadas por las partes", declara Ponce. Según él, desde la fecha en que la CIDH-OEA tomó la resolución citada hasta el día de hoy, han transcurrido cerca de tres meses, lo que ha causado honda preocupación en los ciudadanos y peticionarios, debido a que las amenazas, hostigamientos, sabotajes y advertencias, aumentaron contra Velasco, su familia y Radio La Luna, emisora que se convirtió en referente ciudadano durante la rebelión social vivida y la caída del gobierno de Gutiérrez.

Transcurrida apenas una semana de posesionado el nuevo Gobierno, presidido por Alfredo Palacio, Velasco recibió nuevas amenazas de muerte proferidas por sujetos no identificados que se autodenominaron "Caza-Forajidos". De igual forma, el personal de Radio La Luna que lo acompaña fue objeto de similares advertencias la noche anterior. Paco Velasco y Radio La Luna tuvieron papel destacado en la lucha ciudadana que determinó la caída del régimen de Gutiérrez.

Alexis Ponce informa que las organizaciones de DDHH que conforman un Comité de Crisis solicitan que el Defensor de Pueblo investigue por qué el Estado ecuatoriano no ha procedido a cumplir una resolución tomada por la CIDH-OEA; reclame el incumplimiento de los acuerdos de protección integral a las víctimas; y oficie a la CIDH-OEA para informar de estos hechos.

APDH del Ecuador también exhortó a la Fiscalía General de la Nación a que, ante la inexistencia tácita de Función Judicial debido a los manejos del antiguo régimen y el Congreso Nacional, vuelva a demandar a la Fuerza Pública y, especialmente, a la Policía Nacional, para que proceda a cumplir con las órdenes de detención dictadas desde el 20 de abril contra "la pandilla" de los Gutiérrez y los bucaramistas (defensores del ex presidente Abdalá Bucaram), solicitada aquel día por todos los organismos de derechos humanos del país unidos en el "Comité de Crisis" que durante estas semanas activó una estrategia de defensa emergente de la población ante los desafueros bucaramistas y la represión gutierrista.

La pandilla a que se refieren son las ex autoridades y ex funcionarios del Gobierno, así como a los principales cabecillas gutierristas y a los responsables de los servicios secretos y de Inteligencia, "responsables de la ola de amenazas y atentados durante el pasado régimen". La APDH llamó "cobarde y mentiroso" a Abdalá Bucaram, puesto que ha sido desmentida su presencia en Caracas. La entidad señaló que es inadmisible que Bucaram haya escapado, según se dice, a Perú y que no haya existido policía de migración que controle las salidas, más aún cuando el Gobierno ordenó tal cosa.

Ha sido informado que los organismos de DDHH del país establecerán los argumentos para la solicitud de extradición de Lucio Gutiérrez, asilado en Brasil, y que coordinan una demanda en su contra en los tribunales internacionales, debido a que no hay función judicial en el país. Finalmente, la APDH demandó seguridades y garantías al trabajo de la Fiscalía, cuyo personal debió abandonar un día sus instalaciones debido a amenazas anónimas de bombas.

La PIDHDD también invoca a la Misión Especial de la OEA que actualmente visita el Ecuador, para que desde su mandato acompañe y ayude a los ecuatorianos a la recuperación y restablecimiento pleno del estado de derecho en el país. Otra misión ya ha arribado a Quito para evaluar la situación del país tras la salida de Gutiérrez. La misión de la Comunidad Sudamericana de Naciones, encabezada por Celso Amorim, canciller de Brasil y su par boliviano, Juan Ignacio Siles, prevé reunirse con el presidente Alfredo Palacio, con el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, y con el alcalde de Quito, Paco Moncayo.

Según la prensa internacional, la Comunidad Sudamericana de Naciones decidió enviar a los delegados para analizar la situación ecuatoriana, y sobre todo para interiorizarse acerca de la destitución de Lucio Gutiérrez, por parte del Congreso.


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