Resulta curioso observar las distintas posturas asumidas en torno a la crisis política en Ecuador. Para algunos, el hecho de que la Fuerza Armada le haya retirado el apoyo a Lucio Gutiérrez, indica que su destitución respondió mas a un golpe de Estado que a la puesta en marcha de un mecanismo constitucional. Otros, sin embargo, consideran que la gravedad de la situación política en Ecuador pesó mas sobre las consideraciones jurídicas, lo cual obligó al parlamento a dar una respuesta pragmática que solventara lo mas pronto posible la crisis de gobernabilidad.
Mas interesante aun es observar los argumentos presentados de acuerdo al interés por evitar o reproducir situaciones similares. En Venezuela, por ejemplo, algunos partidarios del gobierno bolivariano que vivieron en carne propia un golpe de Estado justificado en la supuesta "renuncia" del Jefe de Estado, ven con sumo recelo que la destitución de Gutiérrez se haya producido por un "abandono en el cargo" sin que se le diera la oportunidad de confirmar o refutar tal aseveración, aun cuando a diferencia del caso venezolano, la falta de apoyo popular fuera determinante en su derrocamiento. Esta preocupación también es compartida por el gobierno de Perú, no porque tema la ejecución de un golpe mediático a la venezolana, sino por lo que podría representar para la gran mayoría que rechaza la gestión del presidente Toledo. Por su parte, la oposición venezolana justifica la salida de Gutiérrez añorando un desenlace similar en Venezuela, tal y como lo buscó afanosamente el 11 de abril y durante el sabotaje petrolero. En este sentido, el diputado Andrés Velásquez calificó de "responsable" al depuesto presidente ecuatoriano por haber acatado su destitución "respondiendo a lo que es una solicitud generalizada para que dimita... [que] de alguna manera se pone en contraste con lo ocurrido en nuestro país, donde ante una situación de violencia y de derramamiento de sangre un gobernante no tuvo esa responsabilidad y más prevaleció en él la ambición de poder que la suerte que pudiera vivir el pueblo de Venezuela." (El Mundo, 21 de Abril de 2005) Igualmente, el ex embajador Milos Alcalay manifestó que la OEA deberá "actualizar" su concepto de democracia porque "no puede ser que por los votos que alguna vez obtuvo el presidente de Ecuador, pueda darse el lujo de la prepotencia del poder, la militarización de las estructuras civiles, de remover a dedo a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, de manipular el Parlamento para el beneficio del Ejecutivo, de negarse a aceptar el desprecio de la minoría oposicionista y de mantenerse tolerante ante la corrupción" (Unión Radio, 22 de Abril de 2005), en clara alusión al presidente Chávez y en sintonía con la posición estadounidense que espera con ansias modificar la Carta Democrática para aplicarla en Venezuela.
Ciertamente, la OEA, que no movió un dedo cuando el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, deberá ver como concilia las distintas posturas políticas antes de tomar una posición con respecto a Ecuador, la cual seguramente estará signada por la ambigüedad y falta de voluntad política para impulsar cambios estructurales en los sistemas políticos de América Latina que trasciendan el presidencialismo representativo pro-estadounidense.
La solución a las crisis de gobernabilidad en países de América Latina no pasa por determinar de manera subjetiva cuando un derrocamiento es malo y cuando es bueno de acuerdo al interés político, sino creando mecanismos democráticos que permitan la participación ciudadana de manera razonada y efectiva en el devenir político de sus naciones. Lo ocurrido en Ecuador no es mas que el reflejo del agotamiento del sistema político presidencialista. En los últimos cinco años han sido derrocados seis presidentes en América Latina, y solo en Ecuador han sido cinco los presidentes que en los últimos ocho años no han podido llegar al fin de su mandato. Este fenómeno tiene su origen en el neopopulismo exacerbado de quienes fundamentan su plataforma electoral en un discurso social, pero una vez en la presidencia comienzan a implementar un programa neoliberal, netamente antipopular, traicionando la confianza que el pueblo depositó en las urnas, y confiando que el término de su mandato en suficiente garantía para resguardar el poder sin tener que rendirle cuentas al país. En Venezuela esta problemática se hizo evidente tras los sucesos del 4-F, pero no fue sino con la victoria de Chávez en 1998, que una nueva constitución pudo dar una respuesta al problema de ingobernabilidad propia del presidencialismo mediante la creación de la figura de los referéndums revocatorio, abrogatorio y consultivo. Sin embargo, el sistema político venezolano aun no ha logrado trascender totalmente los vicios puntofijistas del pasado, los cuales han obstaculizado el desarrollo y consolidación de las nuevas instituciones bolivarianas, y en especial de la Asamblea Nacional para que actúe como bisagra entre el poder publico y la participación popular.
Una alternativa política para los países de América Latina sería la transformación estructural del sistema político que destierre la nefasta herencia presidencialista y avanzar hacia un sistema parlamentarista bolivariano que garantice el funcionamiento óptimo del gobierno e instituciones públicas sin obstruccionismos y con el ojo vigilante de la ciudadanía que a fin de cuentas determinará la culminación del ejercicio del poder. La posibilidad de llamar a elecciones en momentos de crisis sin que se vulnere el orden constitucional tendría una repercusión positiva en todos los ámbitos, además de coadyuvar decididamente al desarrollo democrático e integral del Estado. Incluso, el surgimiento de cualquier crisis tendría que pasar necesariamente por un filtro de racionalidad debido a que cualquier llamado a elecciones no sería para escoger un nuevo Primer Ministro o Presidente, sino para remplazar a los propios representantes del Parlamento. Precisamente, mientras Ecuador resuelve su crisis política y los países de la región intentan interpretar la caída de Lucio Gutiérrez, en Canadá se ponen en marcha los mecanismos constitucionales que ofrece el sistema parlamentarista para resolver una crisis de gobernabilidad derivada de hechos de corrupción, convocando a los ciudadanos a las urnas por segunda vez en menos de dos años de gestión.
No obstante, un cambio estructural de tal envergadura requerirá tiempo, educación, información y un debate público de altura y sin prejuicios. La crisis política en Ecuador que provocó el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, puede ser un buen momento para iniciar ese debate.
(*) Internacionalista, MA
