El Estado gobierno debe iniciar una real investigación a fondo para determinar quién mató a los dos jóvenes Yukpa dentro de su territorio, y qué sector violento emitió la orden de asesinarlos. Además, debe aclarar por qué el MINPI se aferra en desviar la voluntad política del Gobierno y entaparar los hechos (cangrejo policial) criminalizando a Sabino, a los jóvenes Yukpa y a la Sociedad Homo et Natura.

Nuestras investigaciones realizadas hasta ahora muestran opiniones divididas, un sector asegura que fueron efectivos del Ejército, otro en cambio dice que se trata de guerrilleros colombianos y otro sector que fueron sicarios colombianos. Los tres sectores mencionados aseveran que los ganaderos de la zona gestionaron o pagaron dichas acciones criminales. Y esto lo afirmamos no porque, como dice algunos sectores de la oposición, somos cómplices o complacientes con el Gobierno rojo rojito, ni somos escuálidos de la oposición o narcotraficantes, como dicen los funcionarios del MINPI y uno que otro chavista trasnochado, al contrario, decimos esto porque tratamos de buscar la verdad de los hechos desde una práctica revolucionaria y consecuente en el discurso político sean quienes sean los culpables, sean de derecha o de izquierda, aunque ya estos conceptos muy poco sirven hoy para hacer análisis político en Venezuela, dado que ante los conflictos de fondo la ética parece ponerse en remojo sin importar la ideología profesada, mucho menos en Machiques sometido a la mega presión del Plan Colombia, municipio carcomido por una guerra de cuarta generación. Todos los males están instalados en esta zona tan cerca de Colombia y tan olvidada por el Gobierno Nacional de Caracas.

No es el imperialismo directamente quien opera, se está claro, pero sí la derecha ganadera, siendo los actores intelectuales (aunque algunos de ellos puedan ser del PSUV o de Primero Justicia) según lo que hasta ahora se vislumbra, por esto la necesidad de que sea el Estado gobierno cumpliendo con sus funciones constitucionales quien ordene la investigación de los hechos. Y esto no puede hacer enojar al Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas (MINPI), en su deber. Al contrario debería sumarse a la propuesta de los movimientos sociales, que dicho sea de paso, fuimos los que denunciamos primero este y otros crímenes cometidos contra los Yukpa (Darío Segundo García Fernández, el 19/12/11 en el parcelamiento las Flores) y de encargados de haciendas por encapuchados (Andrés Manuel Ferrer, el 03/12/11, en la hacienda la Cordillera de José Domingo Márquez). Estos dos asesinatos y dos heridos de apellidos Fernández Fernández han quedado en el olvido, al presunto parcelero asesino le gestionó su libertad el abogado Alfonso Chacín, Consultor Jurídico de GADEMA, bajo el silencio cómplice del MINPI; así mismo dicho silencio ministerial se aplicó con los cinco heridos Yukpa en agosto del año pasado en la hacienda El Rincón, hoy custodiada por militares, al igual que la hacienda El Capitán en el sector Toromo. No queremos que esta misma conducta ministerial se termine de montar con el asesinato de los jóvenes Wilfrido Romero de Shuata/Toromo y Lorenzo Romero de Kasmera ocurrido el lunes 16 del presente mes.

La ministra Maldonado utiliza a sus segundones funcionarios caciques mayores, en espacial a Pérez e Iknopa para echarle tierra a estos hechos abominables, y terminar de ocultar que por culpa del MINPI y la Vicepresidencia continúan pasando hechos como estos, por ello que, de inmediato, debe iniciarse el pago de las bienhechurías de todas las haciendas y parcelas señaladas por las comunidades y sus 160 Caciques Yukpa a través de un cronograma de pago, y eliminar del título (y del de los Barí) los derechos de terceros y mineros. Este es el problema de fondo: la tenencia de la tierra, no es Sabino. Ni mucho menos la ONG Sociedad Homo et Natura. En un gobierno revolucionario es una contradicción estructural criminalizar sistemáticamente a los luchadores sociales, pareciera ser una estrategia mayor cuyo objetivo central no está del todo claro, hemos acompañado esta lucha desde hace 27 años y lo seguiremos haciendo a pesar de agentes ministeriales que ante el rol histórico que le corresponde cumplir dejan mucho que decir si se les mira con una óptica revolucionaria y transformadora.