Un asesino comprobado, José Sánchez Montiel, alias Mazuco, es ahora diputado. Ese sujeto asesinó a Claudio Macias, funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, que investigaba las múltiples actividades delictivas del nuevo parlamentario. Macías fue asesinado en la cárcel, donde fue encerrado por orden de Mazuco. Lo estrangularon y después lo colgaron, como para simular un ahorcamiento. Horas antes, y ante numerosos testigos, el ahora legislador amenazó de muerte a Macías, diciéndole incluso que no pasaría de esa noche. Las pruebas contra Mazuco son abrumadoras. Sin embargo, la corrupción del Ministerio Público permitió prolongar indefinidamente el juicio, para permitirle a un asesino que lo postularan a la Asamblea. Luego, a Mazuco lo dejaron libre para que se tratase de un cáncer que, caso de haber existido, está totalmente curado. Es una de las historias más sórdidas de los últimos años. Mazuco, la mano negra de Manuel Rosales, manejaba negocios tan sucios como el secuestro, el tráfico de drogas, el traslado de paramilitares y el cobro de vacuna para que no roben vehículos “vacunados”. Aun así, la oposición lo lanzó y parte del electorado zuliano, a pesar de que allí todo el mundo sabía la calaña del Mazuco, votó por él.
Por cierto, la peculiar diligencia y el pintoresco sentido de la justicia de Luisa Ortega Díaz hacen que no sólo Mazuco, sino también Biaggio Pilleri, sean parlamentarios. En ambos casos el procedimiento fue el mismo: juicios eternos, donde el Ministerio Público, en complicidad con los defensores, demoraba el proceso, para impedir la sentencia. Dos hampones comprobados, uno asesino y el otro corrupto, son ahora “honorables” diputados, para vergüenza de la Asamblea y de los legisladores realmente honorables, que deben sentarse cerca de homicidas y ladrones.
Indepabis finalmente participará en la vigilancia de las líneas aéreas y sus múltiples abusos contra los indefensos pasajeros. La participación de ese organismo da alguna esperanza a las víctimas de las aerolíneas, pues el resto de los entes del Estado o, mejor dicho, los jefes de ellos, están al servicio y en la nómina de esas bandas disfrazadas de empresa. Todo dependerá, sin embargo, de cuántas atribuciones le den a Eduardo Samán y si permitirán que Indepabis pueda actuar solo. Porque si es en cambote con otras dependencias oficiales, continuará la impunidad.
Por cierto, el intento de asesinato de Eduardo Samán se mantiene tras un velo de silencio. No hay información oficial ni extraoficial de este asunto. Los cuerpos de seguridad no dicen nada. Es más, ni siquiera han confirmado que se trata de un sicariato.
Aunque pueda parecer increíble, quien cometa un asesinato o cualquier otro delito a mano armada, puede pedir el respaldo del Estado para lograr que quede impune. En efecto, la ley desarme pauta que si alguien entrega un arma de fuego, la misma debe ser destruida sin hacerle ninguna prueba ni identificar a la persona que la entregó. De esa forma, se destruyen las pruebas y se impide cualquier experticia criminalística, con lo cual se elimina la evidencia más determinante e incontrovertible en un crimen: el arma homicida.
Los periódicos aragüeños ya no publican el número de asesinatos del fin de semana. Después de que El Siglo mostrara cómo en Maracay, una ciudad mediana, se registraron 15 asesinatos entre viernes y domingo, Tareck el Aissami presionó por dos vías para que se reduzca la difusión de sucesos. A los dueños de algunos medios les pagaron, mientras a otros simplemente les amenazaron.
Un grupo de “líderes” guajiros presionan y amenazan a la Gobernación del Zulia, para que se les permita continuar el negocio del contrabando de extracción hacia Colombia de gasolina y alimentos. Después de la operación comando que paralizó Maracaibo colocando grupos de hampones en las principales intersecciones de la ciudad para provocar su colapso, esos delincuentes advierten que realizarán actos similares, y hasta aplicarán la “ley guajira” (eufemismo para asesinato) a quienes les quiten el negocio. La tradicional cobardía frente a esas bandas es lo que permite la impunidad de esos bachaqueros, que son una de las causas del desabastecimiento.
Nicolás Maduro anunció la incorporación de 7.515 personas a la millonaria lista de personas que se benefician de una jubilación del Seguro Social. Son más de 2 millones y medio las personas que cobran esa pensión. Hugo Chávez fue un defensor a ultranza del derecho a gozar de una pensión cuando se llega a la edad en que ya no se está en condiciones de trabajar o, más exactamente, mucho antes, pues en Venezuela ese derecho empieza bien temprano. Ningún país jubila personas más jóvenes que el nuestro. Sin embargo, en los últimos meses las mafias que controlan el seguro social hacen que de esos 7 mil nuevos jubilados, un porcentaje altísimo tuviera que sobornar para obtener lo que por derecho les corresponde. Hoy hay que bajarse con 22 millones para lograr lo que debería ser gratis. Los hampones que dirigen el IVSS se encargan de imponer requisitos absurdos para facilitar la corrupción. Incluso le dicen a los solicitantes que no les tramitan la pensión porque uno de sus antiguos patronos tiene una deuda.
En medio de la impunidad casi total, facinerosos se dedican a saquear las tumbas y robarse cadáveres, que luego son vendidos a brujos y otros estafadores. Cuando ocasionalmente capturan a alguna banda dedicada a ese negocio, son liberados a las pocas horas, tras pago de soborno a policías o fiscales. Se trata de un delito monstruoso, que provoca enorme sufrimiento a los familiares que se encuentran con el robo total o parcial de los restos de sus seres queridos. Aun así, nadie va a la cárcel por ese crimen.
Una organización hamponil llamada Forma, está llamando a sabotear la instalación de los Consejos Educativos e intenta mantener las vetustas sociedades de padres y maestros. Una delincuente llamada Paola Bautista de Alemán, exhorta a bloquear la resolución 058, alegando su supuesta inconstitucionalidad. De acuerdo a esa forajida, cualquier pendejo puede declararse el intérprete auténtico de la Constitución y bloquear las normas del Estado. Lo más grave es que esa vagabunda está en libertad.
