Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, se cuadra con las violentas protestas opositoras y, encima, tiene la cara dura de culpar al chavismo por la violencia desatada por escuálidos. Se coloca así en idéntica posición que Diego Padrón, otro de los integrantes de la logia homosexual que controla la conferencia episcopal. De manera solapada y sin asumir posturas tan estridentes como unos años atrás, la jerarquía católica, o la menos buena parte de ella, actúa como dirigentes políticos. Es posible que la fuerte postura del actual papa Francisco I contra la injerencia eclesiástica en política partidista, lleve a los pargobispos criollos a ser más solapados, más hipócritas y más sutiles en sus declaraciones. Sin embargo, el fondo es el mismo que cuando los capos católicos respaldaron el golpe de Estado que colocó en Miraflores al dictador Pedro Carmona Estanga.
La honorable fiscal Luisa Ortega Díaz tiene una enorme cuota de responsabilidad en la violencia desatada por los escuálidos. Esta honorable señora afirma que trancar vías no es delito y, en consecuencia, los guarimberos siempre quedan impunes. En reiteradas ocasiones, incluso en programas de entrevistas en VTV, la honorable fiscal insiste en eso de que no es delito impedir el libre tránsito. Eso piensa y dice ella. El Código Penal vigente dice otra cosa bien diferente:
“Capítulo II De los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación
Artículo 357. Quien ponga obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías, haga falsas señales o realice cualquier otro acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de cuatro años a ocho años...
Quien asalte un taxi o cualquier otro vehículo de transporte colectivo para despojar a tripulantes o pasajeros de sus pertenencias o posesiones, será castigado con pena de prisión de diez años a dieciséis años.
Parágrafo Único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena”.
Como puede apreciarse claramente, la guarimba es un delito. Al igual que atracar taxis, sus autores no gozan de beneficios procesales ni de medidas alternativas a la privación de libertad. Sin embargo, la honorable fiscal, que siempre encuentra cómo proteger a los escuálidos aunque asesinen a chavistas (si lo dudan, pregunten por más de 200 campesinos y otros tantos sindicalistas asesinados, con los autores de todos esos crímenes impunes) decidió olímpicamente autoatribuirse facultades legislativas y derogó en la práctica el Código Penal.
Los violentos opositores están buchones. Reciben dinero a manos llenas de los Estados Unidos. Es el imperio quien paga para que se realicen manifestaciones y se asesine venezolanos, tal y como hicieron el 11 de abril de 2002. Por eso, todos los que participan en las manifestaciones son basura o pendejos. Lo primero, si son conscientes de que trabajan contra su patria y están al servicio del enemigo. Y pendejos son aquellos, si es que hay alguno, que de buena fe participa en esos actos, sin captar que juega pra el equipo contrario que, en definitiva, lo único que quiere es robarnos el petróleo.
Dicho sea de paso, el dinero para financiar la violencia opositora no viene solamente de Estados Unidos. Hay empresas transnacionales, de esas que roban mucho a los venezolanos, que encima pichan a los sectores más violentos. Una de esas compañías es Movistar, cuyo capo en Venezuela, Pedro Cortez, no se esconde demasiado a la hora de darle gruesas sumas a los jefes de la violencia. Movistar es una compañía delictiva. Su casa matriz, en España, surge a raíz de un guiso pestilente: la privatización de Telefónica. Esa empresa, que daba grandes beneficios, fue privatizada por el político más sucio de España desde la muerte de Franco: José María Aznar. La estafa fue descarada y, gracias a la complicidad de la generalidad de los medios, entregaron a un precio ridículo una compañía altamente rentable, dueña de un monopolio de hecho, con una posición dominante de mercado. Eso sí, los que se “privatizaron” Telefónica fueron los amigotes de Aznar, sus antiguos compañeros de estudios y varios de ellos miembros de grupos extremistas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo.
Dicho sea de paso, los abusos de Movistar contra sus clientes y su postura política de financiar la violencia sólo es posible con la tolerancia y apoyo de Conatel. Como se sabe, al margen de quien sea el jefe teórico de ese organismo, las cuatro quintas partes del personal es escuálido y un alto porcentaje, incluyendo gente con altos cargos, están en la nómina de Movistar. Allí opera una meritotracia igual de reaccionaria y corrupta que la que hubo en Pdvsa. De hecho, todos los altos cargos de Movistar son hábiles en repartir sobornos, gracias a lo cual prestan pésimo servicio, maltratan y roban, sin recibir sanciones. Incluso cuando en el pasado Indepabis intentó sancionar a la multinacional de telecomunicaciones, la burocracia de Conatel e, incluso, varios ministros, salieron en defensa de esa empresa hamponil.
No tienen desperdicio las declaraciones y denuncias de la periodista Amber Lyon, quien desnuda a su antiguo patrono, el canal noticioso CNN. Esta reportera demostró que esa agencia de noticias se dedica simplemente al palangre, que cualqueira que pague, aunque sea el peor asesino, recibe tratamiento preferente y le hacen reportajes a la medida, para mejorar su imagen. La reportera mostró cómo un asesino despreciable, el Emir de Bahrein, pagó duro a CNN y a cambio ese canal transmitió un verdadero publireportaje, donde pintaban a ese sátrapa como un buen gobernante. Todo ello ocurrió en medio de la feroz represión de las protestas, que llegó al extremo de que el canalla que gobierna en Bahrein permitió el ingreso de las tropas de otro asesino, el reyezuelo de Arabia Saudita, para realizar masacres horrendas. Los crímenes de ambos emires llegaron a extremos sádicos, como asesinar en presencia de familiares a las personas hospitalizadas por las heridas sufridas en las manifestaciones. Ese par de basuras ordenaron que mataran a los choferes de ambulancias que trasladaron heridos en manifestaciones. CNN es la protagonista de la campaña internacional contra Venezuela, ordenada por Estados Unidos y un canal que defiende a los canallas que mandan en Arabia Saudita y Bahrein, tiene el tupé de decir que en Venezuela se violan derechos humanos.
El paralelismo de la campaña de opinión internacional de Estados Unidos contra Venezuela, se parece mucho a la que el imperio, en complicidad con las lacras que gobiernan en Europa, realiza contra Ucrania. En ese país, los opositores, en un solo día, asesinaron a 25 personas. A raíz de ello, los sucios gobernantes europeos se preparan a imponer sanciones contra el ¡gobierno ucraniano! No importa que los 25 muertos fueran policías y funcionarios, asesinados por opositores, castigan al gobierno por lo que hacen sus enemigos. Igual sucede en Venezuela; la oposición anuncia una campaña de violencia, la lleva a cabo, asesina a chavistas, pero el violador de derechos humanos es Nicolás Maduro.
En este momento, es importante recordar como Leopoldo López fue pillado en reuniones con un agente imperial enemigo de Venezuela: Judas Uribe Vélez. No puede olvidarse que López, a quien quieren mostrar como un perseguido político, en realidad es un agente al servicio de una potencia extranjera enemiga nuestra, que se reúne y recibe dinero de otros agentes imperiales. A pesar de eso, la honorable fiscal Luisa Ortega Díaz, se mueve para liberarlo y que, una vez más, sus crímenes queden impunes. Es bueno tener presente que cada rata que salga pidiendo la libertad de López, está trabajando para el enemigo. Solicitan la libertad de un agente extranjero, que planifica y ordena asesinatos de venezolanos al servicio de EEUU.
Por cierto, Leopoldo López confiesa que malversó fondos del Municipio Chacao. Dijo aquella estupidez de que lo inhabilitaban por pagarle el sueldo a bomberos y maestros. La realidad es que pagó esos salarios con dinero malversado. Nuestra actual honorable fiscal no le da ni por los talones a Ramón Escovar Salom, fiscal general en la IV República. El desaparecido Pirujo, adeco, virulento antichavista, pero que por el mismo delito que López, perpetrado por Carlos Andrés Pérez, puso tras las rejas al entonces Presidente. Luisa Ortega no pudo, ni quiso hacerlo, porque ya se sabe que tiene planes presidenciales con apoyo escuálido. De ahí que protegiera a un ladríon y asesino, porque la honorable fiscal no toca escuálidos ni con el pétalo de una rosa.
Parece que una vez más la rosca corrupta enquistada en el gobierno hará que caiga en saco roto la solicitud del periodista José Vicente Rangel. En su programa dominical, Rangel pidió que se den los nombres de los corruptos de Cadivi, las empresas que recibieron dólares por montos exorbitantes y muchas otras irregularidades, que luego los pajúos y Rasputín manejan cortando divisas a la clase media. Ninguna acción contra la corrupción será creíble mientras no se dé la lista de esos corruptos. Es indispensable saber quienes eran los dueños, por ejemplo, de las empresas de maletín que recibieron 20 mil millones de dólares, según aseguró Jorge Giordani. Dicho sea de paso, el mismo Giordani queda bastante mal, como alguien que habla sin propiedad o inventa hechos, mientras no diga cuáles son esas empresa de maletín y quiénes sus dueños.
