En Venezuela se sigue una política estúpida para descongestionar las cárceles. En lugar de construir más prisiones, se liberan hampones de alta peligrosidad, como el que asesinó a un policía de Lara días después de salir en libertad, favorecido por la “cayapa judicial”. Resulta insólito que el Estado, en una sociedad acogotada por el hampa, se esfuerce no por encerrar criminales, sino por soltar a los pocos que están tras las rejas. En la IV República, “resolvieron” el problema del hacinamiento en el Retén de Catia, dinamitando la que para entonces era la mejor cárcel del país como instalación, aunque con una población penal muy superior a su capacidad. El demagogo Rafael Caldera montó un show y transmitió en directo la voladura, que incrementó aun más el gravísimo problema de hacinamiento. Ahora se sigue ese mismo ejemplo y cárceles excelentes, como La Planta, están desocupadas. Ciertamente, la torpe política carcelaria hace que lo vecinos peleen, con sobradas razones, para no tener penitenciarías cerca. La realidad es que sacar las prisiones de las ciudades implica encarecer y dificultar el traslado a los tribunales y las visitas a los presos, dos actividades por las que los reclusos deben pagar a los pranes.
Las aerolíneas actúan como lo que son: bandas organizadas. Hasta mantienen una especie de sindicato del crimen, llamado Asociación de Líneas Aéreas. El reptil que maneja ese sindicato, un delincuente de nombre Humberto Figuera, ahora hasta intenta lavarle la cara a sus representadas. Ese choro dice que están entregando al INAC los costos de operación de esas “empresas”. No se entiende porqué se le entrega al Inac y no al Indepabis, organismo que tiene mucho más que ver con los precios. Indepabis no está en la nómina de las transnacionales del transporte aéreo. Por si fuera poco, y refleja la guerra de las aerolíneas contra un ente que no controlan ni sobornan, el tal Figuera dijo que era una “leyenda urbana” eso de que bloquean las tarifas más económicas. Como se sabe, Eduardo Samán, presidente de Indepabis, señaló que ya está comprobada esa práctica delictiva de restricción de la oferta. Ese ser sucio llamado Figuera desprecia a la opinión pública, que sólo necesita meterse en Internet para comprobar las tarifas que cobran las aerolíneas por sus pasajes, que en dólares (no en bolívares) son hoy más de cuatro veces superiores a los que cobraban en enero.
De un solo mamonazo, el gobierno español privó de libertad a 40 venezolanos, a quienes retienen en el aeropuerto de Madrid en condiciones inhumanas. Todos van a ser deportados a Venezuela, mientras están detenidos en situación deplorable, sin baño ni para cepillarse los dientes. A los venezolanos les robaron –aunque dicen que se los devolverán- sus celulares, es decir, que los dejan incomunicados. Así como suena, incomunican a los venezolanos. Por si fuera poco, les privaron de todos sus efectos personales, incluyendo las medicinas y les echan bazofia en lugar de comida. Todos los que serán deportados volaron con Conviasa y seguramente Iberia sobornó o presionó para esta acción criminal, pues no soporta la competencia. Son cosas que ocurren en un país de opereta, con un reyezuelo que vive de borrachera en borrachera.
No es la primera vez que el gobiernucho español deporta venezolanos. Lo que nunca había sucedido es que lo hicieran con un lote tan grande. Desde hace años, España expulsa entre mil y mil quinientos turistas venezolanos. Todos ellos reciben trato vejatorio, son incomunicados, sometidos a humillaciones e insultos, además de ser privados de sus medicinas. Sin embargo, el gobierno venezolano no hace nada par defender a esos ciudadanos, que quedan indefensos por la cobardía, negligencia e ineptitud de la Cancillería. Ni un solo español recibe un trato parecido en los aeropuertos venezolanos. Venezuela es un país serio y no tiene porqué someter a españoles de a pie a situaciones indignas. Pero un gobierno serio y un Canciller valiente, que de verdad defienda a los venezolanos, deportaría a media docena de españoles poderosos. Por ejemplo, a los capos en Venezuela de Iberia, Repsol, Meliá, Telefóni ca Movistar, BBVA, Mapfre y otras empresas que aquí hacen su agosto. Hay que fomentar el deporte, deportando a esos malhechores que vienen a Venezuela robar, porque todas esas empresas en realidad son bandas de forajidos.
Hablando de cobardes y de bandas criminales. Una vez más, como sucede todos los días, hampones trancaron la autopista, a la altura de La Yaguara, mientras realizaban homenajes a un delincuente muerto. Los policías tienen órdenes, aunque parezca increíble tienen órdenes, de no estar cerca de la ruta de los cortejos hamponiles. Los choros, en moto, cierran la vía, sacan el cadáver de la urna, bailan con él, lo bañan en caña y, de paso, atracan a docenas de personas atrapadas en sus vehículos. En esta oportunidad, asesinaron a Luis Moleiro, de 62 años, quien circulaba con su hijo, teniente de la Guardia Nacional (componente cuyos efectivos están instruidos para no acercarse a esas peculiares honras fúnebres con atraco masivo). Por eso resulta tan indignante que Soraya al Achkar y Tareck el Aissami, hagan demagogia con la ley desarme, con un Estado que no es capaz de desarmar a los presos y retira a las policías de donde sabe que van a haber atracos. Porque a Luis Moleiro no lo asesinaron sólo esos hampones, también fueron cómplices los jefes policiales que no garantizan la seguridad por donde transitan esos facinerosos.
Siguiendo con hampones protegidos por las autoridades, todavía se ignoran los nombres de los “deportistas” que se robaron más de sesenta millones de dólares de Cadivi. Es insólito y sin precedentes que unos delincuentes de alto monto, que según el gobierno están encarcelados, reciban semejante amparo. Podría entenderse que, de acuerdo al Copp, los mostraran con la cara tapada por una franela, como se hace con delincuentes mucho menos poderosos. Pero no identificar a unos criminales deja muy mal parados a quienes los cubren con un manto de impunidad, cuyos nombres sí son conocidos.
Ni una sola figura del chavismo ha explicado porqué se “compró” el proyecto de ley Desarme, presentado y respaldado durante años por Primero Justicia. La idea imperial la introdujo en Venezuela nada menos que Juan Carlos Caldera (sí, el delincuente del sobre manila con dinero con que lo sobornó Wílmer Ruperti). El objetivo de esa ley es facilitar la presencia en Venezuela de las tropas de ocupación estadounidense, que actuarían sin riesgo contra ciudadanos desarmados. En Iraq y Afganistán los gringos viven un calvario, con millares de muertos y ataques efectivos cada día, gracias a que en cada hogar de esos países al menos hay un arma de fuego. Ahora Estados Unidos promueve por todo el Tercer Mundo, y en especial en las naciones que tiene en la mira como objetivos militares por sus reservas petroleras o la independencia de sus gobiernos.
Posiblemente la acción más vergonzosa de los últimos años fue la incorporación como diputado del asesino José Sánchez Montiel, alias Mazuco. Se trata de un criminal a quien se le comprobó el asesinato de Claudio Macías, funcionario de la DIM que lo investigaba como jefe del paramilitarismo en el Zulia, además de jefe de las bandas que controlan el secuestro, tráfico de drogas y cobro de vacunas para evitar el robo de vehículos. Nadie explica porqué se permitió ahora la entrada de semejante criminal al Poder Legislativo. La realidad es que, en la IV o en la V República, nunca alguien con semejante prontuario se transforma en parlamentario. Sólo en Colombia, cuando Pablo Escobar Gaviria fue diputado, un poder público ha sido penetrado de tal forma por el mundo del delito. Porque Mazuco es un asesino, no un presunto asesino. Fue condenado como tal a 19 años de presidio, y luego liberado por esas figuras “humanitarias” con que Luisa Ortega Díaz premia a criminales como Lázaro Forero, Maria Lourdes Afiuni o cualquier otro criminal que se proclame escuálido.
Un amigo cercano de Carlos Ocariz, con quien negoció la presencia de su banda en el Municipio Sucre de Miranda, está tras las rejas en Colombia. Se trata de Vólmar Hernando Claro Torres, alias El Mico, segundo jefe del grupo paramilitar conocido como Los Urabeños. El Mico fe apresado en Cúcuta, a escasos kilómetros de Venezuela, junto a 17 de sus cómplices, por las autoridades colombianas. Ocariz negoció personalmente con El Mico, su ingreso a Venezuela y el traslado de efectivos de su banda hasta la capital venezolana, donde operan con amparo de los efebos de Primero Justicia. El negocio se hizo con la mediación de César Pérez Vivas, alias Mazamorro, cuando era gobernador. Ese criminal es responsable de, entre muchísimos otros, el asesinato del comisario Luis Monroy, jefe del CICPC en Táchira. Los urabeños tienen fuerte participación en el mundo delictivo venezolano en la zona fronteriza , pero con el apoyo del partido de los partidos, que les da logística y garantiza protección, actúan incluso en plena Caracas.
