En Venezuela, la década de 1990, caracterizada por el avance del neoliberalismo, el incremento en las inequidades sociales y económicas, el deterioro de las condiciones de vida de la población, el dispendio de los recursos naturales nacionales y regionales y la consecuente rebelión cívico militar, condujo al proceso constituyente que culmina con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Con ello se dio inicio a un proceso de transformación nacional en función del ejercicio de la soberanía recién conquistada y de la refundación republicana.
Era de esperarse que esta transformación permeara hacia Políticas Públicas que en lo administrativo, estarían destinadas a materializar el mandato constitucional. Sería posible entonces el financiamiento productivo, la orientación de las compras del Estado hacia el sector nacional y con ello la reactivación del aparato productivo, así como la agilización de los procedimientos administrativos de cara al ciudadano.
Estas metas han tenido grandes obstáculos para poder alcanzarse en forma oportuna, sostenible y a costos razonables. Al mismo tiempo se puede observar la falta de correspondencia entre el mandado constitucional y las normativas internas y procedimientos administrativos de las empresas, banca y entes públicos venezolanos, heredados de la democracia representativa que no han sufrido transformaciones sensibles desde 1999 hasta la fecha.
A través de las más de 500 transnacionales que forman el directorio de empresas de capital estadounidense en Venezuela y sus casi 3.000 subsidiarias, opera un doble mecanismo de formación y expatriación de capitales que sirve al mismo tiempo de herramienta para poner freno al desarrollo nacional, con las correspondientes consecuencias sobre el ejercicio efectivo de la soberanía y el Poder Popular.
En este sentido creo necesario elaborar una política pública para la creación de las normativas internas del área y funciones que les competen a estos órganos, en el sentido de formularlas de acuerdo con los principios y valores definidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como modificar los entuertos constitucionales y denunciar los tratados internacionales viciados de nulidad que representan un yugo imperialista contra la Nación Venezolana.
