Estamos en una encrucijada difícil. La derecha ha venido preparando su emboscada desde antes de la partida del Presidente Chávez, cuando vio en su precaria salud la posibilidad de recobrar el terreno perdido. Dentro de su viraje táctico posterior al golpe de 2002, hizo de la Constitución su nueva bandera y de la vía electoral su primera opción, pero sin desdeñar otros caminos. Por eso, la desesperación por los sucesivos fracasos frente al chavismo entre octubre de 2012 y diciembre de 2013, le llevó a iniciar el zarpazo del 12 de febrero del año en curso, bajo las consignas de La salida, Maduro vete ya y Es ahora o nunca. Nada más lejos de los recursos que prevé la Carta Magna, y precisamente cuando apenas comenzaba un lapso de casi dos años sin elecciones, que permitirán al gobierno liderado por Nicolás Maduro enfrentar problemas crónicos y profundizar el avance en todos los aspectos sociales.
Para llegar al momento actual, la fracción más reaccionaria de la derecha propició el malestar colectivo por las fallas en la gestión gubernamental, enfatizando los errores, negando los aciertos y minando el funcionamiento de las instituciones públicas a través de la gran cantidad de empleados opositores que forman parte de la nómina en ministerios y otros organismos estatales, y quienes se desempeñan como operadores políticos en vez de servidores públicos.
Siguiendo el guión de Gene Sharp con adaptaciones a las circunstancias locales, y con cuantioso apoyo monetario y propagandístico de dimensión internacional, la derecha venezolana se la juega bajo la dirección de genuinos representantes de la godarria criolla, que desplazaron al advenedizo Capriles y con más razón al alegre Pablo Pérez, descendiente de Rosales. Sólo sobreviven pescueceando en torno a los oligarcas, sujetos como Ledezma, Velásquez y García, como reliquias del puntofijismo.
La crispación antichavista evidente en personas de los estratos pobres, quienes precisamente han sido los más favorecidos desde 1999 en todos los terrenos, es sorprendente. La catarata de mensajes breves, efectistas, exagerados, que generalizan aspectos puntuales, descontextualizados en relación con los lineamientos constitucionales y carentes de toda sindéresis, ha hecho presa fácil de quienes se acostumbraron a recibir el pago de una deuda social heredada de la cuarta república, pero cuya conciencia de clase y compromiso revolucionario aún sigue siendo muy frágil. El ministro Héctor Rodríguez hizo una aseveración terrible en días pasados, pero que lamentablemente no está lejos de la verdad que se constata cuando se revisa el comportamiento de algunos sectores populares beneficiados por la Gran Misión Vivienda Venezuela, una iniciativa impensable en tiempos de adecos y copeyanos.
Durante las últimas décadas de la cuarta república, los estudiantes de izquierda protestábamos regularmente en demanda de presupuesto justo para las universidades, por el fin de los allanamientos a esas casas de estudio, por la autonomía, por la muerte de estudiantes asesinados o por la libertad de presos políticos habitualmente torturados por los cuerpos represivos de los regímenes de entonces. Sin embargo, jamás empleamos guayas o alambres de púas para asesinar motorizados, ni se regaba aceite en las calles para provocar accidentes de tránsito. Artefactos como los llamados miguelitos, en versión menos elaborada, estaban confinados a su empleo sólo por delincuentes que operaban en carreteras y autopistas. Menos aún se contaba con el apoyo de paramilitares, ni con los medios complacientes que hoy convierten en héroes a vándalos fanatizados y entrenados para conformar brigadas de choque.
Las acciones actuales de la vanguardia de la derecha son criminales, no políticas. No hay otro calificativo para los guarimberos que han ocasionado 31 decesos en poco más de un mes, centenares de heridos, decenas de unidades de transporte público destrozadas en diferentes ciudades, vehículos públicos y particulares quemados, destrucción de fachadas y saqueo de bancos y dependencias gubernamentales, así como la quema de sedes ministeriales y bibliotecas universitarias, además de una especie de toque de queda en los sectores de las clases media y media-alta, cuyos vecinos parecen partícipes de un montaje sadomasoquista, que aguantan con el resignado todo sea por salir del comunismo. Las amenazas a los padres para que se abstengan de llevar a sus hijos a las escuelas se han vuelto cotidianas. Los retardos en el acceso a los sitios de trabajo ocasionados por los obstáculos colocados en las vías reducen la eficacia laboral, mientras el desempleo ha aumentado por el cierre de comercios ubicados en las zonas de conflicto Así no se construye sino que se destruye un país, a la manera irresponsable de los niños bien, a quienes todo les ha sobrado.
Pero los ejecutantes anónimos de las guarimbas aprovechan el cambio cualitativo que han experimentado los organismos de seguridad del Estado en años recientes, muy distante de la rutina represiva característica de la democracia representativa, iniciada con la tristemente célebre orden betancourista de disparen primero y averigüen después.
El futuro del proceso de cambios que comenzó y lideró con tanto acierto el Comandante Chávez, depende no sólo de que el gobierno pueda controlar a las bandas de delincuentes camuflajeados entre estudiantes, sino también de lograr que los poderes competentes hagan justicia, independientemente de la condición de los victimarios. Depende de que mediante acciones precisas, impecables y transparentes, se logren superar problemas reales como la delincuencia, el desabastecimiento, la ineficacia en el manejo de las divisas, y la lentitud en la administración de la justicia y en el combate a la corrupción. Una oposición seria podría obtener réditos políticos si ofrece sus aportes para solucionar tales problemas que son colectivos y afectan por igual a quienes militan en la izquierda o se decantan por la derecha. Pero en realidad poco podría esperarse cuando luego del llamado a la paz y al trabajo en conjunto que hizo el Presidente Maduro, una vez concluidas las elecciones municipales, fue respondido prácticamente con una declaración de guerra, por ciertos alcaldes y gobernadores que estuvieron presentes en la reunión del 8 de enero.
Como en ocasiones anteriores, la superación de la coyuntura actual nos dejará fortalecidos y con el camino más claro. Para enfocar sólo dos aspectos, uno de ellos es la urgencia de profundizar la formación política del pueblo, no solamente reforzando las vías formales ya establecidas, sino también las informales. Otra es la necesidad de incrementar la producción agrícola nacional en todos los rubros, así como su transformación industrial reduciendo al mínimo la dependencia de insumos importados, como parte esencial de una política tendente al logro de la soberanía alimentaria. No es posible que tengamos fallas en productos cuyas materias primas son nacionales. Pero en otro ámbito, el Presidente Maduro debería mejorar su lenguaje porque nadie más que él debe tener claro que la construcción del socialismo requiere la paz, y que no se puede hablar de paz mientras se insulta al contrario, por más que lo merezca.
