La oposición venezolana demuestra cada día que haber ganado una mayoría en la Asamblea Nacional, no fue gracias a su capacidad para brindar alternativas válidas al pueblo venezolano; no fue un triunfo; fue la ira de un electorado que no reconoció las causas y responsables de los problemas económicos que padece y de una dirigencia del proceso que no se percató de la gravedad del momento y estructuró una política electoral ajena a las circunstancias.
Esta misma oposición sigue perdida en sus conflictos internos, que lucen insalvables, son sobrevivientes gracias a una convivencia artificial que sus financistas exigen para que permanezcan unidos, por lo menos hasta que "caiga el gobierno", acción que se les aleja porque siguen sin brindar soluciones concretas para beneficio del mismo electorado que les llevó a sus curules, y un gobierno que rectifica los errores cometidos y reorienta sus acciones a la realidad que vivimos, estructurando un modelo no rentista y productivo con todos los factores económicos que posee el país.
Esta Asamblea Nacional, donde se atrinchera la oposición, es dirigida hasta finales de este año por Henry Ramos Allup y su disminuida AD. Él implementó una conducta destructiva para ascender en esta organización por encima de los cadáveres que él cimentó, al punto que electoralmente casi desaparece y destruye la organización, que fue por muchos años el principal partido político del país.
Esa misma conducta de arrase para ascender, y destruir lo que ya no puede utilizar, es la que aplica en la actualidad quienes dirigen la AN. Hoy se nos presentan como promotores de leyes anticonstitucionales con predeterminado y maléfico fin; su particular y grotesca intención es armar por un lado un "estado paralelo" con un menú de leyes que desvirtúan logros sociales y económicos alcanzados en revolución, y adelantando el marco de ilegalidades que este soñado gobierno instrumentaría cuando "salga de Maduro". Por otro lado Ramos Allup y su política de arrase, prevé que si sus planes inmediatos para hacerse de la presidencia de la República, dejaría inoperante y desarticulada la Asamblea Nacional para quien le sustituya; el mismo plan que implementaron cuando montaron el Paro Petrolero, que destruyeron los sistemas informáticos de PDVSA para desarticularla operativa y administrativamente, con alto costo en tiempo y recursos financieros para su reactivación.
Los poderes del estado seguirán cada uno con su función constitucional, y para ello el TSJ tiene un rol fundamental para que se respete la Carta Magna, aprobada por el pueblo como nunca antes se realizó en gobierno alguno, donde se contempla la figura del referéndum pero acatando fielmente sus normas estipuladas en ella, lo demás es chantaje de los poderes fácticos, la cúpula de la iglesia por intermedio de la Conferencia Episcopal Venezolana, que se suma a las organizaciones políticas para desestabilizar nuestro proceso en revolución.
Vana apreciación de quienes aún no internalizan el viraje que dio el país con Chávez, y que gracias a Dios hoy se aplica uno de sus sueños como es la integración cívico militar en una comunión de esfuerzos como nunca antes se dio, con su Agenda Económica para reorientar el sistema vencido; esto con el basamento de los 15 motores, con el soporte de la Gran Misión para el Abastecimiento Soberano que cuenta con siete vértices:
Proceso de producción eficiente y sostenible
MPPP agricultura y Tierras
MPP la agricultura urbana
Logística para la distribución
Nuevos procesos para la comercialización
Sistemas de costo
Sundde
Consolidación de la organización productiva
MPP Las Comunas
Seguridad y defensa integral
OLP
Investigación, desarrollo y sustitución de importaciones
Sistema Geoestadístico de Planificación
Por ello es importante dar al traste la pretendida acción golpista parlamentaria, consolidar conjuntamente el poder popular, el estado y su FANB en un plan centralizado desde el Comando Estratégico Operacional para todo lo que conlleve el Seguimiento, Control y la Verificación de las acciones que impidan el saboteo, la corrupción, la ineficacia e ineficacia para garantizar el bienestar de todos y cada uno de los venezolanos.