El 4 de abril del 2014, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López fue acusado por los delitos de "instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir". Durante la investigación se desecharon los cargos de terrorismo y homicidio; o sea, se acuso por delitos leves: "instigación pública" consiste en aupar o animar a otros a violar la Ley; "daños a la propiedad en grado de determinador" implican planear u organizar daños a la propiedad; "incendio en grado de determinador" supone organizar o planear incendios; "asociación para delinquir" equivale a reunirse con otras personas para cometer delitos.
El 12 de febrero de 2014, se contabilizaron 39 fallecidos y 608 lesionados; pero Leopoldo no tenía nada que ver, según la Fiscal. Ahora se nos abren luces sobre lo que buscaba la representante del Ministerio Publico en aquel entonces, donde presumía de objetiva, pero fue dejando cabos sueltos para que en poco tiempo pudiese ser liberado López.
Esta situación fue el escenario perfecto para su liberación antes del tiempo fijado; pero el Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia y apegado a la normativa sobre Derechos Humanos, concedió una medida humanitaria a López, otorgándole casa por cárcel por manifiestos problemas de salud.
El TSJ se avocó de oficio a la causa, en virtud de que existían serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución; lo que nos arroja otras evidencias de la manipulación efectuada durante el proceso de enjuiciamiento para favorecer al líder de Voluntad Popular; algo parecido a lo que hacen los Fiscales cuando mandan a liberar un delincuente encontrado infraganti cometiendo un delito, alegando que "al acta policial le faltaba una coma" o "tenía un signo de puntuación que no debía ir allí"; barbaridades que ahora quedan al descubierto, porque se cometen hechos de corrupción para acordar la liberación de los acusados.
Como candidato a la Constituyente Territorial, por el Municipio Arismendi de Nueva Esparta, realizaré mis mayores esfuerzos para que sean castigados con penas severas quienes manipulen la justicia desde cualquier punto de vista o instancia con el fin de beneficiar a quienes hayan cometido hechos delictivos. De esta forma pasan de una veintena mis propuestas a la Constituyente, todo ello en busca de una solución para los problemas económicos y de seguridad que atraviesa nuestra nación, además de constitucionalizar los logros alcanzados en revolución y fortalecer la seguridad social de los venezolanos.
