El pronunciamiento de la cúpula de la MUD que siguió al plebiscito del 16J denominado “compromiso político para la gobernabilidad”, muestra que el verdadero propósito de esa manifestación política era “legitimar” la formación de un estado y un gobierno de “transición” paralelo bajo su dirección, al margen de la Constitución, encabezado por un presidente designado en elecciones primarias de esa agrupación política. Con ello, le están dando impulso a una fragmentación político-institucional del estado que podría dar lugar a una segmentación territorial del país, dando un paso decisivo hacia una guerra civil, en la que las víctimas serán el pueblo llano que pondrá los muertos y la República que podría perder su integridad territorial. El alineamiento de EEUU y UE con la MUD explicitada en la amenaza de Trump de aplicar sanciones económicas a Venezuela y el respaldo que le viene dando Rusia al Gobierno-PSUV, son señales que apuntan hacia la internacionalización del conflicto interno.
El gobierno-PSUV respondió con un simulacro electoral en el cual se hizo más ostensible y repugnante la coerción sobre los trabajadores que dependen del Estado y los beneficiarios de las misiones, para que sigan sus directrices o de lo contrario podrían perder el empleo o el disfrute de sus beneficios. Avanzan con su “constituyente” monopartidista con el propósito de darle “legitimidad” a un gobierno autoritario con poderes supraconstitucionales, en contra de la mayoría. Buscan librarse de las ataduras constitucionales que limitan la política de apertura petrolera y minera al gran capital, a través de las “zonas estratégicas de desarrollo nacional” siguiendo el patrón del Arco Minero del Orinoco,
Ambos polos nos están arrastrando hacia una guerra fratricida que profundizará la crisis y penurias que sufrimos los venezolanos y dejará la Patria hecha jirones. De ahí la responsabilidad histórica que en esta hora aciaga tienen los miembros del CNE, para evitar que Venezuela ruede cuesta abajo hacia su destrucción. El CNE tiene la facultad para incorporar en la elección del 30J, una pregunta que le permita al pueblo decidir si quiere o no convocar la constituyente. Esa consulta le daría legitimidad a esa iniciativa del Presidente Maduro. No es exagerado afirmar que en sus manos está la posibilidad de evitar un baño de sangre.
