Luego de la defenestración de la inefable Luisa Ortega Díaz, han caído algunos Fiscales Nacionales, pero el camino es largo y pedregoso; hay que revisar minuciosamente la actuación y nivel de vida de los Fiscales regionales, quienes andan en busca de padrinos para evitar correr con la suerte de su jefa nacional y atornillarse en los cargos; situación que esperamos no ocurra porque en las regiones todo el mundo se conoce y saben quiénes se aprovechan de la buena voluntad de algunos ciudadanos o de los delitos de delincuentes inescrupulosos que no purgan ninguna pena por los manejos que se realizan en instancias Fiscales o Judiciales; esperamos que Tareck continúe con su limpieza.
Por otro lado, vemos que desde la designación de Maikel Moreno como Presidente del TSJ, de manera muy sigilosa, se han venido dando algunos cambios, donde observamos de forma placentera como el Tribunal Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas "privó de libertad al juez laboral Glenn David Morales Rivera, así como a los ciudadanos: David Norberto Villamizar y Nergan Antonio Pérez Borjas, por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, suposición de valimiento y asociación para delinquir, por hallarse incursos en red de extorsión judicial que solicitaba dinero a cambio de beneficios procesales a instancias jurisdiccionales".
Para solucionar este solo caso y no apresar a un ciudadano, presuntamente solicitado por Interpol, le solicitaron cuatro millones de dólares (se dice fácil pero uno se pierde entre tantos ceros, si se lleva al cambio en bolívares), pero al no contar la víctima con el dinero solicitado, "el Juez le presentó otra opción que implicaba la participación de otro grupo de personas que fungirían como prestamistas a cambio de que la víctima pusiera los bienes a sus nombres, bajo la amenaza de encarcelarlo, así como la inclusión de toda familia en alerta roja internacional por parte de la Interpol".
En este caso también estaría involucrado "el abogado de la víctima, debido a que bajo coacción y amenazas, le impuso al padre de la víctima firmar el pago de honorarios profesionales, ocasionando así que más de cinco personas adscritas a diversos organismos del Estado (Tribunales, Defensa Pública, Ministerio Público, y otros), así como personas externas se hayan implicado en el caso".
Se conoció también que tras de ellos opera toda una red de extorsión, donde de manera reiterada habrían sometido a las víctimas a la entrega de varias sumas de dinero, utilizando los nombres de Magistrados para ejecutar la acción y prometer una ayuda en la causa penal, por lo que se ordenó, en este caso, un procedimiento de autorización de entrega controlada, resultando detenidos los ciudadanos antes señalados. ¡Mano dura Maikel!, hay que sanear todas nuestras instituciones.
