La pandemia por la COVID-19 ha ocasionado lamentables consecuencias para la humanidad, derivadas fundamentalmente de la cuarentena o aislamiento social obligatorio y la paralización o semiparalización de actividades en diversos ámbitos. De particular gravedad resulta, en el caso de América Latina, el hecho de que instituciones importantes para la defensa de los ciudadanos (al menos en teoría), como la Defensoría del Pueblo y aquellas encargadas de proteger al consumidor respecto a los abusos de los comerciantes, prácticamente están fuera de funcionamiento justo en tiempos de brutal represión policial-militar, aumento de la delincuencia común y organizada, violaciones continuas de derechos humanos, auge de los delitos económicos por parte de los capitalistas y suspensión injustificada de garantías constitucionales. En fin nos encontramos en un claro estado de indefensión, nefasto para el ciudadano común, pero ideal para el orden capitalista-delincuencial, con fachada democrática y totalitario de facto. Y es conveniente estar atentos, pues la situación será cada vez peor, y posiblemente irá siendo eliminado el aparato estatal que ha estado al servicio del pueblo en general, al menos en su concepción.
Respecto a Venezuela, donde la crisis socioeconómica reviste una gravedad inusitada, debido en buena parte a las sanciones y bloqueos internacionales y a la megadependencia, la paralización de instituciones claves para la defensa de los intereses populares en materia jurídica y económica, ha generado un mayor desasosiego en gran parte de la población, que se siente totalmente indefensa a la hora de denunciar, por ejemplo, los abusos de numerosas empresas en cuanto a los precios de diversos rubros y servicios ofrecidos. En este sentido no puede haber sino frustración en los venezolanos de a pie que día tras día sufren por la violación descarada de sus derechos económicos básicos, y que sienten como el Gobierno nacional y la institucionalidad estatal hacen absolutamente nada por protegerlos.
Tristemente en plena pandemia por el coronavirus millones de ciudadanos en Venezuela han sido desatendidos por completo, quedando a merced de diversos grupos de delincuentes, muchos con la fachada de comerciantes, tal como en el caso de ciertos empresarios dedicados a la venta de gas doméstico sacando provecho del no funcionamiento de las instituciones responsables de la fiscalización y de la Justicia; estos individuos, ladrones descarados, se han dedicado de forma absurda e irracional a aumentar significativamente los costos en periodos breves, a pesar de que la producción y distribución de este combustible es subsidiada parcialmente por el Estado (por ser un recurso básico esencial-estratégico). Por el llenado de las bombonas que surten a los edificios, por ejemplo, han llegado al extremo las escorias (perdón, los empresarios) del gas doméstico de cobrar decenas de millones de bolívares (de 130 dólares en adelante). De manera que por apartamento el pago más bajo difícilmente es inferior a ¡2 salarios mínimos mensuales¡, obviamente inalcanzable para numerosas familias, o en el "mejor" de los casos accesible con un enorme sacrificio, gracias al aporte de varios miembros, que por cierto llegan a privarse de una alimentación medianamente buena por cancelar el combustible. Ciertamente el sueldo mínimo en Venezuela no es gran cosa (debería ser más o menos equivalente al costo de la canasta básica), pero de igual manera son especulativos los precios de distintos rubros y servicios, y los venezolanos de a pie no tenemos ninguna protección al respecto, situación que seguramente será peor de no haber una importante reacción masiva. Sólo el pueblo común se salva así mismo en medio de un estado de indefensión total.
