En estos días de pandemia, de cuarentena, de medidas y restricciones, de quedarnos en casa y lavarnos las manos, usar tapabocas y oír pacientemente las cifras difundidas en cadena nacional, se hace oportuna la posibilidad de entender y razonar sobre algunos asuntos, que también son importantes; pero que la estrategia mediática intenta obviar, por encima del proceso en Cabo Verde y los vínculos que anuncia la prensa, se encuentra el análisis de la realidad alimentaria del país, mas allá de las curvas que dejaron de aplanarse y ahora se inflan, la población debe manejar los aspectos humanos, logísticos, técnicos y científicos de nuestro sistema de salud, para manejar la crisis que de seguro generara la pandemia y enfrentar sus consecuencias con la mejor de las perspectivas.
Según reseña de prensa del 23 de marzo de 2020, el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez anunciaba al país lo siguiente: "El sistema de salud de Venezuela cuenta con más de 23 mil camas para atender la emergencia sanitaria asociada a la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2. En declaraciones a los medios desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo), el titular detalló que la red asistencial dispone de 11 mil camas en el sector público, cuatro mil 700 en los enclaves privados, más de cuatro mil en los Centros de Diagnóstico Integral y otras tantas en centros hoteleros habilitados para tales efectos. Asimismo, para la atención de personas en el área de cuidados intensivos existen mil 213 plazas habilitadas con sus dispositivos de respiración artificial (respiradores), puntualizó el funcionario. Agregó, además, que el país dispone del arsenal terapéutico para atender hasta 135 mil pacientes afectados, en el hipotético escenario de reportarse esa cantidad de contagios"
Como producto de esa y otras declaraciones, pudo haberse generado los efectos de confianza que hoy determina la conducta de muchos venezolanos frente al virus, el relajamiento de las medidas y por supuesto, el avance de planes políticos que van de la mano con la utilización de la emergencia para justificar jugadas que en tiempos normales representaban un alto costo político, que pocos están dispuestos a asumir, el desalojo de las residencias estudiantiles Livia Gouverneur en Plaza Venezuela, contradice las declaraciones dadas por el ministro en marzo, suponemos que al hablar en términos hipotéticos, las camas y el "arsenal terapéutico" también están en esa dimensión, si comparamos las cifras actuales de contagio y restamos los recuperados, con toda seguridad tendríamos todavía una alta disposición de esas "23 mil camas dispuestas para atender la emergencia"
Además, durante el desalojo, queda claro que el uso de la fuerza para resolver asuntos políticos se hace cotidiano, organizaciones que dicen representar a estudiantes y jóvenes tales como: Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, FVEU y JPSUV, se encargan de validar medidas que atentan contra los procesos de organización y lucha de estudiantes y jóvenes, desconociendo reivindicaciones alcanzadas, y por supuesto los sacrificios que han costado. Las FAES funciona como el brazo ejecutor de decisiones que, en su trasfondo esconden los planes políticos, y con una gran dosis de miedo, infundido por sujetos fuertemente armados, con el rostro cubierto y en disposición de desconocer el estado de derecho, amenazan, atropellan, someten con total impunidad, esas mismas instancias oficializadas, al parecer conocen muy poco la historia de la lucha por el pasaje estudiantil, las residencias, los comedores, y otros beneficios que tal vez ellos mismos disfrutan.
Lo cierto de todo este panorama político, es que podemos identificar grandes desviaciones de un proyecto que tiene en su génesis la garantía de los derechos y la obligación de defenderlos de manera organizada, con un sujeto consciente de su rol histórico y un gobierno dispuesto para construir relaciones de reciprocidad y corresponsabilidad, nuestra constitución así lo expresa, la actuación impune de los cuerpos de seguridad del Estado, rompe toda posibilidad de ejercer principios de la democracia directa o revolucionaria, discursos van discursos vienen, y poco a poco se va desplazando la carga política ideológica de transformar, y se reemplaza con desfachatez por acuerdos con sectores contrarios hasta hace breve tiempo.
Las riquezas del país, son manejadas de manera discreta por quienes hoy ostentan poder, la rendición de cuentas como principio dejo de ser en el mismo momento que la estructura del estado ha sido permeada por la lógica de la ganancia, CITGO, PDVSA, EMPRESAS BASICAS, CANTV, METRO, FERROCARRIL, CORPOELEC, por nombrar algunas, son empresas fantasmas que no pueden cumplir su papel, por sus cuentas en rojo (sin alusiones simbólicas), el arco minero, la concesión a empresas extranjeras, sin el debido conocimiento público de lo que allí está en juego, el oro se cambia por alimentos de mala calidad, para sostener los negocios lucrativos que significan las importaciones, y eso no es de ahora, desde hace mucho hemos oído hablar de la "economía de puertos", a eso se refieren los grandes negocios, que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela
La persecución de la organización obrera, un decreto (2792), deja sin efecto las contrataciones colectivas, criminaliza la protesta y limita la exigencia de mejores condiciones laborales y económicas, es decir; el decreto autoriza a empresas y empleadores en general a no cumplir beneficios laborales, dejando los derechos colectivos de los trabajadores en manos de una comisión de funcionarios del Ministerio del Trabajo, se atribuye el estado como empleador, la potestad de decidir cuándo como y donde habrá organización obrera, solo tiene que cumplir con los requisitos que imponen las razones políticas,
En estas condiciones, la participación protagónica como esencia de la democracia revolucionaria, la construcción de un tejido social garante de las transformaciones necesarias, encontró de frente la muralla burocrática y corrupta del Estado burgués, remozado con algunas políticas públicas asistenciales, y revitalizado con el reparto de la renta petrolera, convertida en ofertas electorales, cargos, instituciones que no sirvieron para nada y planes que se convirtieron en desaguadero de los recursos de todos los venezolanos.
