Acaba de finalizar un evento en el Teatro Baralt de Maracaibo en el Zulia, referido a la idea de instalar de nuevo en Venezuela un proceso Constituyente. Será o no pertinente una Asamblea Nacional Constituyente. Esa respuesta quizás quede para el mismo debate sobre cuál y cómo debe ser la salida del régimen que se sostiene violando de forma permanente la Constitución.

Los efectos de la misma crisis política han provocado que la mayoría de los venezolanos se haya alejado del activismo partidista y entrado en una etapa de inmovilismo social. Es urgente promover iniciativas que hagan posible levantarle de nuevo al ciudadano, el interés por asumir el protagonismo en las futuras luchas sociales y políticas como única alternativa de cambio.

Aquí en Venezuela las experiencias participativas tienen significativa relevancia a partir del inicio de la instauración del régimen de democracia representativa, que conocerán los venezolanos después de 1958 y de forma muy particular, con la promulgación de la Constitución de 1961.

Con el desarrollo de aquella constitución y las iniciativas impulsadas por los partidos políticos promotores del proceso de cambio democrático, los ciudadanos incorporaron exitosas experiencias de participación, pero pagando el precio de un amplio clientelismo político, que a partir de la década de los años 80 del siglo XX hizo crisis en el sistema político y social.

Esta acción participativa pudo sostenerse en parte gracias a la renta petrolera, pero al no vincular los distintos procesos económicos productivos al hecho social, hizo incrementar los niveles de pobreza, hasta el punto de hacer inviable el mismo sistema político, que había abierto los primeros espacios de participación en la era democrática.

Durante este periodo histórico los actores políticos promotores del cambio se anotaron algunas victorias, y a partir del 1989 entró en vigencia la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público.

La Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), se inscribieron entre los esfuerzos normativos que son buscaban dar respuesta al reclamo democrático de los ciudadanos, quienes, a pesar de los avances, seguían excluidos de la toma de decisiones en el marco de la planificación y la administración pública.

La vigente Constitución establece entre sus principios: "El Estado venezolano será Federal, Descentralizado, y con un Sistema Político Democrático y Participativo". Al menos teóricamente este precepto constitucional, nos orienta hacia el desarrollo de una sociedad verdaderamente democrática, participativa, protagónica y pluralista.

La participación ciudadana en el accionar político y social no se decreta desde arriba, ella implica un largo proceso de aprendizaje, y se transforma en un hecho cultural. Sus frutos no se obtienen de inmediato, y como proceso implica una cotidianidad permanente para hacer más eficiente la gestión del Estado.

De allí que lo más identificado con una política de cambio social, dentro y fuera de las organizaciones partidistas, en las instituciones del Estados y al margen de ellas, sea el hecho protagónico y participativo del ciudadano. Quienes soterradamente se oponen a la participación se convierten en un obstáculo para el desarrollo de la sociedad y la misma democracia que dicen defender.

Debemos recordar que el preámbulo de nuestra vigente constitución nos habla de un régimen democrático, participativo y protagónico, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones

El gran reto para el 2024 es incentivar la participación ciudadana en las grandes luchas políticas y sociales, para así revisarlo todo, incluso, las reformas puntuales a la vigente constitución, hoy violentada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Será pertinente dedicarle esfuerzos a un proceso constituyente por encima de la urgente necesidad de devolverle el protagonismo al ciudadano. Ya veremos.