Fueron apenas 28 horas las que le costó al país haber entrado en barrena hacia la inútil confrontación política, que al día de hoy pareciera no tener fin. Hubo salto y asalto del orden constitucional ese día 11 de abril del 2002.
La mayoría del país no salía del asombro de ver como el presidente de Fedecámaras apunta de su decreto y encaramado en las puntas de algunas bayonetas empuñada por parte del generalato castrense, le anunciaba a los venezolanos, que sin un voto encima ejercería la primera Magistratura de la república.
Al tomar el poder Pedro Carmona Estanga aseguró haber recibido "un amplio mandato de manos del pueblo venezolano" y elogió un "proceso de profundas raíces democráticas". Acto seguido anunció sus medidas "renovadoras y constitucionales".
Le cambia el nombre del país a República de Venezuela eliminando la denominación "Bolivariana". Disuelve el Poder Legislativo y destituye a todos los diputados de la Asamblea Nacional. Crea un Consejo Consultivo del presidente de 35 miembros con poderes extraordinarios hasta niveles municipales.
Carmona se otorga todas las facultades para remover y nombrar a los miembros de todos los poderes públicos, Legislativo, Judicial, Electoral, Fiscalía, Defensoría y Contraloría a nivel nacional, estadal y municipal. Además, se dio el derecho de nombrar a los diputados del país en los parlamentos andinos y latinoamericano.
El autócrata Carmona en su mismo decreto ordenó derogar los 48 decretos-Leyes hechos sobre la base de la Ley Habilitante que aprobó la Asamblea Nacional en 2000, y con la mayoría de su único voto aprobó una comisión para que su gobierno revisara las nuevas leyes.
De este tenor fueron las perlas "democráticas" contenidas en lo que se recordará como el Decreto Carmona en esas horas infausta de la República.
Tan solo fueron 28 horas las que duró la aventura palaciega de Carmona y de quienes se metieron en ese laberinto violatorio de la cohabitación y coexistencia pacífica que los venezolanos nos habíamos impuesto desde la Constitución de 1961 y refrendada en el texto constitucional de 1999.
